Vicentin quiere salvar el plan de pagos: los plazos de la Corte de Nación

Tal como fue noticia esta semana, de la mano de los constitucionalistas Ricardo Gil Lavedra y el rosarino Maximiliano Torricelli, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene en mesa de entradas el recurso de queja presentado por la agroexportadora Vicentin, que busca que el máximo tribunal federal revise las decisiones adoptadas por la Corte Suprema de Santa Fe en el marco del concurso preventivo. La presentación denuncia "arbitrariedades" cometidas por la justicia provincial, especialmente en relación con el rechazo del recurso extraordinario que había sido interpuesto previamente por la empresa. Ahora bien, desde la asesoría legal de la agroexportadora en default aseguran que el caso reúne condiciones específicas que permitirán, primero, que los tres cortesanos en funciones tomen el expediente y luego se expidan sobre la viabilidad o no del plan de pagos. Al margen de las expectativas de la firma, hay antecedentes que exponen que el trámite puede dormir meses y hasta años en Capital Federal.

El caso ingresó a la instancia nacional a través de un recurso de queja, mecanismo previsto cuando un tribunal inferior —en este caso, la Corte santafesina— deniega habilitar el tratamiento del caso ante la Corte nacional. En rigor, el paso dado por Vicentin es el único camino procesal disponible para intentar la revisión federal de un fallo local.

Fuentes cercanas a la presentación explicaron que los tiempos de resolución de la Corte son "impredecibles" debido a la dinámica interna del tribunal. “Tiene apenas tres jueces activos y miles de causas en trámite, lo que genera un cuello de botella histórico. Reciben alrededor de 10.000 causas al año”, señalaron.

No obstante, se abre una ventana para que el recurso de Vicentin sea analizado con mayor premura: “La Corte, cuando detecta que un caso puede generar un daño de magnitud o tiene efectos económicos o sociales relevantes, puede otorgarle un tratamiento más ágil”, explicaron. Como ejemplo, citaron otros antecedentes en los que el tribunal se expidió en plazos de entre tres y cuatro meses, en casos vinculados a planteos constitucionales con fuerte repercusión institucional.

En ese sentido, el expediente Vicentin podría ser considerado como un caso “urgente”, no sólo por la dimensión económica en juego —con una deuda verificada superior a los 1.300 millones de dólares—, sino también por la cantidad de empleos, proveedores y acreedores involucrados. “En este momento, hay una disputa de poderes, incertidumbre jurídica y empresas que no pueden cobrar. Es una bomba que, si no se desactiva rápido, puede tener consecuencias muy graves para todo el ecosistema productivo de la región”, señaló la fuente.

De todos modos, desde el entorno de la defensa reconocen que no hay garantías de que la Corte decida tomar el caso ni tampoco certezas sobre cuánto podría demorar en resolverlo. “Puede tardar meses o años. Hay fallos que se resolvieron en seis años”, graficaron.

La suerte del expediente queda entonces en manos del máximo tribunal del país, en un contexto de tensión creciente, con una intervención judicial activa en la empresa, conflicto laboral latente y la presión de acreedores que llevan más de cuatro años sin cobrar. Así y todo el reclamo en queja ante los cortesanos nacionales no impide que los plazos procesales en Santa Fe se alteren. Así, tal cual lo mandó la Corte santafesina, la revisión del plan de pagos de Vicentin ahora está bajo el paraguas de la Cámara Civil y Comercial de Rafaela, estamento de seginda instancia que, mientras la Corte nacional no se expida, tiene margen para abrir el cramdown, algo que Vicentin y sus socios estratégicos buscan evitar.

Al margen de los avatares del expediente en la Corte Nacional, en las últimas horas el hecho de que la firma Commodities -principal interesada en el cramdow- haya expuesto un plan para dotar a las plantas de Vicentin de materia prima y asegurar el pago de sueldos estimula a los gremios y al personal. Falta una definición de los actuales interventores judiciales de la compañía para ver si aceptan las condiciones de Commodities para acercar granos.