Familia apuntada por estafa logró el concurso para una de sus empresas

La familia Macchi consiguió abrir una nueva instancia para intentar rescatar una de las empresas que quedaron en el centro de la crisis financiera que estalló el año pasado y que, además de multiplicar los reclamos de acreedores, derivó en una serie de denuncias penales por presuntas maniobras fraudulentas. La Justicia de Cañada de Gómez hizo lugar al pedido de la textil Industrias LV S.A. -una de las empresas del holding familiar- y convirtió en concurso preventivo la quiebra que había sido decretada en marzo pasado.

La decisión fue adoptada por la jueza Julieta Gentile, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de Distrito Nº 6 de la Primera Nominación de Cañada de Gómez . La magistrada dejó sin efecto la sentencia Nº 250 del 19 de marzo de 2026 que había declarado la quiebra de la sociedad dedicada a la producción de ropa de trabajo y dispuso, en cambio, la apertura de su concurso preventivo.

El cambio de escenario es importante para el grupo familiar porque le permite conservar la administración de la compañía y buscar un acuerdo con los acreedores que haga posible su continuidad, en lugar de avanzar hacia la liquidación de los activos propia de una quiebra. La sindicatura quedó integrada por los contadores Jorge Alberto Menegozzi, Víctor Alberto Lioni y María Susana Borzallo. En tanto, los acreedores tendrán plazo hasta el 30 de octubre de 2026 para presentar sus pedidos de verificación de créditos.

Detrás de la decisión judicial aparece ahora el desafío de reestructurar un pasivo considerable. La última consulta disponible en la Central de Deudores del Banco Central, correspondiente a junio, muestra a Industrias LV con obligaciones informadas por $3.025,7 M, distribuidas entre bancos, sociedades de garantía recíproca, mutuales y otras entidades. El registro combina acreencias clasificadas en situación 4 y 5, es decir, categorías que el BCRA identifica respectivamente como "con alto riesgo de insolvencia" e "irrecuperable".

Entre las exposiciones más importantes aparecen Banco Supervielle, con $665,8 M; Nuevo Banco de Santa Fe, con $473,8 M; Banco Nación, con $352,7 M; BBVA, con $237,7 M; Coinag, con $234,3 M; Reba, con $214,2 M; y Banco Macro, con $206,2 M. La situación dista de ser un episodio puntual: distintos registros muestran cómo durante 2025 y comienzos de 2026 varios créditos fueron escalando progresivamente hacia categorías de mayor riesgo.

Una fábrica reducida a la cuarta parte

En diálogo con Punto biz, Juan Manuel Macchi, hijo del contador Abel Ricardo Macchi y vinculado a la conducción del negocio textil del grupo familiar, confirmó que la estrategia apunta a utilizar el concurso para ordenar las obligaciones acumuladas y mantener funcionando la fábrica. "Lo que buscamos nosotros es continuar con la empresa. Hoy la empresa está trabajando con normalidad, obviamente produciendo mucho menos, pero estamos afrontando las obligaciones operativas normales, llamémosle sueldos y cuestiones básicas", señaló.

Según Macchi, recurrir al concurso terminó siendo la alternativa que encontró la firma luego de la declaración de quiebra. "Estamos tratando de seguir adelante y lo tuvimos que hacer mediante el concurso porque no nos quedó otra opción por el pedido de quiebra que nos vino de sorpresa", sostuvo.

La continuidad, de todos modos, fue posible a costa de un fuerte ajuste de la estructura de Industrias LV. De acuerdo con los números aportados por el empresario, la fábrica pasó de producir unas 50.000 unidades a alrededor de 10.000 y actualmente opera con apenas entre el 25% y el 30% de la capacidad y estructura que llegó a tener. El achicamiento también alcanzó de lleno a la plantilla. Industrias LV, que llegó a superar el centenar de trabajadores, tiene actualmente entre 23 y 25 empleados.

Macchi aseguró que el ajuste de personal no se produjo principalmente a través de despidos, sino a partir de la salida de trabajadores a medida que comenzaron los atrasos salariales. Reconoció, además, que quedó un saldo de obligaciones laborales que deberá canalizarse dentro del concurso.

La contracara de semejante reducción es que el punto de equilibrio de la compañía también bajó sensiblemente. Allí está, según la conducción de la firma, una de las claves sobre las que se apoya el intento de salvataje. "Nos achicamos tanto que con muy poca venta nos alcanza. Antes teníamos 3.000 clientes activos y hoy tenemos 500 nada más", explicó Macchi. "Los costos se achicaron terriblemente. Hoy eso es lo que nos permite continuar", sumó.

Qué pasa con las otras empresas de los Macchi

El concurso, por ahora, alcanza específicamente a Industrias LV y no implica que todas las sociedades vinculadas a la familia hayan ingresado en un proceso concursal. Según Juan Manuel Macchi, Macchi Textil, dedicada principalmente al frente comercial y a la distribución de productos, funciona con unas 15 personas.

Sobre esta última, sin embargo, reconoció que su futuro societario está bajo análisis y no descartó que eventualmente también pueda recurrir a una herramienta concursal. La crisis comercial, sostuvo, se profundizó además después de que trascendieran públicamente las denuncias penales. Frente a las acusaciones que describieron un supuesto esquema deliberado de endeudamiento y traslado de pasivos entre sociedades, Macchi evitó entrar en la discusión judicial.

