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Negocios

🔒Ante la jueza

Ya hay fecha para que financista vuelva a Rosario directo a imputativa

Ya hay fecha para que financista vuelva a Rosario directo a imputativa.
Patricio Dobal

La Fiscalía busca vincularlo a nuevos delitos pese a que viene cumpliendo con los compromisos que asumió con sus clientes tras sonado default.

El próximo 13 de octubre desde las 8 de la mañana en el Centro de Justicia Penal. Esa es la cita en la que el financista Daniel Casanovas le verá la cara al fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Miguel Moreno, quien buscará ampliar la imputación por estafa. A la cita está convocada su esposa, Samanta Verónica Bravo.

Tal como anticipó Punto biz, de acuerdo a la información de fuentes ligadas al Ministerio Público de la Acusación (MPA), el plan de Moreno es endilgarle a Casanovas nuevos hechos, denunciados con posterioridad a la imputación original. Se trata de cinco casos de defraudación del mismo tipo que los iniciales que fueron objeto de imputación el 6 de octubre del año pasado

Si bien el detalle de la maniobra se ventiló durante la audiencia, se sabe que las operaciones observadas alcanzaron los u$s200.000. Lo particular del caso es que en las últimos hechos denuncias ingresa en escena una mutual que al parecer está radicada en la vecina provincia de Entre Rïos, perú que en rigor de verdad estaba integrada por gente cercana a Casanovas y operaba desde Rosario prometiendo jugosas rentas a quienes le confiaban dinero en efectivo.

De acuerdo a la información que publicó la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) la citación alcanza a Casanovas, su esposa -ambos pidieron cambio de domicilio a la provincia de Salta- a Silvina Mariela Casanovas, Fernando Agustín Gatti, Mario Antonio Testoni y Martín González, todos vinculados a los casos investigados. La audiencia será ante la jueza Valeria Pedrana.

El default del holding de Casanovas se inició con el concurso de la agropecuaria Cereales del Sur SA que dejó expuesto una cesación de pagos por $450 M cuyo plan de liquidación fue avalado por la justicia debido a que la firma agropecuaria derivó en una estructura dedicada a la comercialización de ganado -Fideicomiso Ganadero Norte- que permitió ir cumpliendo con los acreedores que no obstante sufrieron una importante quita sobre los valores verificados ante la justicia.

Lo cierto es que la crisis en el corre acopio no tardó en impactar sobre la agencia bursátil del empresario (CGV) y la financiera extra bursátil (Rosario E-Trader). Las operaciones de CGV fueron suspendidas por los mercados y comenzaron negociaciones con sus clientes en busca de acuerdos privados de pago. Así la agencia armó también un fideicomiso ganadero para responder por cheques garantizados con warrants de granos y a los que se adhirieron les paga en cuotas los cheques no cubiertos.

Las maniobras que expuso Moreno en la audiencia de octubre del año pasado dan precisiones sobre faltantes de dinero líquido cuentas comitentes de clientes que operaban con CGV, que habrían sido empleadas para tapar los agujeros de otras sociedades del holding.

Desde el 6 de octubre del año pasado, cuando el juez Gustavo Pérez de Urrechu hizo lugar a los argumentos del fiscal e imputó a Casanovas y su esposa, ambos tienen 
trabado embargos sobre sus inmuebles e inhibiciones de fondos bancarios por unos u$s4 M. Además, cargan con la prohibición de desprenderse de activos de las sociedades Cereales del Sur, Daniel Casanovas y Asociados, Compañía Argentina de Warrants, Fideicomiso Ganadero Norte y José Cano e Hijos.

Además, como medidas cautelares, al financista y su mujer el juez les prohibió salir del país, por lo que debieron entregar sus pasaportes argentinos y extranjeros. Ahora bien, el planteo del fiscal Moreno apunta a ajustar dichas medidas.

Es que con miras a administrar de cerca el negocio agroganadero que es la fuente de ingreso que le permite liquidar los pasivos que registra con sus clientes, Casanovas solicitó autorización para radicarse en la provincia de Salta. En el marco de dicho permiso, Samanta Verónica Bravo podrá firmar periódicamente en la provincia norteña para que la Justicia santafesina verifique que está ubicable y dentro del país y su marido deberá hacer lo propio pero en Rosario, cada 20 días.

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