El Procurador del Tesoro tiene el boleto picado, ¿quién lo reemplazará?

El Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra está en la cuerda floja. El funcionario cayó en desgracia a los ojos de Balcarce 50 porque su dependencia emitió un dictamen que -según dicen en la sede de gobierno- no defendió al Gobierno como se esperaba. Además, cerca de Javier Milei apuntaron a que el Procurador pasó buena parte del 2024 en Punta del Este.

Pese a los ruidos, Barra aún no fue despedido. Dos fuentes de la sede de gobierno reconocen que están decididos a desplazarlo. El lunes Barra fue citado a una reunión con Santiago Caputo en la Casa Rosada. El Presidente confía todo el manejo del área judicial en su asesor todoterreno, quien viene haciendo cambios para asegurarse una tropa ordenada.

También trascendió que la Casa Rosada tiene prácticamente determinado ofrecerle el cargo al ex juez penal Ricardo Manuel Rojas, autor del libro "La Inflación como delito", que propone llevar a la cárcel a los políticos que emitan dinero y generen inflación.

Milei habría recomendado a la obra en su cuenta de X, además de mencionar el trabajo del ex magistrado en distintos medios.“Este es el libro que todo los políticos chorros no querrían que leas, ya que te deja en claro la estafa de la que se trata el Banco Central y el robo vía la política monetaria. La defensa del BC es sinónimo de ser un delincuente”.

Barra es un jurista de larga trayectoria que fue un ícono de los 90: fue funcionario del gobierno de Carlos Menem y juez de la Corte Suprema durante el menemismo. Incorporado a la gestión libertaria como un funcionario de peso, ahora está cuestionado. Probablemente su mayor problema sea que no tiene un jefe político en el Gobierno. Barra había recalado en el Gobierno recomendado por los equipos de Nicolás Posse, el exjefe de Gabinete que Milei echó en malos términos.

Desde hace tiempo que la cúpula libertaria mira cruzado a Barra porque considera que “opera en contra” de los intereses del Gobierno y que no responde a las instrucciones que bajan desde la Casa Rosada. En las últimas horas sonó el nombre de Ricardo Manuel Rojas, ex secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia y exjuez en lo criminal de la Ciudad. Pero en Balcarce 50 dicen que aún no hay definiciones.

El malestar de las últimas horas con Barra obedeció a un dictamen firmado anteayer por la Procuración del Tesoro en el caso de un reclamo de una empleada pública que presentó una impugnación porque el Poder Ejecutivo le quitó un incentivo salarial. El dictamen, si bien justifica el accionar del Gobierno, no es conclusivo y menciona el carácter remunerativo de los incentivos incorporados al sueldo.

En Balcarce 50 agregan otro motivo para poner en duda la continuidad del funcionario, cuya misión es actuar como abogado en los juicios contra el Estado: aseguran que no estuvo comprometido porque pasó buena parte del primer año de gestión en el exterior del país y apuntan a sus viajes a Punta del Este, que sumarían más de 20 en 2024. Quienes conocen a Barra advierten que el funcionario tendría domicilio en Uruguay y que su esposa estaría radicada allá.

En una trama parecida, la semana pasada fue desplazado el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, por no “ordenarse” con la instrucción de no querellar en causas de corrupción. A Yacobucci le habían endilgado onerosos viajes con fondos públicos que él no reconoció.

El dictamen de la Procuración del Tesoro que generó fastidio a la Casa Rosada no fue firmado por Barra sino por su segundo, Marcos Serrano, y se vincula al caso de una empleada del Ministerio de Justicia. En esa cartera, por un convenio de los registros del automotor, desde hace décadas se triangulaba la contratación de 2500 empleados a través de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Los empleados encuadrados en ese convenio cobraban un “incentivo” o “premio estímulo” incorporado en su recibo de sueldo. 

El Gobierno despidió a muchos empleados encuadrados en Acara. Otros accedieron a un retiro voluntario y hubo un grupo que fue incorporado a la planta del Ministerio de Justicia como personal contratado. La gestión nacional les reconoció el incentivo como un ítem remunerativo en el pasado (en caso de tener que pagar una indemnización), pero no quiso seguir pagándolo a partir de la incorporación a la planta ministerial. 

Muchos agentes aceptaron la reducción de su salario con tal de preservar su lugar de trabajo. Pero una empleada pidió la impugnación de la decisión del Ministerio de Justicia por el cese del pago del incentivo. “Es una violación a la intangibilidad de mi salario y me causa un grave perjuicio material y moral en tanto reduce en un 50% mi salario”, denunció la trabajadora.

El Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, le pidió a la Procuración del Tesoro que se expida respecto de este caso. El dictamen de la Procuración del Tesoro no es conclusivo y de hecho el organismo se pronunció en carácter de “colaboración” en el caso. Quienes defienden a Barra dicen que el pronunciamiento que le reprochan ni siquiera fue en contra del Gobierno.

Qué dice el dictamen

El dictamen que desencadenó la crisis fue firmado anteayer por el subprocurador Serrano. El Ministerio de Justicia, comandado por Mariano Cúneo Libarona, le pidió intervención a la Procuración de Tesoro para que se manifestara sobre el reclamo de una agente empleada del ministerio. Pero el organismo no dictaminó, sino que se limitó a hacer una serie de “consideraciones a título de colaboración” que no fueron conclusivas.

Por un lado, Serrano defendió la resolución firmada por Cúneo Libarona que cuestionaba la agente y destacó que se había “desnaturalizando por completo” el sistema de pagos a través de Acara. Sostuvo además que la empleada, “a pesar de haber percibido el incentivo por parte del ente Acara durante 2024, no acreditó la realización de cursos” que eran obligatorios para cobrar lo que cobraba.

“La autoridad administrativa decidió corregir lo que consideró una situación de indebido privilegio y desigualdad, para reestablecer, a partir de ello, la juridicidad afectada”, dijo el subprocurador.

Lo que aparentemente molestó más a la Casa Rosada fue que el suprocurador aludió al carácter remunerativo del ingreso que reclama la agente. Serrano afirmó: “Todo lo anterior, no implica desatender la jurisprudencia de la Corte Suprema que la propia Resolución N.º 376/24 (firmada por Cúneo Libarona) recoge al mencionar el reconocimiento del carácter remunerativo del incentivo abonado por entes cooperadores”.

El documento, además, advierte que resta que intervenga la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia para resolver cómo se cumplirá la resolución que pone fin a las contrataciones vía Acara. Es decir, sostiene que hay un trámite pendiente de parte del Poder Ejecutivo.