Qué cambia con el fin de las Djai

El Gobierno anunció que acatará una resolución de la Organización Mundial del Comercio ​(OMC) que lo obliga a realizar cambios en su política de barreras arancelarias que desde hace algunos años funciona a través de las Djai. Despachantes de aduanas y especialistas en comercio exterior dejaron en claro que esto no implica que a partir de 2016 se avecine una avalancha de importaciones, ya que de continuar el actual ciclo político posiblemente cambien las herramientas, pero no la finalidad. “A lo sumo habrá una sofisticación de los instrumentos”, indicaron.

“El problema de las Djai es que se detiene el trámite sin dar ninguna explicación al solicitante de productos importados, ni tampoco deja vías a las que recurrir que no sean la judicial”, manifestó Marcelo Abaca a punto biz. “La interpretación que hago del anuncio del secretario de Comercio (Augusto Costa) es que habrá un cambio en ese sentido, se empezará a informar más fehacientemente qué es lo que pasa, habrá mayor publicidad de las observaciones que se hacen al pedido, pero esto no quiere decir que vayan a desaparecer”, agregó.

Para el especialista jurídico en comercio exterior la decisión política se seguirá imponiendo más allá de esta resolución (que recomienda, no obliga), sea con Djai o con otros instrumentos. Lo que sí consideró posible es que se emprolije la situación, ya que por los problemas que presentaba este mecanismo “se multiplicaban por tres las solicitudes, se creaba una demanda totalmente inflada”, lo que demoraba aún más todo.

Uno de los elementos que podrían revivir si finalmente mueren las Djai son las Licencias No Automáticas (LNA). Claudia Barone, despachante de aduana, remarcó que la mayor diferencia entre ambas consistía en los tiempos de ejecución. “Personalmente cuando tramitábamos las LNA salían a los pocos días, pero las Djai cada vez era más difícil obtenerlas”, explicó.

También se mencionó la posibilidad de armar una batería de medidas paraarancelarias por las cuales se obligaría a importaciones a obtener un certificado de calidad emitido por un organismo público. “Significaría un salto importante, beneficioso para el consumidor, pero que también se le debería exigir a la industria nacional, a la que le quitarían una competencia desleal”, analizó Mario Marcucci Guma.