Denuncian sangría de activos en financiera mientras dirimen reparto accionario

El escandaloso divorcio entre Guillermo Magnone y Mariel Abut, heredera junto a su hermana Alicia de un apellido de larga tradición en el mercado financiero rosarino, vuelve a sumar un capítulo. Esta vez, el centro de la disputa está puesto directamente sobre la sociedad de bolsa Abut SA y sobre un interrogante que puede resultar determinante a la hora de terminar de dividir el patrimonio de la disuelta sociedad conyugal. Cuánto valdrán las acciones cuando finalmente la Justicia determine a quién corresponden.

El interrogante no es menor. En un culebrón que sigue Punto biz desde 2022,  Magnone viene reclamando en el fuero de Familia derechos sobre parte de las acciones de Abut SA y sostiene que, mientras ese proceso se demora, dentro de la compañía se produjeron una serie de movimientos que habrían reducido su patrimonio, su estructura operativa y, en consecuencia, el valor económico de los títulos cuya adjudicación todavía se discute.

No existe hasta el momento una sentencia que haya determinado que hubo un vaciamiento de Abut SA. Se trata de una hipótesis denunciada por Magnone, apoyada en documentación societaria que fue incorporando a diferentes presentaciones judiciales. El planteo, sin embargo, adquiere relevancia porque algunas de las transformaciones que ahora cuestiona ocurrieron después de que reclamara medidas cautelares destinadas precisamente a evitar modificaciones sustanciales mientras continuaba pendiente la división de bienes.

Embargaron las acciones, pero no inmovilizaron la empresa

Uno de los puntos de inflexión se produjo en septiembre de 2025. Magnone llevó ante el Juzgado de Familia documentación vinculada con Abut SA y pidió una prohibición de innovar. Su argumento era que, mientras las acciones adquiridas durante la comunidad de ganancias siguieran pendientes de liquidación y adjudicación, debían evitarse cambios que pudieran alterar sustancialmente su valor.

La jueza de Familia, María José Campanella, no hizo lugar a la inmovilización con el alcance solicitado. Mediante la Resolución Nº 1112, del 19 de septiembre de 2025, dispuso en cambio un embargo preventivo sobre el 50% de las acciones de Mariel Abut, al considerar que de esa manera quedaban razonablemente protegidos los derechos patrimoniales en discusión.

Ahí aparece el corazón del planteo que ahora hace Magnone. Una cosa es preservar la cantidad de acciones y otra, muy diferente, preservar aquello que les da valor.

El empresario lo grafica con un ejemplo incorporado a sus planteos. “Si una compañía vale 1.000 y se embarga el 50%, se estarían protegiendo 500. Pero si mientras transcurre el litigio esa misma empresa pasa a valer 200, el embargo sigue alcanzando exactamente el mismo 50%, aunque ahora esa participación represente solamente 100”, expuso en contacto con Punto biz y sumó: “El porcentaje no cambió. Cambió lo que había detrás de las acciones, lo que determina su valor”.

Los movimientos que Magnone puso bajo la lupa

¿Qué ocurrió después de aquella resolución? Allí está precisamente la controversia. Según la documentación societaria incorporada por Magnone, el 3 de noviembre de 2025 se registraron transferencias accionarias a favor de Mariel Abut que, en conjunto, representaban el 50% del capital de Abut SA, consolidándose así su control sobre la compañía. También se redujo el Directorio.

Pero ese mismo día aparece otra operación que Magnone considera particularmente relevante. La tenencia accionaria que Abut SA. poseía en el Mercado Argentino de Valores (MAV) dejó de formar parte del patrimonio de la sociedad y, de acuerdo con las actas aportadas, fue atribuida personalmente a Mariel y Alicia Abut bajo el concepto de “gratificación”. La reconstrucción presentada en sede judicial refiere una asignación del 47,5% para cada una de las hermanas.

Magnone pone el foco además en la coincidencia temporal entre ambas operaciones. Según la documentación analizada, no está determinado cuál fue el precio pagado por el paquete accionario que permitió a Mariel concentrar el control, cómo se abonó ni cuál fue el origen de los fondos utilizados.

