Apareció un campo y es clave para que el financista Arcamone salga de prisión

El financista rosarino Pablo Arcamone, imputado por trece hechos de estafa y actualmente detenido bajo prisión preventiva, podría recuperar la libertad a partir de una estrategia que impulsa su defensa, basada en la presentación de un campo ubicado en Timbúes como garantía para posibilitar un futuro esquema de resarcimiento económico a las víctimas.

Según información suministrada a Punto biz por uno de los abogados querellantes que representa a cinco damnificados en la causa, la propuesta que evalúa la defensa, a cargo del letrado Renzo Biga, consiste en ofrecer un predio rural que está a nombre del padre del imputado para que una desarrolladora inmobiliaria se haga cargo de reconvertirlo en un emprendimiento urbano y, con la valorización del proyecto, generar los fondos destinados a cubrir —al menos de manera parcial— los perjuicios ocasionados.

La iniciativa cobra relevancia porque el 16 de diciembre vence la prórroga de la prisión preventiva y la defensa debe presentar una garantía sólida para solicitar la libertad del agente de Bolsa, detenido desde mediados de agosto. Para ello, el padre de Arcamone debería comparecer ante la Justicia y ofrecer el campo como garantía real, lo que implicaría su incorporación formal a la causa penal, la imposibilidad de realizar cualquier operación inmobiliaria sobre ese inmueble y la sujeción del bien a futuros decomisos en caso de una eventual condena. Además, en caso de que la propuesta fuera aceptada por la Fiscalía y las querellas, Arcamone debería cumplir reglas de conducta estrictas.

No obstante, desde la querella advierten que, aunque el campo aparece hoy como “la única expectativa concreta de cobro”, su eventual reconversión en un desarrollo urbano está lejos de concretarse. Se trata de un terreno rural que exige un largo proceso de habilitación, incluyendo estudios de impacto ambiental, intervención de la comuna, planificación de servicios y elaboración de un masterplan, de modo que cualquier flujo económico dependería de un emprendimiento que debería comenzar prácticamente desde cero. Pese a ello, para los damnificados representa actualmente la única puerta posible para intentar recuperar algo del dinero perdido.

La audiencia del 16 de diciembre será definitoria: si la defensa formaliza la presentación del campo y el esquema de garantía obtiene el visto bueno del fiscal Sebastián Narvaja y de los querellantes, el juez podría conceder la libertad de Arcamone bajo condiciones estrictas. En caso contrario, la prisión preventiva podría extenderse. La querella que aportó la información para esta nota representa víctimas que reclaman montos que van desde u$s30.000 hasta u$s400.000, en el marco de una causa que ya supera la treintena de denuncias y millones de dólares en juego. También señalaron que el fiscal Narvaja logró unificar los distintos expedientes en los que interviene, de modo que parte de los bienes que eventualmente se afecten al proceso penal podrían solaparse con la quiebra civil en trámite.

En este contexto, las maniobras imputadas por la Fiscalía describen un esquema de captación de fondos a través de la Mutual Pedro de Mendoza, donde se ofrecían plazos fijos mutuales en dólares con tasas del 1% mensual y contratos de ahorro mutual a término con tasas del 10% anual, respaldados por contratos y pagarés firmados por Arcamone y su socio, el contador Martín Fernández, también imputado. 

Los ahorristas nunca recibían los fondos al vencimiento e incluso se les prometían devoluciones vinculadas a supuestos emprendimientos inmobiliarios que jamás se concretaron. Entre los episodios más relevantes figuran los perjuicios ocasionados a Newton Maximiliano Gastón, quien aportó USD 65.000 y terminó reclamando USD 89.440; a Sebastián Deguardia, damnificado por un mutuo de USD 30.000; a Industrias Esperanza SRL, que derivó más de $232 millones desde operaciones bursátiles a la mutual; y a Pablo y Juan Cruz Cattelan, quienes también resultaron perjudicados mediante contratos de mutuo y pagarés. Para la Fiscalía, todos estos hechos configuran estafa en calidad de coautor.