Confirmaron procesamiento de Herme Juárez por lavado de activos

La Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento de Herme Juárez, el histórico dirigente sindical y empresario portuario del cordón industrial que fue detenido el año pasado en San Lorenzo, tras un megaoperativo realizado por fuerzas federales. Los camaristas Alberto Lugones, Marcos Morán y Juan Pablo Salas confirmaron el procesamiento de Juárez en orden al delito de administración fraudulenta y lavado de activos en perjuicio de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín. Ratificaron procesamientos de las hijas del líder portuario, Paola y Mariana, su hijo Oscar y del ex gerente, Daniel Gustavo Badía, por el delito de lavado de activos de origen ilegal.

Los acusados habrían utilizado empresas de transporte, seguridad privada y comida para abultar gastos que suponen un retorno de dinero al seno del entorno familiar referido por sus opositores como “El clan de los Juárez”. También menciona la compra de automóviles de alta gama y campos a nombre de la cooperativa usufructuados por la familia Juárez.

En la resolución se detallan los métodos que habrían utilizado para cometer los ilícitos y se menciona que “merced a las diligencias de investigación realizadas y las constancias colectadas hasta el momento, se habría detectado una serie de maniobras en la administración de la cooperativa, destinadas a obtener ilícitos ingresos personales, en perjuicio del ente y sus socios.

“Se hizo constar que registra un alto nivel de superávit, lo cual resulta extralimitado considerando el carácter de la figura cooperativista, que por su naturaleza organizacional y jurídica no debería perseguir fines de lucro. Para ilustrar esto, basta con hacer referencia al balance presentado en 2016 en el cual se declara la obtención de ingresos por 1.343 millones de pesos con un resultado excedente de 672 millones. De ese excedente, 444 millones corresponden a prestación de servicios a no asociados y, según la ley de cooperativas, al no ser distribuidos entre los cooperativistas se deben destinar a una reserva especial. Por lo tanto, es ajustado concluir que la gran mayoría de la actividad y resultados excedentes de la Cooperativa no retornaría en beneficio de los asociados, hecho que no se condice con el espíritu del tipo de organización en estudio”.

Al momento de la inspección, “la entidad poseía un total de 98 asociados, según lo informado en acta de fiscalización, los que se encuentran bajo relación de dependencia al igual que los 667 no asociados, arrojando un total de 765 empleados cuyas remuneraciones abonadas alcanzarían los 45.251.747 de pesos”. Esto pone en evidencia la desproporción de empleados socios y no socios.

En el expediente se destaca el aporte de pruebas de valor para la causa como las escuchas telefónicas en las que se expone cómo el tesorero de la cooperativa inventaba servicios con proveedores. Los camaristas consideraron además que era habitual fraguar gastos con operaciones comerciales.

La actividad que motivó la erogación para la que se falsificó la factura, está expresamente prohibida a las cooperativas por ley, dado que “no tienen como fin principal ni accesorio la propaganda de ideas políticas”. Según publica el portal SL24, hay sobradas pruebas que indican que “Juárez se comunicaba con las personas de confianza para dar órdenes sobre el movimiento de los fondos”.