Avanza la privatización de la empresa que controla las centrales nucleares

El Ministerio de Economía puso en marcha la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que administra las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse.

La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, establece que el Estado mantendrá el 51% del capital accionario, mientras que se venderá un 44% mediante una licitación pública nacional e internacional. Además, un 5% se destinará a un Programa de Propiedad Participada para los trabajadores.

Según la resolución, el objetivo de esta reestructuración es “aumentar la eficiencia, atraer inversiones y reducir el déficit fiscal”, en línea con la política de privatizaciones parciales que el Gobierno impulsa a partir de la Ley de Bases.

Nucleoeléctrica Argentina es la responsable de operar y mantener las tres centrales que generan energía nuclear en el país, que en conjunto aportan cerca del 7% de la electricidad al sistema nacional.

La decisión de abrir su capital busca incorporar inversión privada para financiar obras clave, como la extensión de la vida útil de las plantas existentes y proyectos de modernización tecnológica. Con este esquema, el Estado retiene el control estratégico, pero habilita la participación de capitales privados en la gestión operativa y en futuras ampliaciones.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que el proceso “no implica una pérdida de soberanía”, ya que el Estado seguirá controlando las decisiones vinculadas a la seguridad nuclear y a la operación de las centrales.

“El objetivo es que el sector privado aporte eficiencia, innovación y capacidad de inversión, sin comprometer el control estatal de un área estratégica”, indicaron fuentes oficiales.

La medida se enmarca en un plan más amplio de transformación de empresas públicas, que también contempla la evaluación de privatizaciones parciales o concesiones en otros sectores energéticos.

La Secretaría de Energía y la Unidad de Transformación de Empresas del Estado (UTEE) serán las encargadas de elaborar los pliegos de licitación, definir la valuación de las acciones y garantizar la transparencia del proceso.

El cronograma prevé que la operación se concrete durante el primer semestre de 2026, tras la aprobación de los organismos regulatorios correspondientes y la conformación del programa de participación de los empleados.