Síndicos se pronunciaron en contra de impugnar a un acreedor de Vicentin

La sindicatura concursal de Vicentin SAIC, integrada por los contadores Diego Telesco, Carlos Amut y Ernesto García, emitió su dictamen sobre la base de cómputo y posibles exclusiones en el proceso de cramdown, y se pronunció en contra del planteo de Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC), quienes habían solicitado que se deje sin efecto el voto de Avir South S.A.R.L., acreedora vinculada al Grupo Grassi.

En su presentación ante el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, los síndicos dejaron en claro que no corresponde excluir votos de acreedores en esta instancia del proceso, y que la base de cómputo debe integrar a todos los acreedores con sentencia firme, incluidos los que fueron reconocidos en incidentes de verificación tardía o revisión. Según detallaron, el listado actualizado totaliza 1.692 acreedores, con un pasivo verificado de $97.782 M, equivalentes a más de u$s840 M al tipo de cambio de referencia.

El dictamen sostiene que el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, que regula el período de concurrencia o "cramdown”, no restringe la participación únicamente a los acreedores incluidos en la sentencia del artículo 36, como pretendían las firmas agroexportadoras.

“Debe entenderse que la norma establece tal limitación sólo para el período de exclusividad mas no para el período de concurrencia”, argumentaron los síndicos, al remarcar que el espíritu de la ley es otorgar “la mayor participación posible a los acreedores, destinatarios en definitiva de las propuestas que realicen los inscriptos”.

En esa línea, subrayaron que la exclusión de votos prevista en el artículo 45 -utilizada como base del reclamo de Molinos y LDC- rige solo para el deudor durante el período de exclusividad. Por lo tanto, su aplicación analógica al cramdown “no debería hacerse sin una remisión legal expresa”.

Aun así, aclararon que podría evaluarse caso por caso si en algún supuesto particular se advierten relaciones indebidas entre los oferentes y los acreedores, pero recién una vez vencido el plazo para la obtención de conformidades.

El pronunciamiento de la sindicatura se da pocas horas después que Molinos Agro y LDC pidieran formalmente excluir el voto de Avir South, argumentando que esa acreencia fue adquirida mediante una estructura financiera offshore que involucraría a sociedades ligadas a Grassi y Cima Investments. Las compañías sostuvieron que permitirle votar “atentaría contra la transparencia del proceso”.

Con la posición expresada por los síndicos, el juez Fabián Lorenzini tendrá ahora la última palabra sobre si admite o no el pedido de exclusión, una decisión clave que podría definir el peso de cada bloque en el cómputo de mayorías del cramdown y, en definitiva, el futuro del salvataje de Vicentin.