Presunta estafa de grupo empresario: fiscal de Rosario toma el control

El escándalo financiero que involucra al contador Abel Ricardo Macchi y al entramado de empresas bajo su control no solo se mantiene vigente, sino que escala en el fuero judicial. La denuncia por estafa interpuesta por la mutual Sport Club Cañadense, que destapó la maniobra, ya no se tramita en la fiscalía de Cañada de Gómez: fue derivada a Rosario, donde quedó a cargo de la fiscal María Teresa Granato, especialista en delitos económicos y complejos.

La novedad marca un giro en la causa, que ahora avanza con mayor dinamismo gracias al impulso de una unidad con experiencia en maniobras de defraudación financiera. Según confirmó a Punto biz uno de los abogados que patrocina a la mutual, la fiscal ya comenzó a tomar medidas concretas, como el requerimiento de informes a entidades bancarias y al Banco Central sobre la documentación respaldatoria de los préstamos por más de $84 M otorgados a Macchi y su entorno entre marzo y abril de este año.

“La fiscal Granato nos confirmó que ya solicitó a los bancos toda la información disponible sobre los mutuos y las garantías presentadas. Es documentación clave para demostrar si existió o no una maniobra dolosa”, señalaron desde la asesoría letrada de la mutual que destapó la olla. Los abogados agregaron que, si bien en esta etapa no se prevén allanamientos, “la fiscal fue clara en que si las medidas arrojan indicios firmes de estafa, el objetivo es avanzar con una audiencia imputativa”.

El expediente, que comenzó con la denuncia de la mutual tras el impago de préstamos otorgados a Macchi, sumó en los últimos días nuevos planteos de terceros damnificados. Se trata de la firma Acopio Montes de Oca SRL, oriunda de esa localidad del departamento Belgrano, y de una empresa metalúrgica con sede en Carcarañá. Ambas presentaciones judiciales giran en torno a operaciones similares: cheques entregados al grupo Macchi, algunos ya impagos y otros con vencimientos próximos.

En este contexto, ya se celebró una audiencia impulsada por la firma Acopio Montes de Oca con el objetivo de frenar el cobro de cheques que, aunque aún no vencieron, podrían profundizar el perjuicio económico. “La mayoría de los cheques que entregó la mutual todavía están a fecha, por eso se solicitó suspender por 60 días el cobro, hasta tanto se aclare la situación judicial”, detallaron desde Cañada de Gómez.

La derivación del caso a Rosario se debió, en gran parte, a la falta de estructura del Ministerio Público de la Acusación en Cañada de Gómez, donde solo dos fiscales atienden todos los delitos del departamento. “En Rosario hay unidades especializadas que pueden abordar este tipo de maniobras con mayor profundidad y rapidez. Era necesario este cambio para que la causa realmente avance”, remarcaron los denunciantes.

Desde el entorno del grupo Macchi, Juan Manuel Macchi —hijo del contador Abel Ricardo y responsable de la parte textil del holding— sostuvo días atrás que las empresas siguen operativas y que están en diálogo con los acreedores. Sin embargo, según pudo saber este medio, los defensores legales del clan Macchi ya comenzaron a tomar contacto informal con los representantes de los denunciantes, lo que podría anticipar la intención de buscar algún tipo de salida negociada.