Derecho ambiental: ¿para qué sirve y cuáles son los desafíos?

Contrario a la idea de que el Tercer Mundo viene atrasado en cuestiones ambientales, Argentina logró aprobar una serie de leyes e instalar un marco normativo para hacer frente a diversas problemáticas de este tipo. La legislación y las políticas ambientales se fueron fortaleciendo a lo largo de los años, en línea con un contexto global que promueve, cada vez más, el desarrollo sostenible en los modelos de producción y una relación equilibrada entre el desarrollo humano y la preservación del entorno natural.

El país es testigo de múltiples experiencias en materia judicial para garantizar la protección del medio ambiente y un uso responsable de los recursos naturales, aunque expertos en el tema aseguran que el problema no está saldado y hacen falta pasos clave en pos de avanzar hacia una Justicia ambiental. ¿Pero qué significa hablar de una justicia en estos términos? ¿Cuáles son los puntos sobre los que choca la justicia actual por no contar con estas instancias?

Pasos previos 

El derecho ambiental en Argentina tomó sus bases de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano y equilibrado. “En el 94 tuvimos una reforma en la Constitución Nacional y se sumó este punto en el artículo 41”, señaló a Punto biz Matías De Bueno, abogado especialista en derecho ambiental, director del Observatorio Ambiental de la UNR y presidente del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Rosario.

Por su parte, en diálogo con Punto biz, el Co-Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas, Lucas Micheloud, sostuvo que: “hubo un florecimiento del 2002 a esta parte, se sancionaron leyes federales que fueron forzando a que las empresas reconviertan su matriz productiva hacia prácticas más sustentables”.

Justamente en el año 2002, Argentina sanciona la ley del Ambiente, la cual establece los principios generales para su protección y preservación. Otros avances que se dieron en este sentido fueron la Evaluación de Impacto Ambiental, requerida para proyectos de gran envergadura, como obras de infraestructura o actividades industriales, más leyes específicas que fijan la creación y protección de áreas naturales protegidas como los parques nacionales y reservas naturales.

A su vez, el país ratificó diversos tratados y convenios a nivel mundial, lo que terminó influyendo en la legislación nacional y en la incorporación de estándares internacionales. Entre los más relevantes figuran: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1994); Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (2015), que incluyen la acción climática y la protección del medio ambiente y el Acuerdo de Paris (2016), para revertir el curso actual del calentamiento global.

“El Congreso dicta la bases y luego las provincias pueden legislar sobre las mismas materias, pero además, en la legislación aparece un nuevo sujeto de derecho que son las generaciones futuras, entonces cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de desarrollo económico, social y de la protección del ambiente sin comprometer el futuro”, indicó De Bueno.

Micheloud también mencionó el Acuerdo de Escazú en Costa Rica, que busca fortalecer los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales y que fue firmado por Argentina en el 2018. “En el Norte salieron informes que denuncian que muchas petroleras eran conscientes del impacto negativo de su actividad hace 40 años y recién ahora se las deja en evidencia, bajo sanciones legales y administrativas", explicó el especialista.

Deudas pendientes

El país tiene una serie de desafíos por enfrentar, tanto en materia legislativa como a la hora de abordar y juzgar delitos ambientales. Sobre esto último, Micheloud hizo hincapié en que a nivel nacional prácticamente no hay delitos penales ambientales, salvo algunos relacionados con la generación de residuos peligrosos. “Cuando uno hoy ingresa al derecho penal lo hace en defensa de la propiedad privada, pero no hay grandes tipos penales que criminalicen prácticas contra la naturaleza que son delictivas”, indicó el abogado.

Un caso de este tipo que tomó trascendencia el año pasado y continúa siendo visibilizado por organizaciones ambientales y ciertos sectores políticos es el tratamiento de la ley de Humedales. La misma se presentó por primera vez en 2013, sin embargo, casi una década después continúa sin lograr su aprobación. De hecho, durante 2022 dos proyectos obtuvieron dictamen en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura pero no fueron incorporados al temario de sesiones extraordinarias.

Otra ley pendiente en el Congreso es la llamada ley de Envases con Inclusión Social, que plantea la implementación de una tasa para las empresas y productores que coloquen envases en el mercado, premiando a los que se hagan con materiales reciclables y sean fáciles de reciclar. También quedó pendiente un proyecto de ley con el objetivo de promover la agroecología, que contempla la creación de un impuesto a los fitosanitarios y fertilizantes no orgánicos.

“Desde la Asociación de Abogados Ambientalistas nos enfocamos en trabajar con las comunidades que resisten en sus territorios a proyectos extractivos y altamente contaminantes. Muchos procesos llegan a la corte y nosotros agotamos recursos e interponemos amparos para frenar estas acciones, aunque hay muchas resoluciones que todavía estamos esperando”, precisó Micheloud.

Por su parte, De Bueno aseguró que la provincia de Santa Fe tiene una importante falencia relacionada con la demora en los certificados y permisos para llevar adelante actividades con generadores y tratadores de residuos no peligrosos. El Ministerio de Ambiente provincial es la autoridad de aplicación y la tardanza llega hasta los dos años, lo mismo ocurre en el caso de la evaluación y aprobación de los estudios de impacto ambiental que deben presentar las empresas.

“En el 2021 hubo una resolución de la ministra de Ambiente donde reconoce que menos del 1% de las firmas de la región tienen en regla su certificado ambiental. Según estudios, más del 90% de los residuos peligrosos no recibe un tratamiento adecuado y circula, contaminando la tierra y finalmente en basurales clandestinos. Hoy, más que nada, las empresas con inserción internacional son las que llevan adelante acciones de sostenibilidad, muchas otras evitan costos que tiene que ver con el cumplimiento de las normativas y el Estado no lleva adelante el control necesario”, sostuvo el especialista.

Pensar una Justicia ambiental

De Bueno señaló que desde el Colegio de Abogados, la búsqueda por impulsar una Justicia especializada en materia ambiental se debe a la posibilidad de contar con un mayor rango de manejo ante determinadas problemáticas y de actuar con ciertos criterios comunes. “Cuando una causa llega a un tribunal ordinario se choca con las viejas estructuras del derecho, por eso importante que haya distintos juzgados y fiscalías ambientales que tengan su propio criterio probatorio y se dividan por regiones para tratar los problemas específicos que presenta cada zona del país”, detalló el abogado.

En cuanto a la posibilidad de pensar fuero judicial especializado en ambientalismo, Micheloud precisó que es un tema a analizar con mucho cuidado y del que todavía tiene reparos. Esto, debido a que se corre el riesgo de que las causas se terminen concentrando en uno o dos juzgados solamente. Según su opinión, es mejor pensar en tener un acceso diverso y en motivar a que haya una adecuada formación de jueces y juezas, con perspectiva climática.

Vale destacar que en el 2020 Argentina aprobó la llamada “Ley Yolanda”, en honor a la científica Yolanda Ortiz, que establece la capacitación obligatoria en ambiente y cambio climático para todas las personas que se desempeñan en la función pública en Argentina. Esta Ley marcó un hito por sus alcances, aunque consideró que en la Justicia todavía no se está implementando de manera correcta. 

“La Justicia ambiental todavía tiene un proceso complicado en términos de acceso genuino y auténtico de las comunidades, por las burocracias que impone el sistema. No es garantía por sí mismo contar con un juzgado especializado en esta rama, es necesario que todo el sistema judicial tenga una perspectiva ecológica y que puedan resolver las situaciones conforme a la legislación vigente", señaló el abogado.