Caso YPF: Argentina pidió frenar de forma definitiva la entrega de acciones

El Gobierno argentino presentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York sus argumentos para evitar la ejecución del fallo que lo obliga a entregar el 51% de las acciones estatales en YPF. Busca extender la suspensión actual y proteger el control estatal de la empresa energética.

Argentina dio un paso clave en la defensa legal del caso YPF. Este martes, presentó formalmente ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York sus argumentos para que se mantenga suspendida —de manera definitiva y sin condiciones— la orden de entrega del 51% de las acciones que el Estado tiene en YPF, como parte del cumplimiento del fallo que en 2023 firmó la jueza Loretta Preska.

El objetivo central del Gobierno es evitar la ejecución del fallo mientras continúa el proceso de apelación por el litigio iniciado por los fondos Petersen/Eton Park y Bainbridge, que reclaman una indemnización de más de u$s16.000 millones por la expropiación de la petrolera en 2012.

Actualmente, la suspensión de la orden judicial que obliga a entregar las acciones rige únicamente mientras se desarrollan las actuales presentaciones procesales. Con su escrito, el Gobierno argentino solicitó que se extienda esa suspensión por todo el tiempo que dure la apelación de fondo, para evitar consecuencias que considera irreversibles.

El pedido ocurre tras una señal favorable: el apoyo legal del gobierno de Estados Unidos, que a través de un escrito amicus curiae respaldó la posición argentina al considerar que el fallo de Preska podría vulnerar principios internacionales y perjudicar las relaciones bilaterales.

Los argumentos principales del descargo argentino

En su presentación, la Argentina hizo foco en dos frentes: el caso Petersen/Eton Park, el más avanzado, y el expediente Bainbridge, que se tramita en paralelo. En ambos, el eje del planteo es la defensa de la inmunidad soberana del Estado y el riesgo de daños irreparables si se avanza con la transferencia de las acciones.

Entre los principales puntos que remarcó el Gobierno se destacan:

Violación de la inmunidad de ejecución: el Estado argentino sostuvo que las acciones de YPF están en territorio nacional, no son utilizadas para fines comerciales en EE.UU., ni fueron empleadas en la operación que dio origen a la demanda, por lo que no pueden ser embargadas ni transferidas.

Contradicción con la legislación local: la ley argentina impide la venta de esas acciones sin aprobación de dos tercios del Congreso, lo que garantiza el mantenimiento del statu quo y descarta el riesgo de "disipación" de activos.

Daño irreparable: si se ejecuta la orden y las acciones se transfieren, la Argentina perdería el control de su principal empresa energética. Incluso si luego ganara la apelación, el perjuicio sería irreversible.

Interés público y geopolítica: la medida afectaría a terceros —como YPF, sus accionistas y la sociedad argentina—, podría dañar la relación con Estados Unidos y abrir la puerta a represalias judiciales contra ese país, según lo advirtió el propio gobierno norteamericano en su amicus.

En el caso Bainbridge, el Gobierno agregó que los demandantes no pudieron demostrar perjuicio si se suspende la entrega ni justificaron la necesidad de una garantía. Reforzó así la idea de que el dictamen de Preska no tiene fundamentos suficientes para ejecutarse en esta instancia.

Riesgo de desacato si la Corte rechaza el pedido

Si la Corte de Apelaciones rechaza el planteo argentino, la suspensión vigente podría quedar sin efecto, lo que reactivaría la orden de la jueza Preska. Eso obligaría a la Argentina a entregar las acciones o enfrentar un posible proceso por desacato judicial, una figura que si bien no aplica directamente a Estados soberanos, puede implicar multas y deterioro de la imagen país ante los mercados internacionales.

Fuentes oficiales sostienen que el Gobierno seguirá con su estrategia de defensa “con firmeza jurídica y pleno respeto por la soberanía”, y acusan a anteriores gestiones de haber “dejado al país expuesto a una condena multimillonaria”.

La Corte del Segundo Circuito debe ahora resolver si acepta o no el pedido argentino. Una decisión favorable sería un alivio financiero para el Gobierno en medio de su ajuste fiscal y renegociación de deuda. En cambio, un revés podría acelerar el cronograma de ejecución y agravar la presión sobre las reservas, el riesgo país y la reputación internacional.

Mientras tanto, el caso YPF sigue siendo una de las causas judiciales más importantes y con mayor impacto económico en la historia reciente de la Argentina.