Hay datos que no cierran en el concurso de una empresa de seguridad

El concurso preventivo de Blindaje Seguridad SRL sumó un planteo de peso. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), uno de los acreedores relevantes de la compañía rosarina, pidió a la Justicia que intime a la sindicatura a ampliar y aclarar su Informe General después de detectar una serie de inconsistencias que, según el organismo, impiden conocer con suficiente certeza cuál es la verdadera situación patrimonial de la empresa y qué factores provocaron su default.

La presentación lleva la firma de los abogados de Arca Norma Boyle y Patricio Gazze. En el escrito, al que accedió Punto biz, el organismo aclara que por ahora no formula una impugnación formal de las conclusiones de la sindicatura, pero advierte que el informe contiene “afirmaciones que no aparecen suficientemente sustentadas”, información tomada de períodos y fuentes heterogéneos, contradicciones con la documentación utilizada como respaldo y líneas de investigación todavía inconclusas.

Para los representantes fiscales, esas falencias “no constituyen meras imprecisiones formales”, sino que comprometen la posibilidad de conocer con certeza “las causas del desequilibrio, la composición actual del patrimonio, el destino de un endeudamiento bancario de considerable magnitud y la eventual existencia de actos o responsabilidades con incidencia sobre la masa”.

Blindaje tiene como socios formales a Luis Enrique Martínez, también gerente de la sociedad, y Graciela Raquel Brusa. La firma, dedicada a la vigilancia y seguridad privada, quedó en los últimos meses también bajo la lupa por su relación operativa con Vulcano Seguridad SRL, otra empresa rosarina del sector que terminó en quiebra. Pero el nuevo capítulo tiene ahora como protagonista al fisco nacional.

Casi $924 M sin una ruta clara

El planteo más contundente de Arca apunta directamente a los préstamos bancarios tomados por Blindaje desde octubre de 2024. La propia sindicatura había reconocido que al 31 de agosto de 2025 el rubro préstamos bancarios ascendía a $923.775.992,08 y que, pese al análisis realizado, todavía no había podido determinar el destino de ese dinero ni comprobar su trazabilidad.

Para Arca, ahí aparece una contradicción difícil de soslayar. Por un lado, el Informe General afirma que los libros obligatorios de Blindaje están actualizados y cumplen con las exigencias legales. Por el otro, admite que no resulta posible seguir casi $924 M desde su ingreso a las cuentas de la compañía hasta su aplicación final. “La actualización formal de los libros no equivale, por sí sola, a que las registraciones resulten completas, individualizables y susceptibles de conciliación con la documentación bancaria”, advierten los abogados fiscales.

Agregan que, si casi $924 M ingresados mediante financiamiento no pueden rastrearse hasta su utilización, la sindicatura debe precisar si el problema surge de “registraciones globales, asientos carentes de respaldo, ausencia de extractos, falta de conciliaciones, transferencias a terceros no identificados, imputaciones entre cuentas, pagos en efectivo o cualquier otra deficiencia específica”.

La advertencia se vuelve todavía más fuerte por otra circunstancia. El profesional que intervino en el Estado de Situación Patrimonial al 31 de agosto de 2025 se abstuvo de emitir opinión porque no consiguió elementos suficientes para validar distintos componentes patrimoniales. Arca remarca que el propio profesional dejó asentado: “No hemos podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para formarnos una opinión sobre el estado de situación patrimonial de la entidad”.

A eso se suma que ese estado patrimonial fue confeccionado especialmente para la presentación concursal, no consta acompañado de todos sus anexos, no aparece certificado ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y tampoco fue presentado el balance correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2025. Frente a ese cuadro, Arca reclama una reconstrucción prácticamente operación por operación: banco otorgante, fecha del préstamo, monto, cuenta receptora, movimientos posteriores, destinatarios, imputación contable y documentación respaldatoria.

El informe desarma una explicación pero no construye otra

Otro cuestionamiento apunta a las causas del default. Blindaje había explicado su crisis principalmente por la pérdida del contrato con Casa del Médico Mutual, deudas del cliente Ingeconer y el elevado costo laboral.

