Investigan a una inmobiliaria rosarina por presunto lavado de dinero narco

Squadra Propiedades, una reconocida inmobiliaria de Rosario quedó en el centro de una investigación judicial por presunto lavado de activos vinculados al narcotráfico. La causa, impulsada por la Justicia Federal, apunta a una red que habría utilizado operaciones inmobiliarias para blanquear fondos provenientes del tráfico de drogas en la zona del Cordón Industrial.

Entre las personas investigadas figura Melisa Montes, una agente inmobiliaria que actualmente está matriculada en el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir). Según trascendió, se analiza su presunta participación en maniobras de compraventa de propiedades destinadas a ocultar el origen ilícito de dinero.

Consultado por este medio, el vicepresidente del Cocir, José Ellena, confirmó que el nombre de Montes no es desconocido para la entidad. "En su momento, había pedido la matriculación en el colegio. Como ya se conocían sus antecedentes, el Cocir le negó la matrícula. Ella recurrió a la justicia y un juzgado obligó al colegio a inscribirla”, explicó Ellena.

El dirigente añadió que la situación actual “es lamentable” y que el caso “pone nuevamente bajo la lupa a la actividad inmobiliaria” en un contexto de creciente preocupación por el uso del mercado de bienes raíces como vehículo para el lavado.

“Siempre que haya un corredor matriculado envuelto en un hecho judicial es un problema, pero en algo tan delicado como esto, mucho más”, subrayó.

Ellena aclaró que, mientras la causa esté en etapa de procesamiento y no haya condena firme, el colegio no puede aplicar sanciones. “El día que haya una condena, podremos tomar otra postura. Por ahora no podemos hacer nada”, puntualizó.

La investigación, que trascendió en las últimas horas, forma parte de una pesquisa más amplia que busca desarticular una presunta red de blanqueo de capitales vinculada a estructuras narco del sur santafesino. Según los primeros informes, las operaciones sospechosas incluirían la compra y venta de inmuebles en zonas céntricas de Rosario y localidades del Cordón Industrial, a través de sociedades y testaferros.

Desde el ámbito inmobiliario, el caso volvió a encender las alarmas sobre la necesidad de reforzar los controles de antecedentes y el cumplimiento de las normativas antilavado que exige la UIF (Unidad de Información Financiera). “Es un golpe para la credibilidad del sector”, resumió una fuente del mercado local.