Horas decisivas para Vicentin: Grassi denunció a Molinos y LDC

La pulseada por el rescate de Vicentin sumó un nuevo capítulo judicial. En la última semana antes del cese de los plazos para prestar avales, el abogado Guillermo Casanova, apoderado del Grupo Grassi, presentó ante el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista una denuncia en la que acusa a las competidoras Molinos Agro (MOA) y Louis Dreyfus Company (LDC) de desplegar una serie de maniobras ilegales con el objetivo de frustrar el avance de su propuesta en el cramdown de la agroexportadora.

En el escrito al que accedió Punto biz, Casanova señala que, pese a una resolución judicial dictada el 22 de octubre, MOA y LDC habrían continuado persuadiendo a acreedores para revocar los votos que habían otorgado a Grassi SA., desoyendo la instrucción del juez de garantizar la “libre y múltiple elección” de las ofertas. Incluso, la presentación incorpora una captura de un mensaje de WhatsApp que habría circulado entre acreedores, promoviendo la anulación de conformidades ya dadas a Grassi “sin aclarar que tal revocación no era necesaria”.

Según la denuncia, el grupo Molinos–Dreyfus habría planificado además una presentación formal alegando falsamente haber alcanzado las mayorías exigidas por ley, con la intención de “disuadir a los acreedores que todavía no votaron” y frenar el crecimiento del plan encabezado por Grassi. En ese contexto, Casanova sostiene que el abogado de MOA-LDC, Tomás Araya, le manifestó a Mariano Grassi al término de la última audiencia que “si no los integraba a su propuesta, pondrían todas las trabas posibles” y realizarían impugnaciones para impedir la finalización del proceso.

El texto califica estas acciones como potenciales ilícitos penales, dado que inducirían a los acreedores a modificar sus decisiones “con información falsa”, causando perjuicios económicos tanto a ellos como a la concursada y a sus trabajadores. “Buscan evitar que los acreedores elijan la opción de mi mandante, lo que los llevaría no solamente a caer en la opción residual sino también a hacer fracasar el proceso de salvataje”, afirma el escrito.

Grassi advierte además que un fracaso del cramdown derivado de estas maniobras podría empujar a Vicentin a la quiebra, con el consecuente “desguace de la compañía y pérdida de puestos de trabajo”.

La presentación solicita al juez correr vista al Ministerio Público de la Acusación para que investigue los hechos y desestimar las revocaciones realizadas bajo la influencia de MOA-LDC. Asimismo, propone la citación a declarar de varios testigos, entre ellos Tomás Araya, los presidentes de Molinos Agro y LDC Argentina, Mariano Tortul y el presidente de la Unión Agrícola Avellaneda, además de Carla Lupi, a quien vincula con la coordinación de las revocaciones.