Sin embargo, la sindicatura relativizó esos argumentos. Determinó que la rescisión con Casa del Médico no produjo una caída sustancial de la facturación, que Ingeconer terminó pagando y siguió como cliente y que Blindaje incluso incorporó 34 empleados en noviembre de 2025, pese a señalar el peso de los costos laborales como una de las razones del desequilibrio.

Para Arca, el problema es que la sindicatura desarma buena parte del relato empresario pero no logra reemplazarlo por una explicación integral. “El informe desarticula buena parte del relato causal de la deudora, pero no lo reemplaza por una explicación positiva, completa y verificable de cómo se produjo y agravó el estado de cesación de pagos”, sostienen Boyle y Gazze.

El organismo recuerda además que los incumplimientos fiscales de Blindaje se remontan a 2022 y que desde entonces se sucedieron convenios de pago que terminaron incumplidos. A eso se sumó, desde octubre de 2024, el fuerte incremento del endeudamiento bancario.

La sindicatura había ubicado precisamente en febrero de 2022 el inicio del estado de cesación de pagos, tomando como uno de los hechos reveladores el incumplimiento de obligaciones fiscales.Ahora Arca reclama que se diferencie con precisión qué hecho marcó el comienzo del default, qué factores lo sostuvieron desde 2022 y cuáles lo agravaron durante 2024 y 2025.

También cuestiona una conclusión que considera circular: se identifica al endeudamiento como un factor que agravó la insolvencia, pero no se sabe en qué fueron utilizados los recursos obtenidos. “La aplicación económica de los recursos obtenidos —extremo indispensable para explicar su incidencia— permanece sin determinar”, advierte el escrito.

Un activo de $715 M armado con distintas varas

El organismo fiscal también objeta la forma en que quedó conformado el activo de Blindaje. La sindicatura informó bienes por $715.664.421,69, pero Arca señala que esa suma combina partidas valuadas en distintas fechas y mediante criterios diferentes.

Los rodados fueron tomados según información registral, mientras que muebles, útiles e instalaciones surgen de un balance de septiembre de 2024. Los créditos por ventas, por más de $203 M, tampoco aparecen suficientemente discriminados por cliente, antigüedad, vencimiento o probabilidad de cobro.

La observación más fuerte, de todos modos, cae sobre un activo intangible denominado “Desarrollo Tecnológico”, valuado en $359.613.756,26. Arca destaca que esa partida había sido eliminada del Estado de Situación Patrimonial de agosto de 2025, pero reapareció en el Informe General sin que se identificaran documentación de respaldo, titularidad jurídica, método de valuación, vida útil, posibilidad de explotación o valor probable de realización.

“No se trata de una cuestión menor”, remarca el organismo, porque el intangible “representa más de la mitad del activo total informado por la Sindicatura”. Por eso reclama que se rectifique o ratifique cada rubro y que se utilice una fecha de corte y un criterio de valuación homogéneos. Mientras se mezclen valores históricos de 2024, saldos de agosto de 2025 y valuaciones registrales posteriores, entiende Arca, el total no puede ser considerado una representación actualizada y consistente del activo concursal.

Otro número llamó particularmente la atención de los abogados del organismo recaudador. El Estado de Situación Patrimonial al 31 de agosto de 2025 exponía un pasivo de $1.703.495.357,04. Sin embargo, el Informe General consigna posteriormente créditos verificados y admitidos por aproximadamente $2.751.768.569,88. La brecha supera los $1.048 M.

Arca señala que no existe una conciliación que permita determinar con claridad si esa diferencia corresponde a deudas omitidas, créditos condicionales, intereses, contingencias, diferencias en las fechas de corte o alguna otra causa. “La diferencia supera los $1.048 millones y no se acompaña una conciliación que permita conocer” el origen del desfasaje, advierte la presentación.

Por eso pide que la sindicatura explique rubro por rubro cómo se pasa del pasivo contabilizado al pasivo finalmente verificado o admitido. El organismo también reclama más precisión sobre los numerosos juicios laborales contra Blindaje. Según advierte, una simple nómina de expedientes no permite conocer el verdadero riesgo patrimonial si no se detallan montos reclamados, estado procesal, probabilidad de pérdida y tratamiento contable.

