Concesionaria pidió el concurso y deja un tendal de compradores sin auto

Rosario Motorsport SAS, una firma salida al mercado en 2024 pero que acumuló dedicada a la compraventa y consignación de vehículos, solicitó su concurso preventivo de acreedores ante la Justicia rosarina. El pedido quedó radicado en el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 10ª Nominación, pero su apertura todavía no fue resuelta.

La presentación se conoce en medio de una creciente cantidad de reclamos contra la empresa por presuntos incumplimientos en operaciones con vehículos. Según pudo reconstruir Punto biz a partir de consultas con estudios jurídicos locales, existen clientes que aseguran haber entregado dinero o automóviles usados sin recibir a cambio las unidades acordadas. También hay reclamos por fondos que no habrían sido liquidados luego de ventas en consignación.

De acuerdo con una fuente legal que interviene en algunos de esos casos, habría no menos de 30 personas afectadas, aunque el número podría ser mayor. Los planteos siguieron diferentes caminos. Algunos derivaron en denuncias ante el fuero penal y otros se tramitan como demandas civiles por cobro de pesos.

Entre las situaciones relatadas aparecen clientes que entregaron un vehículo usado y una diferencia en efectivo para adquirir otro rodado, pero no recibieron la nueva unidad. También hay personas que dejaron sus autos para la venta y sostienen que la empresa no les transfirió posteriormente el dinero correspondiente.

La sociedad fue constituida el 24 de julio de 2024 por Juan Gabriel Alegre y Eduardo Atilio Escarcelo, quienes fueron designados administradores y representantes titulares.

La respuesta de la empresa

En un comunicado al que accedió Punto biz, Rosario Motorsport confirmó que decidió presentarse en concurso preventivo con el argumento de preservar la actividad y garantizar un tratamiento igualitario a sus clientes. “Ante los hechos referidos en nuestro anterior comunicado y a los fines de garantizar la continuidad del giro empresario y la igualdad de trato con todos los clientes de la empresa, se ha decidido recurrir a la presentación en concurso preventivo”, señaló la compañía.

La sociedad informó que el expediente fue caratulado “Rosario Motorsport SAS s/ Concurso preventivo”, con CUIJ 21-03011788-0, y quedó radicado en el Juzgado Civil y Comercial de la 10ª Nominación de Rosario. La firma también comunicó a quienes reclaman pagos o entregas que deberán canalizar sus requerimientos dentro de ese proceso. 

Sin embargo, hasta que el juzgado dicte la resolución de apertura, Rosario Motorsport no puede ser considerada formalmente concursada. Tampoco comenzó a correr el plazo para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación ante una sindicatura.

La información disponible en la Central de Deudores del Banco Central muestra un deterioro reciente en su calificación crediticia. A junio de 2026 registraba con Banco BBVA una deuda en situación 3, categoría que el organismo define como un deudor “con problemas” para la cartera comercial o de “riesgo medio” para consumo. El historial del BCRA también registra una deuda previa con Banco Santander  y fue clasificada en situación 3. 

El alcance del pasivo principal, de todos modos, no surge de la información bancaria, sino que deberá conocerse a partir de la documentación presentada por la empresa y, si la Justicia abre el concurso, de las verificaciones promovidas por clientes, proveedores y demás acreedores.

La explicación de los socios

En la presentación judicial, Juan Gabriel Alegre y Eduardo Atilio Escarcelo atribuyeron la cesación de pagos a un “desfasaje financiero” que habría impedido cumplir con los contratos firmados. Según expusieron, la empresa comenzó a acumular demoras superiores a los tres meses en la entrega de vehículos cero kilómetro adquiridos por clientes a través de su intermediación. Esa situación derivó en intimaciones, pedidos de devolución de dinero y reclamos judiciales.

Los titulares sostuvieron que la difusión de quejas en redes sociales agravó el cuadro. Según su versión, la viralización de los reclamos produjo una “cascada” de planteos simultáneos y llevó a numerosos clientes a dejar de aceptar nuevas prórrogas. En los últimos dos meses, indicaron, se multiplicaron las intimaciones y demandas administrativas, civiles y comerciales, lo que volvió imposible responder al mismo tiempo a todas las entregas comprometidas.

A ese escenario sumaron la caída de las ventas de vehículos usados, una actividad central para el flujo de ingresos de Rosario Motorsport. Alegre y Escarcelo relacionaron esa retracción con la caída del consumo, los elevados costos de alquileres, seguros, servicios y salarios, y el efecto de la publicidad negativa generada por los incumplimientos. Afirmaron que intentaron acordar esperas y extensiones de los plazos, pero que la mayoría de los clientes rechazó esa alternativa.

Pese a reconocer que persisten incumplimientos en numerosos contratos de vehículos cero kilómetro, los socios aseguraron que la firma continúa operativa. Como prueba, consignaron que durante las tres semanas anteriores a la presentación entregaron cinco unidades nuevas —dos Volkswagen Taos, dos BAIC BJ30 y un Peugeot 208— y que durante agosto intervinieron en la venta de diez automóviles usados.

En el escrito, la empresa afirmó que la cesación de pagos “no tiene su origen en un problema económico”, sino en un desajuste financiero y en la acumulación de vencimientos. Para sostener la continuidad planteó reorganizar los plazos mediante el concurso, mantener la consignación y reventa de usados, continuar comercializando cero kilómetro y buscar inversores externos o aportes personales de los socios.

La magnitud del descalce también aparece reflejada en la información patrimonial aportada al expediente. Rosario Motorsport declaró contratos pendientes de cumplimiento por $206,8 millones y u$s1.117.970, además de un pasivo de $4,17 millones correspondiente al último balance. Como contrapartida, informó $537.325 de activo corriente, créditos por cobrar por $32,5 millones, muebles y útiles valuados en $8,65 millones y aportes comprometidos por los socios por $5 millones.

Los empresarios ubicaron el comienzo de la cesación de pagos en las intimaciones cursadas desde el 4 de junio y en el posterior inicio de una demanda por derecho del consumidor. El expediente concursal, sin embargo, todavía no fue abierto: antes de resolver, el juzgado ordenó corregir la presentación porque encontró páginas incompletas o cuya redacción no coincidía entre sí, además de documentación mal escaneada o ilegible.