Por primera vez, el Senado revirtió un veto de Milei y reactivó una ley

El Senado volvió a tratar la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta 2027 y la aprobó con 63 votos a favor, 7 en contra y 2 ausencias, superando ampliamente los dos tercios necesarios. Así, el veto quedó descartado de forma definitiva y el Poder Ejecutivo deberá promulgarla de inmediato.

Solamente votaron en contra los senadores de La Libertad Avanza, aunque ninguno quiso exponerse en el debate. El jefe de bloque Ezequiel Atauche estaba anotado como orador, pero se bajó. También colaboró el exlibertario Francisco Paoltroni, quien desde que acordó en Formosa tras el cierre de listas volvió a actuar en sintonía con el Gobierno; y la bullrichista Carmen Álvarez Rivero del PRO, la única expositora a favor del veto.

 Estuvieron ausentes Vilma Bedia de LLA y el peronista Antonio Rodas. El aliado salteño Juan Carlos Romero por primera vez se distanció y votó a favor de la insistencia, junto con el resto del PRO, toda la UCR y los partidos provinciales. Hubo 8 votos más a favor para la insistencia de lo que fue la sanción original, que tuvo 55 votos.

Se trata del primer veto del mandatario libertario rechazado por el Congreso y el primero en 22 años, desde que le rechazaron un veto parcial al expresidente Eduardo Duhalde a la ley de Presupuesto del 2003. Fue un intento de bloquear la reducción de aranceles para la importación del azúcar que finalmente fue promulgado.

Este veto fue publicado en el Boletín Oficial el 4 de agosto, luego de que el Senado le de sanción el 10 de junio. Para ese entonces, la votación en la Cámara alta fue unánime, puesto que los legisladores de La Libertad Avanza se ausentaron ante la acusación de que el procedimiento parlamentario fue irregular.

Esto formará parte de la judicialización que planea la Casa Rosada, como ya había anticipado este medio. La invalidez de la sesión no solamente fue un argumento discursivo sino que formó parte de los considerando del veto, que contempló también el del aumento a las jubilaciones y la restitución de la moratoria previsional en un mismo decreto.

De todos modos, tal como anticipó El Cronista, el foco de la judicialización se basará en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera que establece que "toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento". Es un concepto que además el Gobierno quiere remarcar con un proyecto que anunció dos veces pero todavía no envió para asegurarse de "amurallar" el equilibrio fiscal.

"Supongamos que me rechazan el veto. Bueno, yo eso lo voy a judicializar. No va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero", había dicho el primer mandatario en diálogo con El Observador. Desde la Casa Rosada también habían anticipado que dentro de las posibilidades estaba directamente no aplicar la ley, bajo el argumento de que "no hay fondos". "O le sacamos plata a los gobernadores...", sugieren.

"Si usted no cumple esta ley, soy el primero en presentar un juicio político", advirtió el senador santacruceño José María Carambia. Además de implicancias políticas podrían ser judiciales, puesto que es un delito penal el incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La presente ley solamente expresa, sobre el Financiamiento: "Facúltese al Jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor dispuestas en la presente ley".

Además de declarar la emergencia por dos años, la ley contempla una compensación para los prestadores teniendo en cuenta la diferencia entre el porcentaje del valor de los aranceles aprobados durante el año 2024, y el porcentaje del Índice de Precios (IPC) de ese mismo período. Sobre este punto la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que la medida costaría entre 0,22% y 0,42% del PBI.

También hay un amplio capítulo dedicado a la Pensión No Contributiva por Discapacidad para que el Ejecutivo le otorgue una pensión inembargable a "toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, de 70 o más años de edad o con discapacidad que cuente con el Certificado Único de Discapacidad".

Según los datos que arrojó el Ejecutivo en la justificación del veto presidencial, este último capítulo implica un gasto del 0,47% del PBI al año 2026 más un gasto adicional del "Programa Incluir Salud" del 0,12% del PBI al próximo año. Por su parte, la compensación solamente implicaría un 0,03%, aunque precisa que "la actualización mensual de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral por inflación resulta dañino para el sistema".

Quien deberá poner en práctica la normativa es el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Alejandro Vilches, hombre del ministro de Salud, Mario Lugones, quien desplazó al extitular Diego Spagnuolo por el escándalo de los audios por presunta corrupción en el Andis. La coyuntura, por caso, no escapó del debate de la sesión.

En lo que va de gestión, Milei ya vetó seis leyes: dos veces un aumento a los jubilados, la primera ley de Financiamiento Universitario, la emergencia en Bahía Blanca, la restitución de la moratoria y la presente emergencia en discapacidad. Tiene en carpeta además pronunciarse sobre otro aumento para las Universidades y los Hospitales Nacionales, que probablemente tengan el mismo fin. La fecha límite es el 11 de septiembre.