Tampoco existe, al menos con los elementos aportados hasta ahora, prueba para afirmar que las acciones del MAV hayan sido utilizadas para financiar aquella adquisición. Precisamente por eso, Magnone pidió reconstruir la trazabilidad de las operaciones.

“¿Existe alguna relación económica entre ambas operaciones realizadas el mismo 3 de noviembre de 2025?”, es uno de los interrogantes que plantea. Para responderlo, sostiene, habría que reconstruir contratos, movimientos bancarios, registraciones contables y el recorrido de las acciones del MAV.

La cartera de clientes también cambió de manos

La transformación de Abut SA. no terminó allí. Un acta del 18 de diciembre de 2025 registra la decisión de negociar la cesión, transferencia o migración de la cartera de clientes de la firma y avanzar con bajas de membresías en mercados como BYMA, MAV y Rofex.

La cartera terminó migrando a Inviu S.A.U., la compañía de inversiones del Grupo Galicia, y la documentación aportada por Magnone no consigna cuál habría sido el valor económico recibido por Abut SA como contrapartida de esa transferencia.

En abril de 2026 se hizo pública además la renuncia de Abut como agente miembro de BYMA y posteriormente se adecuó la estructura de la sociedad a su nueva realidad operativa, quedando como Agente Productor, una categoría diferente de la que históricamente había ostentado la firma.

Para Magnone, todos esos elementos deben analizarse en conjunto porque el valor de una compañía financiera no está dado exclusivamente por su capital accionario. También depende de la cartera de clientes, los activos, las membresías en mercados, los inmuebles, su capacidad para operar y su generación futura de ingresos.

Otra cautelar que tampoco prosperó

Con varios de esos movimientos ya consumados, Magnone volvió a Tribunales. En julio de este año presentó una nueva cautelar específicamente dirigida a las acciones del MAV que habían pertenecido a Abut SA. Según su planteo, no estaba intentando intervenir la compañía ni embargar indiscriminadamente sus bienes, sino seguir un activo que, conforme las propias actas societarias, había dejado el patrimonio de Abut y pasado a manos de personas físicas.

Pidió reconstruir la trazabilidad de esas acciones y alcanzar eventualmente sus dividendos, precio, fondos o los activos que pudieran haberlas sustituido. También reclamó el libramiento de oficios informativos a entidades del mercado.

La jueza Campanella rechazó la cautelar mediante la Resolución Nº 918 del 29 de julio. Entre los fundamentos posteriormente cuestionados por Magnone aparece la separación entre el patrimonio propio de Abut SA y los derechos gananciales existentes sobre sus acciones, además de considerarse que sus derechos ya estaban “suficientemente cautelados” por las medidas anteriores.

Magnone recurrió. Sostiene que el tribunal interpretó su planteo como un intento por cautelar bienes pertenecientes a Abut SA, cuando precisamente estaba pidiendo medidas sobre activos que, según la documental aportada, ya habían salido de la sociedad y estaban en cabeza de Mariel y Alicia Abut como personas físicas. La revocatoria, acompañada de una apelación subsidiaria, continuaba sin resolución de acuerdo con la documentación acercada a Punto biz.

No fue el único planteo. El 20 de julio Magnone también había informado al expediente una serie de hechos societarios posteriores a la primera cautelar. La respuesta judicial fue: “Habiendo la medida cautelar oportunamente dispuesta adquirido firmeza y encontrándose cumplida, estese a lo oportunamente resuelto”.

El empresario volvió a recurrir argumentando que no pretendía revisar lo decidido anteriormente sino incorporar hechos nuevos, ocurridos después de aquella resolución y que por definición no podían haber sido evaluados cuando se dictó. “El peligro inminente que se intentó proteger pasó a ser un hecho real”, sostiene Magnone en su presentación.

