Cadena de súper encontró el atajo para abrir un local donde no la dejaban

La cadena patagónica de la familia Braun abrió en el local de La Nueva Granja, en la ciudad de Reconquista, luego de que la Provincia le negara el permiso para construir un nuevo hipermercado. El caso reabre el debate sobre la Ley de Grandes Superficies.

El desembarco, concretado en la esquina de Moreno y Obligado, se dio tras el rechazo oficial al proyecto original de la firma, que pretendía levantar un local propio sobre Boulevard Lovato con una inversión de u$s 4,5 millones. La apertura se trabó por la normativa provincial, que impide habilitar nuevas bocas de grandes dimensiones en ciudades que ya superaron la superficie autorizada, y por la falta de aval ambiental para el predio elegido.

Ante ese escenario, la compañía desistió de construir desde cero y optó por comprar el fondo de comercio de La Nueva Granja, ya habilitado dentro del cupo legal. El cambio de estrategia le permitió instalarse en el mercado, pero también supuso un recorte de la inversión a unos u$s3 millones, al no ser necesario encarar una obra nueva. En la práctica, significó menos recursos destinados a la construcción local y menos empleo indirecto generado.

“Nosotros no emitimos el certificado de factibilidad para el terreno en Boulevard Lovato porque estaba fuera de la superficie permitida y no tenía el aval ambiental. Finalmente, La Anónima adquirió un supermercado en funcionamiento, que ya estaba medido en la superficie autorizada, y pudo abrir sin inconvenientes”, explicó a Punto Biz el secretario de Comercio Interior y Servicios de Santa Fe, Gustavo Rezzoaglio.

La jugada generó interpretaciones contrapuestas. Por un lado, el supermercadista local que quería vender consiguió hacerlo en condiciones ventajosas; por otro, la cadena nacional logró instalarse en el norte provincial con menos inversión de la prevista originalmente. La apertura implica la creación de 70 empleos formales y 7 indirectos, aunque la obra proyectada inicialmente hubiera multiplicado el impacto económico en Reconquista.

El caso expone la tensión entre regulación y competencia y deja abierto el debate sobre si las normas cumplen su objetivo de ordenar el mercado.