Pese al ruido judicial grupo busca evitar el concurso y va por acuerdos privados

La causa que involucra al grupo liderado por el contador Abel Ricardo Macchi sigue generando coletazos judiciales, mediáticos y financieros con foco en los departamentos Iriondo y Belgrano. Sin embargo, mientras la denuncia penal por estafa interpuesta por la mutual Sport Club Cañadense avanza en Rosario, nuevas señales provenientes del entorno empresario apuntan a una estrategia definida: evitar el concurso preventivo en cualquiera de las firmas involucradas en los presuntos desmanejos y continuar cerrando acuerdos privados con acreedores.

Los familiares del principal denunciado a cargo del ala textil del holding aseguran en off que lejos de incrementar su pasivo, la situación comenzó a estabilizarse. Si bien no niegan la cifra de cheques rechazados que, de acuerdo al Banco Central ya supera los $8.000 M, indican que el impacto en la base de deudores viene con delay y hace 15 días que no se emiten más valores. “Quedan algunos salteados, pero prácticamente nada. Estamos trabajando con normalidad, ordenándonos de a poco”, sostienen. Lo cierto es que después del cimbronazo que significó el incumplimiento de los pagos del grupo empresario apuntado por haber tomado deuda de un sinnúmero de actores, hay una masa de acreedores que descree de la posibilidad de que la familia pueda acomodar el pasivo.

Las denuncias radicadas en el fuero penal ahora bajo el paraguas de la fiscal María Teresa Granato giran en derredor del contador Macchi  de quien se sospecha que estructuró un complejo esquema de sociedades y personas humanas que actuaban de manera coordinada para obtener fondeo en distintas entidades, y que una vez asegurados esos fondos, se destinaban al financiamiento interno de las distintas unidades económicas de su propio ecosistema empresarial, hasta que el mecanismo hizo eclosión

Acuerdos sin intervención judicial

Consultados sobre la posibilidad de iniciar un proceso concursal para reestructurar la deuda, al menos por ahora los Macchi son categóricos: “Estamos cerrando acuerdos con prácticamente la totalidad de los acreedores. Por eso hoy no lo vemos como una opción. Siempre y cuando el panorama siga mejorando”.

Los términos de esos acuerdos son variados: de acuerdo a la versión del grupo empresario familiar hay convenios que van desde planes de pago a corto plazo hasta acuerdos de con plazos de 48 meses, en algunos casos con períodos de gracia. La estrategia del grupo parece orientada a ganar tiempo y recuperar aire financiero sin judicializar la crisis, a pesar del volumen de pasivo en juego que a todas luces pareciera incontrolable.

Otro dato que aportan desde Cañada de Gómez es el del achicamiento del plantel de la pata textil del holding, a partir de retiros voluntarios que suman una veintena. Desde el entorno del grupo hacen foco en la necesidad de “bajar el ruido” para facilitar el proceso de normalización desconociendo que la polémica se suscita en realidad a pastor de las denuncias y los aplazamientos de pago.

Abogados desconfían: “La propuesta pierde credibilidad”

No obstante, los abogados querellantes que patrocinan a la mutual y a otros acreedores ponen en duda la versión de estabilidad difundida por los Macchi. En diálogo con este medio, uno de los representantes legales explicó que si bien hubo gestiones para llegar a un acuerdo, “mientras nos hacen una oferta, se filtran videos de ellos diciéndole a sus empleados que no saben cómo van a pagar los sueldos, lo que le quita credibilidad a cualquier propuesta de plan de pago”.

El mismo abogado reveló que ya solicitaron a la Fiscalía que se fije una nueva audiencia para intentar frenar el cobro de cheques aún vigentes. Pero más preocupante aún es la dimensión que podría tomar el pasivo: “Hasta antes de ayer el monto en cheques rechazados ya llegaba a 8.000 millones de pesos, y entendemos que el grueso de la deuda vence entre agosto y octubre. O sea que lo que está rechazado ahora sería apenas el principio”.

Mientras tanto, la causa judicial avanza en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y Complejos de Rosario, la fiscal Granato ya comenzó a recabar documentación sobre los préstamos otorgados al grupo Macchi y solicitó informes al Banco Central y a las entidades financieras involucradas. La intención es verificar si hubo presentación fraudulenta de garantías o un ocultamiento doloso de la real situación patrimonial.

A la denuncia original de la mutual Sport Club Cañadense se sumaron en las últimas semanas planteos similares presentados por la firma Acopio Montes de Oca SRL y una metalúrgica de Carcarañá. En paralelo, en Rosario se celebró una audiencia en la que se resolvió suspender el cobro de cheques entregados al grupo, aún con vencimientos futuros, lo que marca la preocupación por evitar un agravamiento del perjuicio económico.