Argentina pide a EEUU frenar fallo que ordena transferir acciones de YPF

El Gobierno argentino presentó un escrito ante la Justicia de Estados Unidos para pedir la suspensión del fallo de la jueza Loretta Preska que ordena transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes Burford Capital y Eton Park, en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera.

En el documento, la defensa argentina advierte que cumplir con la sentencia generaría “un daño irreparable” y que la jueza “se excedió en su jurisdicción”. Además, sostiene que las acciones son “de imposible expropiación” ya que están registradas en la Caja de Valores, y cualquier decisión sobre su traspaso debería contar con el aval del Congreso, con mayoría especial de dos tercios.

“Preska está invadiendo una jurisdicción. Esto no es un juicio comercial entre dos empresas, sino un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento jurídico interno”, remarcaron los abogados en el escrito, en el que también pidieron una suspensión provisoria mientras la Cámara de Apelaciones revisa si otorga una medida de protección más amplia.

El documento alerta sobre las posibles “consecuencias irreparables” si se entregan las acciones sin que la cuestión de fondo esté resuelta. “No se puede poner al genio de vuelta en la botella”, advirtieron, al señalar que si los fondos obtienen las acciones y deciden venderlas, el daño sería irreversible incluso si la Argentina gana en la apelación.

En la presentación también se recordó que YPF “es la principal empresa energética del país, emplea a más de 23.000 personas y su control está garantizado por ley”.

Desde el Gobierno indicaron que la apelación se presentará dentro del plazo de 14 días hábiles dispuesto por Preska, aunque reconocen que se trata de un proceso complejo. Están trabajando en el tema la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy —cercana a Santiago Caputo— y el procurador del Tesoro, Eduardo Casal.

Por lo bajo, fuentes cercanas a la causa reconocen que una eventual negociación con los fondos litigantes sería deseable. Sin embargo, cualquier avance en ese sentido debería pasar por el Congreso, un terreno donde el oficialismo no cuenta con mayoría y enfrenta fuertes resistencias.