Se triplicó el número de trabajadores y jubilados que pagan Ganancias

El número de contribuyentes alcanzados por el impuesto a las Ganancias se triplicó en el último año, tras la reforma aprobada en el Congreso que reincorporó a un amplio sector de trabajadores y jubilados al pago del tributo.

Como resultado de esa decisión legislativa, cerca de 1,2 millones de personas pasaron a pagar Ganancias en 2025, entre empleados en relación de dependencia y beneficiarios de haberes previsionales, según el informe presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante el Congreso de la Nación esta semana. De este modo, la cifra de quienes tributan se triplicó en comparación con el año anterior y generó un fuerte impacto en la recaudación estatal.

Según el informe, la cifra de personas alcanzadas por el tributo creció de manera exponencial. En junio de 2025, la cantidad de trabajadores y jubilados sujetos a retenciones sumó 999.507 empleados y 183.472 jubilados, que aportaron en conjunto $444.066 M. Estos datos provienen directamente de la rendición formal de cuentas que realizó el funcionario, y marcan un cambio profundo en la base de contribuyentes respecto al año anterior.

Un año antes, en junio de 2024, los alcanzados por Ganancias resultaron mucho menos numerosos: 370.916 trabajadores y 16.412 jubilados y pensionados totalizaron en ese momento $293.968 millones de recaudación para el Estado nacional. Esto implicó un crecimiento de más de tres veces en la cantidad de sujetos incluidos en la nómina de quienes tributan Ganancias, al pasar de un consolidado de 387.328 personas a 1.182.979 abordadas desde la gestión estatal.

El sustento de esta modificación masiva tiene origen en la reducción del mínimo no imponible viable para empezar a tributar. Durante la segunda mitad de 2024, la ley Bases impulsada por la administración del presidente Javier Milei eliminó el esquema previo instalado bajo la gestión de Sergio Massa, cuando el piso para ser alcanzado por Ganancias equivalía a 15 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM). En junio de 2024, esos 15 sueldos mínimos igualaban aproximadamente a $3,5 M.

El nuevo panorama dejó atrás el vínculo con el SMVM, lo que provocó que Ganancias —rebautizado como Impuesto a los Ingresos Personales— recayera sobre sueldos considerablemente inferiores: desde $1.800.000 brutos en adelante para empleados. Desde la aplicación del nuevo régimen en julio de 2024, la cantidad de empleados tributando el impuesto ascendió de 566.268 en ese mes a 829.445 en diciembre. En jubilados y pensionados, la suba resultó incluso más marcada por los reajustes de haberes, que llevaron la base imponible a ocho haberes mínimos, equivalentes en agosto a $2.514.440 mensuales.

El informe presentado ante el Congreso precisó que en la primera mitad de 2025, los empleados debieron pagar Ganancias cuando su salario bruto superó $2.280.558, o $1.892.863 netos luego de descuentos jubilatorios y de salud —esto, en el caso de trabajadores sin familiares a cargo—. Para quienes tienen dos hijos menores, el mínimo de imposición ascendió a $2.654.060 brutos o $2.202.870 netos. Durante el segundo semestre de 2025, los límites cambiaron a $2,4 M brutos (unos $2 millones netos) para la categoría sin carga de familia y alrededor de $2,8 M brutos ($2,3 M netos) para empleados con dos hijos.

La recaudación creció en paralelo al número de aportantes. El salto fue del 60% interanual. Esta dinámica beneficiaria para el fisco nacional se explicó tanto por la extensión de la base de contribuyentes como por la adaptación del tributo a las nuevas pautas legales. Las cifras que reveló Arca dieron cuenta de que el incremento tuvo relación con una base de comparación menor para el mismo mes del año anterior, en el cual prevalecían retenciones sobre montos muy superiores, correspondientes solo a los entonces denominados “altos ingresos”.

La estructura del tributo influyó también en otros niveles de gobierno. Como Ganancias es un impuesto coparticipable, el incremento masivo del universo de sujetos alcanzados repercutió favorablemente en la distribución de recursos hacia las provincias, al robustecer los fondos que se destinan por este mecanismo legal.

Entre los jubilados, un grupo especialmente sensible a los cambios tributarios, la situación se modificó en función del crecimiento del haber mínimo y de los reajustes por sentencia judicial, fenómeno que generó que más beneficiarios comenzaran a tributar el impuesto. Bajo la legislación vigente, la obligación surge cuando los ingresos superan ocho veces el importe del haber mínimo mensual —en agosto, esta cifra equivalió a $2.514.440—.

Los impactos económicos y sociales resultaron vastos. Por una parte, el gobierno nacional utilizó estos fondos adicionales para apuntalar el objetivo de lograr y sostener superávit fiscal en las cuentas públicas, meta central en la política económica del oficialismo. Por otro costado, la ampliación del impuesto otorgó oxígeno a las finanzas de las jurisdicciones provinciales gracias al sistema de coparticipación federal de impuestos.