El responsable de la firma financiera está preso por usar dinero de las cuentas de sus clientes y ahora entró el dictamen administrativo.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) aplicó una de las sanciones más severas de su historia contra la sociedad bursátil Daniel A. Casanovas y Asociados S.A., la agencia de liquidación y compensación (ALyC) vinculada al financista rosarino Daniel Casanovas, actualmente detenido en el marco de una causa penal por estafas y maniobras de colusión.
La decisión del organismo regulador fue difundida este viernes y se suma a la compleja situación judicial que enfrenta el financista en Rosario. Según informó la CNV, la sanción se adoptó tras una investigación que acreditó irregularidades graves en el manejo de cuentas comitentes de inversores, particularmente la utilización de valores negociables pertenecientes a clientes sin contar con el consentimiento específico exigido por la normativa.
El Directorio del organismo resolvió aplicar una multa calculada mediante el criterio de múltiplo sobre el beneficio obtenido, una herramienta prevista en la Ley de Mercado de Capitales. De acuerdo con la CNV, el monto final equivale aproximadamente a diez veces la sanción máxima de $100 M prevista en la ley, lo que convierte a la medida en una de las penalidades más importantes aplicadas por el regulador.
Además de la multa, la resolución incluye la inhabilitación de los directores de la sociedad y la prohibición de operar en el mercado tanto para la ALyC como para sus autoridades, al considerar que las irregularidades detectadas afectaron principios básicos del sistema, como la custodia de activos y el cumplimiento de instrucciones de los inversores.
El presidente de la CNV, Roberto Silva, defendió la decisión al señalar que el organismo busca enviar una señal clara frente a faltas graves dentro del mercado de capitales. “Los incumplimientos menores pueden derivar en advertencias, pero frente a faltas graves la respuesta del regulador será contundente y con sanciones ejemplares”, sostuvo.
La sanción administrativa se da en paralelo con el avance de la causa penal que investiga al financista rosarino. Casanovas está preso a la espera del juicio oral, mientras que para su esposa Samanta Verónica Bravo tiene prohibición de salir del país y la obligación de presentarse cada 15 días ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).
En ese expediente, la Unidad de Delitos Económicos y Complejos de Rosario, le atribuye al financista alrededor de 70 hechos, entre ellos un esquema de estafas reiteradas y 41 maniobras de colusión del deudor vinculadas a los concursos preventivos de Cereales del Sur S.A. y Rosario E-Trade S.A.
La hipótesis fiscal sostiene que Casanovas habría celebrado acuerdos irregulares con acreedores —que incluyeron pagos anticipados, cesiones de bienes y arrendamientos de campos— con el objetivo de obtener votos favorables en los concursos y forzar las mayorías necesarias para aprobar los acuerdos preventivos.
La investigación también abarca operaciones financieras realizadas a través de distintas sociedades del grupo —entre ellas la propia ALyC sancionada por la CNV— que habrían sido utilizadas para captar inversiones, emitir cheques y ofrecer garantías mediante warrants que luego resultaron inexistentes o de imposible ejecución, generando perjuicios millonarios a empresas e inversores particulares.
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