El Gobierno puso en marcha la venta parcial de Nucleoeléctrica

El presidente Javier Milei firmó el decreto 695/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, que autoriza el procedimiento para la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (Nasa), la empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.

La medida establece la venta del 44% de las acciones a través de licitación pública nacional e internacional y un programa de propiedad participada del 5%, mientras que el Estado conservará el 51% del capital accionario.

Cómo será la privatización de Nucleoeléctrica

Según el decreto que autoriza la privatización de la empresa que opera las centrales nucleares, la operación se implementará en dos pasos:

La venta del 44% del paquete accionario mediante un proceso de licitación pública nacional e internacional.

La creación de un Programa de Propiedad Participada para empleados, que comprenderá el 5% de las acciones.

De esta manera, el Estado nacional, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica, mantendrá el control con el 51% del capital social.

Además, el Gobierno dispuso que Nucleoeléctrica transfiera el 0,01% de las acciones de Energía Argentina S.A. (Enarsa) y que esta última traspase el 1% de NASA al Estado, como paso previo al proceso de privatización.

En los considerandos del decreto que autoriza la privatización de Nucleoeléctrica, el Ejecutivo sostuvo que la intervención estatal en actividades que puede realizar el sector privado “no ha dado los resultados esperados” y que la medida busca reducir el déficit fiscal y garantizar la eficiencia en la gestión.

El texto destacó que Nucleoeléctrica alcanzó en 2024 un récord de generación con más de 10,4 millones de MWh netos y un factor de carga del 73,3%, pero subraya la necesidad de financiamiento privado para proyectos estratégicos como la Extensión de Vida de Atucha I y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II.

La iniciativa se enmarca en la Ley de Bases, que habilitó la privatización de ocho empresas públicas, entre ellas la que opera las centrales nucleares.