Una contradicción sobre los aportes de los socios

Arca encontró además una inconsistencia concreta en el tratamiento del capital social. La sindicatura sostuvo que el aumento de capital dispuesto en 2017 había quedado totalmente integrado y que, por ese motivo, no aparecían responsabilidades de los socios vinculadas a ese aspecto.

Pero el organismo fiscal advierte que la propia Nota 4 del Estado de Situación Patrimonial utilizada como respaldo afirma que el capital estaba “parcialmente integrado”. “La contradicción es directa”, sostiene el escrito.

Por eso pide identificar las actas sociales, asientos contables, depósitos bancarios o cualquier otra documentación que permita demostrar cuándo y cómo fue integrado el 75% que había quedado pendiente. Después de esa verificación, la sindicatura deberá ratificar o rectificar su conclusión sobre la inexistencia de responsabilidades de los socios.

El Porsche y el avión también quedaron en la mira

Las operaciones con dos bienes que ya habían provocado cuestionamientos de acreedores particulares también aparecen ahora en el planteo de Arca. Una es la venta de un Porsche. El Informe General había indicado que se pagaron $10 M en efectivo y que el resto del precio fue compensado con facturas emitidas por Lima por servicios de asesoramiento.

Sin embargo, Arca encontró diferencias con la documentación. El boleto fechado el 29 de septiembre de 2022 establece un precio de $17 M, con $2 M abonados en el acto y el saldo en cuotas. Además, aparece una factura por $10 M emitida recién en octubre de 2025.

“Quedan así sin conciliar el precio total, el monto efectivamente pagado al contado, el mecanismo de cancelación del saldo, la fecha de emisión de la factura, la supuesta compensación con servicios y la fecha real de agotamiento de la operación”, cuestionan los abogados fiscales. También advierten que no surge la trazabilidad de los pagos ni el elemento utilizado para afirmar que el precio respondía a los valores de mercado.

El segundo caso es una aeronave cuya venta habría sido documentada mediante una factura de noviembre de 2022. Arca recuerda que todavía existe una consulta pendiente ante el Registro Nacional de Aeronaves. Antes de considerar regular la operación reclama conocer quién fue el adquirente, cuándo se inscribió la transferencia, cuál fue el precio, cómo se realizó y rastreó el pago, cuál era el valor de mercado y si existía alguna relación entre el comprador y la empresa.

“Hasta que esos extremos sean esclarecidos, la afirmación de que no se detectaron actos susceptibles de revocación aparece, cuanto menos, prematura”, concluye Arca sobre este capítulo.

El vínculo con Vulcano no puede esperar a una quiebra

El escrito incorpora además uno de los asuntos más sensibles que atraviesa el concurso: la relación entre Blindaje y Vulcano Seguridad. La sindicatura ya había determinado que Vulcano prestaba servicios de vigilancia para clientes de Blindaje utilizando empleados propios y luego facturaba esas prestaciones. También verificó que, después del cierre de Vulcano, parte de sus trabajadores pasó a Blindaje y que la concursada comenzó a prestar servicios a clientes anteriormente atendidos por la firma quebrada.

Hasta allí, la sindicatura sostuvo que podría existir o no un grupo societario y dejó planteado que el asunto podría investigarse en profundidad ante una eventual quiebra indirecta. Arca cuestiona específicamente esa decisión.

“Esa postergación no resulta compatible con la finalidad actual del Informe General”, sostiene la presentación. Para el organismo, la relación entre ambas empresas puede tener incidencia ahora mismo sobre las causas del desequilibrio, la composición del activo y del pasivo, eventuales transferencias de clientes, personal, contratos o recursos y la eventual responsabilidad de administradores o terceros.

Por eso reclama que se determine desde cuándo existió la operatoria entre ambas compañías, qué contratos la instrumentaron, cómo se facturaban y pagaban los servicios, qué empleados y clientes fueron transferidos y si existieron coincidencias de socios, administradores, apoderados, domicilios, cuentas bancarias o centros de decisión.

Arca aclara que no pide una declaración anticipada sobre la existencia de un grupo económico, sino que se investiguen ahora los hechos relevantes “que no pueden quedar supeditados a un escenario falencial futuro e incierto”.