Qué dicen los abogados de Vicentin para apelar ante la Corte nacional

El abogado constitucionalista Maximiliano Torricelli, integrante del equipo de asesores letrados de Vicentin en el marco del conflicto concursal que enfrenta la empresa, explicó los fundamentos del recurso de queja presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La defensa de la compañía sostiene que la decisión de la Corte Suprema de Santa Fe, que impugnó el acuerdo con los acreedores, no se ajusta a criterios constitucionales y genera una situación de incertidumbre jurídica.

Torricelli subrayó que la resolución de la Corte provincial dejó sin efecto un acuerdo aprobado con mayorías amplias en el proceso concursal, lo que, a su juicio, afecta gravemente la seguridad jurídica y la previsibilidad en este tipo de procedimientos. “El concurso es una situación no deseada por nadie, pero una vez que se llega a este punto, la prioridad es lograr la mejor salida posible. Acá se aprobó un acuerdo con mayorías claras y con condiciones que superan el valor real de la empresa, y aun así la Corte decidió rechazarlo”, sostuvo el abogado, en contacto con Punto biz.

El principio de igualdad en debate

Uno de los ejes centrales de la discusión es la aplicación del principio de igualdad dentro del proceso concursal. La Corte provincial fundamentó su decisión en que la propuesta de pago de Vicentin afectaba de manera desigual a los acreedores más grandes, dándoles un tratamiento diferente en relación con los pequeños y medianos.

Torricelli cuestionó este razonamiento y explicó que, en cualquier proceso de concurso de acreedores, los pagos nunca son iguales para todos porque se deben establecer mecanismos de distribución que permitan salvar la mayor cantidad posible de deuda. “En todo concurso hay acreedores que cobran menos de lo que se les debe o incluso nada, dependiendo de cómo se resuelva la situación. Lo que hizo la Cámara de Reconquista que en su momento avaló el plan de pagos fue evaluar la viabilidad del acuerdo y determinar que lo ofrecido era mejor que cualquier otra alternativa, incluida la quiebra”, afirmó.

El abogado destacó que la propuesta presentada supera el valor de tasación de la empresa, lo que debería haber sido suficiente para su homologación. “Lo que se está ofreciendo pagar es más de lo que vale la empresa. Además, la Cámara abrió una instancia para ver si había alguien dispuesto a pagar más, y no apareció nadie”, explicó.

Otro punto que resaltó Torricelli es que el acuerdo fue aprobado con mayorías contundentes. “En cantidad de productores, se obtuvo un 63% de adhesión, pero en capital, el apoyo fue del 73%, lo que demuestra que no solo los pequeños sino también muchos grandes acreedores aceptaron la propuesta”, precisó.

Cuestionamientos a la intervención de la Corte Provincial

En cuanto a la decisión de la Corte Suprema de Santa Fe de abrir el recurso de inconstitucionalidad, el abogado cuestionó su fundamentación y la falta de elementos que justifiquen esa intervención. Explicó que la Corte sólo puede intervenir cuando existe una cuestión estrictamente constitucional, lo que, según él, no sucede en este caso.

“Para que la Corte resuelva, tiene que haber una discusión sobre una cláusula constitucional, y acá no la hay. Lo que hay es un debate sobre la interpretación de la ley concursal. No era un caso para habilitar un recurso de inconstitucionalidad”, sostuvo.

Además, descartó la posibilidad de fraude en el proceso, otro de los puntos que algunos sectores plantearon como argumento para la intervención judicial. “Si acá alguien hubiera fraguado acreedores o capitales, o si se estuviera pagando menos de lo que vale la empresa, la discusión sería otra. Pero no es el caso”, aseguró.

Torricelli enfatizó que el acuerdo no sólo es legítimo, sino que una quiebra sería aún más perjudicial para todos los involucrados. “Si el acuerdo se cae y la empresa entra en quiebra, los acreedores van a cobrar menos. No hay ninguna otra alternativa que garantice una mejor recuperación de los créditos”, señaló.

Uno de los aspectos más cuestionados es el plan de pago a 12 años, pero Torricelli recordó que en cualquier concurso de acreedores el pago se realiza en cuotas, ya que de lo contrario no sería viable.

“Es la característica de todo concurso. Siempre se paga en cuotas. Si una empresa tuviera el dinero para pagar todo junto, no habría llegado a esta instancia”, explicó. Agregó que la Corte provincial no fundamentó por qué considera que este esquema no es adecuado, cuando en realidad es el mecanismo habitual en este tipo de procesos.

El abogado también resaltó que la extensión del proceso perjudica sobre todo a los acreedores más pequeños. “Esto se tendría que haber terminado antes. Que llegue a la Corte solo dilata los pagos, y los más afectados son los acreedores más chicos, que llevan cinco años esperando cobrar”, advirtió.

El argumento de la “gravedad institucional”

Sobre la posibilidad de que la Corte Suprema acepte el caso, Torricelli señaló que existe un argumento de "gravedad institucional" que podría justificar la intervención.

“Aunque no sea una cuestión puramente constitucional, el impacto de este caso en el sistema económico y judicial es enorme. Lo dicen los votos de todos los ministros de la Corte Provincial. Estamos ante una situación excepcional que amerita la intervención de la Corte Nacional”, indicó.

El abogado explicó que la presentación del recurso de queja suspende la constitución de la Cámara de Apelaciones de Rafaela, que debía analizar el plan de pago. “Toda esa decisión de la Corte Provincial queda suspendida hasta que la Corte Nacional resuelva si eleva el caso o no. Y si lo hace, ahí se abre un nuevo plazo para analizar el fondo de la cuestión”, detalló.

Acusaciones de prejuzgamiento en la Corte Provincial

Finalmente, Torricelli se refirió al señalamiento de prejuzgamiento contra dos ministros de la Corte Provincial. Esa figura fue elemento empleado en los argumentos de la defensa de Vicentin para invalidar lo que dictaminó el máximo tribunal santafesino Explicó que, cuando el tribunal solicitó el expediente para analizar la avocación del caso, Rafael Gutiérrez -en ejercicio de la presidencia de la Corte de Santa Fe en ese momento- y el ministro Daniel Erbetta, adelantaron su opinión sobre lo que luego resolverían formalmente, algo que el resto de los ministros no hizo.

“Eso implica prejuzgamiento. No era necesario que lo hicieran para resolver esa avocación que terminaron rechazando. De hecho, el resto de los ministros no opinó al respecto, pero ellos sí”, denunció el asesor letrado.

Torricelli confirmó que el recurso fue presentado formalmente este jueves y aseguró que, de aceptarse el caso, se abriría una nueva etapa de debate ante la Corte Suprema de la Nación. Ahora, resta esperar la decisión del máximo tribunal, cuyos plazos, según el abogado, son impredecibles.