El conflicto se arregló pero los trabajadores siguen sin poder entrar al Puerto

El conflicto que se desató hace más de un mes entre el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) y Terminal Puerto Rosario (TPR) llegó a su fin días atrás, luego de que el concesionario de la terminal reincorporara a veinte trabajadores despedidos. Sin embargo, cinco quedaron afuera, desvinculados -según la empresa- con justificación por casos de violencia. Hasta el miércoles continuaban con la quema de cubiertas e impidiendo que los empleados ingresaran a la terminal para cumplir con sus funciones.

La situación disparó la reacción de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), que a través de un comunicado le pidió al gobernador Omar Perotti que intervenga y permita la normal operatividad del puerto. “Solicitamos su intervención urgente, para que, a partir de la aplicación efectiva de las herramientas que el Estado Provincial cuenta, se ordene el libre ingreso/egreso de bienes y personas, lo que está afectando derechos constitucionales y trae como consecuencias pérdidas económicas irreparables para la Provincia y la Nación”, indicaron. 

"En representación de los industriales santafesinos, como asimismo de otras jurisdicciones, y que oportunamente eligieron mover sus cargas por el Puerto Rosario, y ante los hechos de dominio público, y que vienen afectando la normalidad operativa del mismo; hecho que persiste luego del acuerdo celebrado el día lunes próximo pasado por ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación”, expresa la misiva que lleva las firmas del presidente de Fisfe Víctor Sarmiento y el secretario Walter Andreozzi. 

Consultado por Punto biz, Andreozzi confirmó que a media tarde de este miércoles el Puerto de Rosario continuaba fuera de operaciones. "Recibí información de un busque Argentina C que desde el lunes estaba esperando en el puerto y que si no se solucionaba el tema se iba para Zárate", graficó sobre la situación. A su vez, comentó que se comunicó con Juan Manuel Pusineri, el ministro de Trabajo, por el asunto y que éste se comprometió a agilizar la denuncia para oportunamente habilitar la intervención de un fiscal o bien el accionar policial para asegurar el normal funcionamiento. 

"Ya el problema no son las cinco personas despedidas con causa, sino que armaron enseguida toda una acción política. Lo que pedimos es la intervención inmediata de las autoridades, porque si esto no se frena, lo que hoy es generado por un grupo reducido puede agravarse más en las próximas horas”, manifestó de manera contundente.

La paralización de TPR afecta a toda la cadena productiva, incluso a importantes empresas de la región como General Motors, que retoma su operatividad plena el próximo 16 de enero y sigue muy de cerca el tema. Sin contar la preocupación de los despachantes de aduana que quedan fuera de juego al no poder realizar su trabajo. Asimismo, un gran número de empresas de la región que tienen contenedores en depósito listos para despachar, no pueden hacerlo. "Lo que más lamentamos es que con lo que costó en su momento volver a recuperar el Puerto Rosario con cargas y movimiento de containers, si no se soluciona este problema, se retirará toda la operación a Zárate y peor aún, las empresa asumirán un mayor costo por vía terrestre”, apuntó Andreozzi. 

Por su parte, César Aybar, titular del Supa, ratificó a este medio que el gremio que dirige ya solucionó el reclamo laboral con la empresa concesionaria de la terminal y calificó al grupo que sigue en pie entorpeciendo la normal operatividad como violentos. “Los cinco que quedaron afuera fueron despedidos con justa causa y no tienen posibilidades de retornar a la empresa por motivos claros y son los que están bloqueando el acceso. Hasta el propio Ministerio de Trabajo se los dejó en claro", explicó. Aybar indicó que se llegó a un acuerdo económico similar a una indemnización por despido sin causa para esas cinco personas.