"Fue una campaña mediática complicada hacia nosotros", planteó. "De la cuestión penal mucho no quiero hablar porque están los abogados para eso. Yo me encargo de que la empresa esté vigente. En su momento vamos a hablar del tema; hoy no es el momento", afirmó.

El frente penal sigue abierto

La conversión de la quiebra en concurso preventivo corre por un carril independiente de otro expediente particularmente sensible para la familia: las investigaciones penales que tienen entre los apuntados a Abel Ricardo Macchi, padre de Juan Manuel, y que surgieron a partir de denuncias de distintos acreedores y antiguos vínculos comerciales.

El caso había tomado estado público durante 2025, cuando se acumularon presentaciones que describían distintas operatorias con cheques. Entre ellas apareció la denuncia presentada por el abogado rosarino Agustín Genera en representación de un antiguo socio y cliente del estudio contable de Abel Macchi.

Según aquella presentación, Macchi había sido durante años contador y asesor financiero del denunciante y, en ese marco de confianza, personas de su entorno tenían acceso a las cuentas bancarias del cliente. La denuncia apuntó particularmente a una operatoria de entrecruzamiento de cheques que terminó provocando un perjuicio millonario.

El expediente de Genera se diferencia de otras denuncias porque la figura penal sobre la que intenta avanzar es la de administración fraudulenta. Consultado nuevamente por Punto biz a raíz de la conversión concursal de Industrias LV, el abogado aseguró que la investigación continúa abierta y aportó nuevos detalles sobre las pruebas incorporadas.

"Un empleado de Macchi directamente le manejaba el home banking a mi cliente. Se habían emitido cheques a su favor y se habían dado de baja cheques que tenían ellos en contra", señaló Genera. El querellante sostiene que uno de los elementos centrales incorporados al expediente es el registro informático de las operaciones. Según explicó, las direcciones IP desde las cuales se habrían realizado determinados movimientos bancarios coincidirían con las utilizadas desde instalaciones vinculadas a las empresas de Macchi.

La maniobra que Genera considera más relevante habría ocurrido cuando, según la denuncia, se ingresó al home banking de su cliente para rechazar más de $200 M en cheques. "Esa operación se hizo desde la empresa de Macchi", aseguró el abogado. Se trata, en todos los casos, de hechos denunciados que todavía están bajo investigación y sobre los cuales no existe una definición penal.

Cambió la fiscal y hacen un rastreo patrimonial

Desde la publicación de las primeras denuncias hubo además una modificación importante en la investigación. La causa había quedado originalmente concentrada en manos de la fiscal María de los Ángeles Granato, de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos de Rosario. En diciembre, por decisión de la Fiscalía Regional, cambió de manos y actualmente interviene la fiscal Georgina Pairola.

Genera señaló que todavía no hubo imputaciones y que el expediente avanza a un ritmo menor al que pretende la querella. No obstante, indicó que se están realizando medidas destinadas a reconstruir la situación patrimonial de los investigados.

El objetivo es determinar qué bienes pueden eventualmente ser objeto de medidas cautelares y, fundamentalmente, rastrear movimientos patrimoniales que hayan involucrado tanto a integrantes de la familia como a las distintas sociedades del grupo.

"Ahora están haciendo una investigación patrimonial para ver qué bienes se pueden cautelar", explicó Genera. La búsqueda, agregó, comprende "no sólo a Macchi y su grupo familiar, sino a todas las empresas", con la intención de establecer si existieron activos que hayan salido de los patrimonios investigados.

Parte de ese relevamiento también está siendo impulsado directamente por la querella mediante pedidos de informes a registros de la propiedad y del automotor. Genera adelantó que pretende insistir durante agosto ante la Fiscalía para que, una vez completadas esas medidas, se avance hacia una audiencia imputativa.

Dos hipótesis bajo investigación

El abogado diferenció su denuncia de otro núcleo de presentaciones formuladas contra el grupo. En su caso, la hipótesis de administración fraudulenta se sustenta en la relación previa entre Abel Macchi y su cliente y, especialmente, en el acceso que personas vinculadas al contador habrían tenido a sus cuentas bancarias.

La otra línea que describió Genera es más amplia y coincide con las acusaciones que hicieron otros denunciantes: que las empresas de los Macchi habrían continuado tomando financiamiento y emitiendo cheques cuando sus responsables ya conocían que no estarían en condiciones de afrontar esas obligaciones.

Ese extremo, reconoció el propio abogado, requiere una prueba más compleja porque supone acreditar que, al momento de asumir cada compromiso, los responsables conocían previamente la imposibilidad de pagarlo.

Las denuncias conocidas durante 2025 habían puesto bajo la lupa un volumen de cheques rechazados que los querellantes estimaban por encima de los $10.000 M. En aquel momento se habían conocido presentaciones de la mutual Sport Club Cañadense, Acopio Montes de Oca SRL, una metalúrgica de Carcarañá y el ex socio representado por Genera, entre otros damnificados.

Ahora, mientras ese frente penal continúa abierto, la familia consiguió una resolución favorable en el terreno concursal. Industrias LV ya no está técnicamente quebrada y tendrá la posibilidad de negociar con sus acreedores para intentar sostener la actividad.