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Política

Última sesión del año

El Senado santafesino aprobó la ley Tributaria pero no el Presupuesto 2022

Por Redacción

La Cámara Alta además dispuso la Emergencia en la Seguridad Pública y el Servicio Penitenciario.

Por falta de acuerdo político la Legislatura difirió para febrero el tratamiento de la futura ley de Presupuesto y la validación al Consenso Fiscal firmado el lunes por Omar Perotti y demás gobernadores con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Para registrar un antecedente similar hay que remitirse al ejercicio 2009 para buscar la anterior ocasión en que la Legislatura no sancionó la ley de Presupuesto en tiempo y forma. 

En cambio, sí se aprobó la ley Tributaria para el ejercicio 2022 y se dispuso la Emergencia en la Seguridad Pública y el Servicio Penitenciario.

Los cuatro temas acapararon la tensión de una larga jornada legislativa que empezó a primera hora de la mañana y se prolongó hasta última hora de la tarde. Hubo negociaciones del Poder Ejecutivo con las cámaras buscando los consensos que permitan la sanción de las cuatro normas, especialmente el Presupuesto. 

Sin embargo, exigencias que pretendía incluir el Frente Progresista de recursos para Rosario y Santa Fe, así como deudas no giradas por el gobierno provincial a administraciones municipales y comunales radicales y socialistas terminaron por dinamitar la posibilidad de tener la ley de Presupuesto antes del inicio del ejercicio fiscal. "En los hechos estamos igual que en la Nación, sin presupuesto" reprochó el justicialista Ricardo Olivera casi en soledad ante el resto de la Cámara.

 "El presupuesto no fue rechazado, queremos diálogo y acuerdos" coincidieron en expresar el socialista Joaquín Blanco y el radical Maximiliano Pullaro. Antes, el incansable secretario de Gobierno, Oscar Urruty, y la secretaria de Asuntos Legislativos, Marcela Aeberhard, habían protagonizado la última reunión del día con legisladores frentistas en la sede del bloque socialista. La intransigencia de las partes derivó en el fracaso. Después en el recinto, cada uno dijo lo suyo.

En cuanto a la ley tributaria, fue votada ayer cuatro veces -dos por cada cámara- y finalmente se impuso el criterio de la Cámara de Diputados de incluir un artículo, el 55, disponiendo por única vez que lo recaudado por Impuesto Inmobiliario -tanto Urbano como Rural- sea un 60% para el municipio o comuna donde está asentado el inmueble, y el 40% restante para la provincia. Hoy, la coparticipación es por partes iguales. Fue la socialista Clara García quien explicó en el recinto de Diputados el cambio motivado en que los municipios perderán recursos debido a que la tributaria establece un tope del 30% en el impuesto a la Patente, tributo donde el 90% de los recursos quedan en manos del gobierno local donde está radicado el vehículo. En Diputados no prosperaron los intentos de Oscar Martínez (100% Santafesino), de Rubén Giustiniani (Igualdad) y de Nicolás Mayoraz (Vida y Familia) de introducir otros temas en la Tributaria. "No podemos conocer el impacto que tendrá en la recaudación" justificó Blanco el rechazo a esos cambios.

 

El mensaje de Tributaria que había sido aprobado por unanimidad el 15 de diciembre por el Senado volvió a esa cámara y la reforma de Diputados fue rechazada por la mayoría justicialista; volvió a la Cámara Baja que insistió con los dos tercios de los votos con su texto original y finalmente en Senado no tuvo los dos tercios necesarios para insistir. El bloque radical acompañó la votación de Diputados con el mismo argumento de resarcir a los gobiernos locales de algunos recortes previstos por la misma norma tributaria. En los hechos, la norma establece aumentos por debajo de la inflación a los impuestos de emisión (Inmobiliario y Patente), mantiene la estabilidad fiscal para pymes, no introduce cambios en Ingresos Brutos ni en Sellos y dispone una nueva moratoria para atender a los sectores más afectados por la pandemia.

En cuanto a la Emergencia en Seguridad votada el martes -casi por unanimidad- en la Cámara de Diputados, el Senado la sancionó con el voto de todos los presentes. Sobre el mediodía, el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, fue a la Cámara Alta y se reunió con todos los bloques para disipar dudas y avalar el texto surgido en la Cámara Baja. Fue el radical Felipe Michlig el que hizo votos para que la construcción de la norma sea el primer paso en la renovación del diálogo institucional que tuvo en los últimos años la provincia.

La Ley de Emergencia en Seguridad Pública y el Servicio Penitenciario tiene alcance hasta el 31 de diciembre de 2022. "El estado de Emergencia que por la presente ley se declara, tiene por objeto atender la crisis en seguridad pública y las deficiencias del servicio penitenciario provincial a los fines de brindar una mejor seguridad a la población, resguardar los bienes públicos y privados, conjurar las acciones violentas y las problemáticas criminales así como robustecer la custodia y guarda de quienes se encuentren cumpliendo medidas cautelares o sanciones privativas de la libertad en el marco de los paradigmas de la seguridad democrática", reza el artículo inicial. La ejecución estará en manos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio Público de la Acusación.

El artículo 4 le da una serie de facultades para la autoridad de aplicación y por el quinto se ratifica un decreto del año 2015 creando la Junta Provincial de Seguridad. Otro capítulo está dedicado al personal policial donde se habilita a la convocatoria a retirados y se faculta a disponer de suplementos por afectaciones especiales.

La base del programa que ejecutará Seguridad son 3 mil millones de pesos que aportará el Poder Ejecutivo más otros recursos como el producido por multas de la Agencia de Seguridad Vial. Crea además el 'Programa para el Fortalecimiento de áreas investigativas', destinado a la provisión de equipamiento y tecnologías para el fortalecimiento de las áreas periciales e investigativas dependientes del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación.

Finalmente la Legislatura tendrá una comisión de seguimiento para el control de la ejecución de los recursos otorgados por la norma.

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