Los Grassi blanquearon convenio con Cargill para quedarse con Vicentin

En la recta decisiva hacia el cramdown de Vicentin, el holding rosarino Grassi terminó de blanquear un convenio estratégico con Cargill, uno de los gigantes mundiales del comercio agrícola, con el objetivo de quedarse con los activos de la histórica agroexportadora que en 2019 se presentó a concurso preventivo.

Punto biz pudo verificar la información con fuentes ligadas al Grupo Grassi, que reconocieron haber mantenido conversaciones con todos los exportadores de peso —incluidos Bunge y Viterra— así como con varios jugadores centrales del negocio que no están radicados en Argentina. Sin dar mayores detalles, desde el entorno de los Grassi destacaron la solidez del entendimiento con Cargill. “Cuando otros hablan, ellos hacen. Por eso son líderes”, resumieron.

No se trata de un vínculo casual. El año pasado circuló un documento interno en el que Grassi promovía como oportunidad de inversión sumarse bajo su ala al cramdown de Vicentin que todavía no se había abierto. Allí aparecía la figura de Ivo Sarjanovic, un nombre de peso en el mundo de los agronegocios. Ex ejecutivo de Cargill durante 25 años, hoy radicado en Suiza, mantiene un contacto fluido con la conducción global de la multinacional. Según coinciden distintas fuentes del sector, su rol fue clave para allanar el camino entre los rosarinos y la compañía norteamericana.

La información preliminar indica que los Grassi se harían cargo de la originación de granos, mientras que Cargill compartiría con ellos el negocio de crushing y exportación. El convenio recién entraría en vigencia si los rosarinos logran imponerse en el cramdown.

Para superar la propuesta de Bunge-Viterra, Grassi prepara una oferta de pago muy favorable para los acreedores. En caso de quedarse con el control de los activos, planean mantener al plantel técnico de Vicentin y sumar a ejecutivos de trayectoria que han formado parte de la estructura de Cargill.

Vicentin fue durante décadas una de las joyas de la corona del complejo sojero argentino, hasta que su derrumbe la llevó a acumular una deuda quirografaria de u$s1.300 M. Sus activos incluyen una participación del 33% en la planta Renova de Timbúes, la mayor del mundo, con capacidad para procesar más de 30.000 toneladas diarias de soja. El 67% restante pertenece a Bunge, lo que convierte al activo en un botín particularmente atractivo para sus competidores.

A esa participación se suman otra terminal sojera y una planta de crushing de girasol. Actualmente, Bunge utiliza toda la capacidad de Timbúes, mientras que el resto de los activos de Vicentin permanecen operativos a través de acuerdos de fasón.

El proceso judicial permite que distintos oferentes presenten sus propuestas a los acreedores. Además de Grassi y Cargill, en la puja aparecen Bunge, que ya es socio mayoritario en Timbúes, y Louis Dreyfus Company, que junto a Molinos Agro (controlado por la familia Pérez Companc) trabaja en una propuesta conjunta.

La jugada de Grassi, sin embargo, tiene un valor adicional: fueron ellos quienes forzaron la apertura del cramdown, luego de que los jueces declararan inconstitucional el intento de rescate liderado por Bunge y avalado por la familia Vicentin. La causa ya está en la Corte Suprema, pero mientras tanto se abrió la compulsa.

El marco legal establece que para validar una propuesta será necesario el aval de más de la mitad de los acreedores, que representen al menos dos tercios del pasivo, antes de que un juez concursal la homologue. El plazo vence hacia fines de octubre, lo que convierte al próximo mes en decisivo para el futuro de Vicentin.

Para los acreedores —entre los que figuran cientos de productores y acopios de la Pampa húmeda—, el cramdown promete ser el capítulo final de un largo y complejo camino que incluso incluyó un fallido intento de nacionalización.