Querellantes contra la Provincia por el remate de bienes de Casanovas

El remate de bienes vinculados al financista Daniel Casanovas, previsto para el próximo 16 de abril en el salón Metropolitano de Rosario, abrió un fuerte frente de conflicto entre los abogados querellantes de la causa y la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) que actúa, sobre todo en la subasta de bienes decomisados en causas por narcotráfico o lavado de activos.

La subasta incluirá activos de alto valor, entre ellos un avión secuestrado en Entre Ríos en el marco de la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), además de dos vehículos de alta gama. Sin embargo, lejos de ser visto como un avance en el recupero de activos, el proceso generó rechazo entre quienes representan a las víctimas del presunto fraude.

El principal cuestionamiento apunta a que los bienes de un imputado que aún no fue condenado sean liquidados de manera anticipada. “La Aprad tiene un interés en ejecutar los bienes en forma presurosa y sin contemplar que en estos casos son activos con los que cuentan las víctimas para cobrar”, sostuvo el abogado querellante Guillermo Mionett en diálogo con Punto biz.

Según explicó, el problema no radica solo en la venta, sino en el destino de los fondos. A diferencia de otros procesos donde el dinero queda cautelado en una cuenta judicial, en este esquema pasa a la órbita del Poder Ejecutivo provincial. “Si ese dinero quedara depositado judicialmente, vinculado a la causa, no habría conflicto. Pero después recuperarlo se hace dificilísimo”, advirtió.

El planteo también incluye un componente económico que, según los querellantes, erosiona aún más las posibilidades de resarcimiento. Mionett cuestionó el esquema de costos aplicado por la Aprad, que incluye un 20% del valor de venta en concepto de gastos administrativos, además de cargos por guarda y mantenimiento de los bienes. “Le sacan el 20% de gasto de remate, que es una cosa absurda”, afirmó. En el caso del avión, esos costos podrían ser aún mayores debido a los gastos de hangar, lo que impactaría directamente sobre el monto final disponible.

Otro de los puntos sensibles es el circuito que deben recorrer las víctimas para intentar recuperar el dinero. Según el abogado, no existe un mecanismo automático de restitución, sino que deben iniciar gestiones adicionales ante el Estado. “La víctima tiene que ir a reclamar el dinero, no es que se lo ponen a disposición”, explicó, al tiempo que señaló que esto agrega trabas burocráticas a un proceso ya complejo.

Incluso, el cuestionamiento abre un debate más amplio sobre la legalidad del procedimiento. Mionett planteó que el sistema actual fue modificado por decreto en el marco de la emergencia en seguridad, lo que —a su criterio— habilitó una ejecución acelerada de bienes sin contemplar adecuadamente los derechos de las partes involucradas. El abogado también introdujo un argumento que podría ser utilizado por las defensas: la eventualidad de que el imputado resulte inocente. “¿Qué pasa si al final del proceso determinan que es inocente? Ya le liquidaron todos los bienes”, planteó.

Para los querellantes, el problema de fondo es la aplicación de un mecanismo pensado para delitos como el narcotráfico o el lavado de activos —donde no hay un damnificado directo— a causas de fraude entre privados, donde existen víctimas concretas que reclaman recuperar su dinero.

Con este escenario, la subasta del 16 de abril no solo pondrá en juego activos millonarios, sino también el debate sobre cómo deben administrarse los bienes en causas penales económicas y quién debe custodiar los fondos hasta que haya una sentencia firme.