Casanovas quedó en prisión preventiva y su esposa bajo restricciones

Las imputaciones contra el financista Daniel Andrés Casanovas y su esposa Samanta Verónica Bravo tuvieron desenlace este miércoles a las 19.30 en el Centro de Justicia Penal de Rosario, tras cuatro jornadas maratónicas de audiencias que se iniciaron el jueves 28. La extensión del debate obedeció a la gran cantidad de hechos atribuidos: el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, Miguel Moreno, detalló que el financista enfrenta alrededor de 70 acusaciones, mientras que su pareja quedó comprometida en un puñado de maniobras específicas.

El juez Gustavo Pérez de Urrechu resolvió dictar prisión preventiva efectiva para Casanovas hasta el 10 de febrero, mientras que en el caso de Bravo impuso medidas cautelares menos gravosas: prohibición de salir del país y la obligación de presentarse cada 15 días en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).

El avance judicial marca un hito en una causa que se fue ampliando con el correr de los meses y que ya no sólo investiga estafas en perjuicio de inversores, sino también presuntas maniobras de colusión en concursos preventivos, una figura novedosa que se incorpora a la acusación y que gira en torno a la empresa Cereales del Sur S.A., cabecera del entramado societario de Casanovas.

De acuerdo a lo que expuso el fiscal Moreno, se le imputan 41 hechos de colusión del deudor vinculados a pactos irregulares con acreedores en los concursos de Cereales del Sur S.A. y Rosario E-Trade S.A.. En esos convenios se habrían otorgado beneficios anticipados, pagos en efectivo, cesiones de bienes o arrendamientos de campos, con la contraprestación de que los acreedores favorecieran con su voto la propuesta de acuerdo concursal. En la práctica, explicó el fiscal, se trató de una estrategia para forzar mayorías y quebrantar el principio de igualdad entre acreedores, con operaciones que en algunos casos ascendieron a decenas de millones de pesos.

La acusación también recupera el primer frente que enfrentó Casanovas: las estafas reiteradas a través de la captación fraudulenta de inversores y la utilización de cheques de pago diferido garantizados con warrants sin respaldo, emitidos por la Compañía Argentina de Warrants S.A., sociedad que él mismo presidía.

En el caso de Bravo, su rol quedó ligado tanto a estas maniobras con cheques y warrants como a la captación de capitales a través del Fideicomiso Ganadero Norte, del que Rosario E-Trade oficiaba como fiduciaria. Según la Fiscalía, fue parte activa en la colocación de títulos falsos y en la promesa de retornos “seguros” que nunca se concretaron, afectando a empresas de peso como Stornini S.A., Hawaii Distribución, Vicente Zacchino S.A., Balcarce 54 S.A. y el Grupo Balestrino, entre otras.

Con este nuevo capítulo, la causa contra Casanovas y su entorno sigue en expansión. El financista, que ya estaba bajo la lupa desde 2024, quedará ahora privado de la libertad al menos hasta febrero, mientras que su esposa afrontará el proceso bajo estrictas restricciones judiciales. El expediente, en tanto, avanza en dos carriles: la captación fraudulenta de inversores particulares y corporativos mediante warrants ficticios, y la presunta manipulación de procesos concursales a través de acuerdos espurios con acreedores para garantizar mayorías en la homologación de convenios.