Un inmueble clave también está en discusión

En el radar aparece además Santa Fe 1681, el inmueble histórico de los Abut relevante y sobre el cual existe desde 2022 una prohibición de innovar. La documentación societaria muestra que en mayo de 2019 Abut aprobó la capitalización de un aporte irrevocable en especie vinculado con esa propiedad. Se capitalizaron $684.000, el capital social pasó de $5,5 M a $6,184 M y fueron emitidas 1.368 nuevas acciones Clase B: 684 para Alicia Abut y otras 684 para Mariel.

Sin embargo, en otras actuaciones judiciales vinculadas con el sucesorio de Jaime Abut aparece una posición según la cual el inmueble debería ser transferido fuera de Abut SA como consecuencia de obligaciones anteriores.

Magnone plantea entonces otro interrogante patrimonial: si el inmueble finalmente tuviera que salir de la sociedad, qué ocurriría con las acciones que fueron emitidas precisamente como consecuencia de su capitalización.

Un divorcio que llegó al fuero penal

El enfrentamiento tiene varios años y está lejos de limitarse a una discusión sobre Abut SA. Punto biz viene contando desde 2022 las derivaciones penales del divorcio. Una de las más resonantes involucró a Futuros del Sur SA., otra sociedad vinculada al matrimonio que terminó vendida al Grupo Supervielle.

En aquella investigación, el ahora ex fiscal Mariano Ríos Artacho imputó a Mariel y Alicia Abut y a Carlos García Vidal a partir de la denuncia de Magnone. La hipótesis fiscal giraba alrededor de la transferencia que Mariel había realizado en abril de 2019 de su participación en Futuros del Sur a favor de su hermana y García Vidal, antes de que la compañía terminara en manos del Supervielle.

Ríos Artacho llegó a referirse entonces a un posible “acto de simulación de venta”, bajo la hipótesis de que la operación había buscado privar a Magnone de los derechos patrimoniales que reclamaba sobre aquella sociedad.

El culebrón tuvo incluso su contraofensiva. Mariel Abut denunció posteriormente a su exmarido por el supuesto retiro de u$s500.000 de una caja de seguridad perteneciente al matrimonio. Magnone negó públicamente aquella acusación.

La causa Futuros del Sur dejó además un episodio que hoy Magnone utiliza como antecedente para fundamentar su insistencia sobre la necesidad de preservar la trazabilidad de los activos.

En 2023 Punto biz reveló que información digital obtenida durante allanamientos realizados en 2021 no pudo ser sometida al análisis forense esperado. El propio Ríos Artacho explicó entonces a este medio: “Cuando hicimos analizar con los peritos caímos en la cuenta que la extracción forense no se podía analizar porque precisamente esa extracción no se había hecho de manera correcta”.

Entre los procedimientos habían existido allanamientos en Abut SA, el proveedor Don Web y dependencias relacionadas con el contador Alejandro Fortini. Pese al inconveniente con las evidencias digitales, Ríos Artacho sostenía entonces que existían elementos para continuar avanzando con el expediente.

Ese antecedente reaparece ahora en los planteos de Magnone. Su argumento es que, frente a la experiencia anterior, la preservación y trazabilidad de los bienes involucrados en la disputa patrimonial adquiere especial importancia.

Eso no permite afirmar que Futuros del Sur y los actuales movimientos alrededor de Abut SA formen parte de una misma maniobra. Tampoco existe una decisión judicial que así lo determine. Pero explica por qué Magnone viene reclamando medidas para seguir documentalmente el destino de los activos antes de que termine la división de bienes.

La pregunta de los millones

La secuencia que Magnone presenta ante la Justicia es extensa: reducción de actividad, concentración del control accionario, salida de las acciones del MAV, migración de la cartera de clientes, abandono de membresías, renuncia a BYMA, modificación de la estructura operativa y una controversia todavía abierta alrededor de uno de los principales inmuebles de la compañía.

Individualmente, cada decisión podría tener una explicación societaria o empresarial. Lo que Magnone pide es que se investigue y preserve el efecto económico conjunto que tuvieron sobre una empresa cuyas acciones todavía forman parte de una disputa patrimonial irresuelta.