Reconfiguración del mercado laboral argentino: tendencias y desafíos

El mercado laboral argentino atraviesa un proceso de transformación estructural. Si bien los indicadores agregados reflejan un estancamiento general, detrás de estos promedios se observan dinámicas territoriales y sectoriales divergentes que plantean desafíos de largo plazo para el empleo formal. El impacto final de esta reconfiguración dependerá de la capacidad de gestión de las transiciones sectoriales y territoriales.

Evolución del empleo formal privado

Los datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social indican que el empleo asalariado privado mostró un crecimiento desestacionalizado de 0,2% en abril y 0,1% en mayo de 2025, consolidando dos meses consecutivos de expansión, aunque limitada. En lo que va del año, la recuperación asciende apenas a 0,2%, y el nivel de empleo formal privado permanece 1,4% por debajo del registrado en diciembre de 2023.

Esta tendencia se enmarca en un estancamiento de larga duración: entre el cuarto trimestre de 2011 y el primero de 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) acumuló un crecimiento de solo 3%, equivalente a una tasa anual promedio de 0,2%. Durante el mismo período, el empleo asalariado formal creció 3,2% desestacionalizado, también a una tasa anual de 0,2%, lo que implica la creación de apenas 14.700 puestos por año, frente a un crecimiento poblacional de aproximadamente 440.000 personas anuales. Estos datos evidencian una brecha estructural y persistente entre la oferta y la demanda de empleo.

Gráfico 1: Evolución del empleo asalariado privado y Emae. 

En miles e índice 2004=100 (series desestacionalizadas).

Transformaciones sectoriales y territoriales

A pesar del estancamiento agregado, se observan cambios significativos a nivel sectorial y provincial. Algunas regiones y sectores emergentes muestran crecimiento notable, mientras que otros presentan retrocesos persistentes.

Entre 2011 y 2025, Neuquén se consolidó como el principal generador de empleo privado registrado, con un incremento del 65%, impulsado por la expansión de Vaca Muerta y la producción de hidrocarburos no convencionales. Su participación en el empleo privado registrado aumentó del 1,5% al 2,4%, pasando del puesto 12 al 7 en el ranking nacional, con cerca de 150 mil trabajadores asalariados.

En contraste, Formosa y Santa Cruz registraron disminuciones del 10,7% y 6,7%, respectivamente. La caída en Santa Cruz se vincula a la declinación de la producción convencional de crudo, pese a la histórica relevancia del sector petrolero en la provincia.

Gráfico 2: Evolución del empleo asalariado privado por jurisdicción.Variación porcentual entre promedio anual de 2011 y promedio de los primeros 5 meses de 2025 (serie desestacionalizada).

Los sectores con mayor expansión incluyen informática (+74%), servicios públicos y sociales como energía eléctrica, agua y residuos (+35%), y minería y petróleo (+27%). Estos resultados evidencian que los motores del cambio estructural han sido el capital humano calificado, especialmente en tecnologías, y la explotación de recursos naturales estratégicos.

Por otro lado, los sectores más afectados incluyen la industria textil (-30%), servicios inmobiliarios y de alquiler (-27%) y otras manufacturas (-21%), comprendiendo edición e impresión, producción de minerales no metálicos, fabricación de maquinaria de oficina, equipos de radio y televisión, instrumentos médicos y reciclaje. La baja productividad industrial acompañó esta disminución del empleo, indicando que la caída no responde únicamente a mejoras en eficiencia.

Gráfico 3: Evolución del empleo asalariado privado por rama de actividad.

Variación porcentual entre promedio anual de 2011 y el promedio de los primeros 5 meses de 2025 (serie desestacionalizada).

Relación empleo-actividad

El análisis de la sensibilidad del empleo frente a la actividad muestra que los sectores dinámicos ajustan su empleo en mayor proporción que los sectores en retroceso. Por ejemplo, entre 2011 y 2024, la producción industrial cayó 18,5%, mientras que el empleo se redujo 5,2%. En contraste, el sector agropecuario registró una caída de producción de 1,7% y una disminución del empleo del 5,1%, mientras que minas y canteras crecieron 17% en producción y 31,6% en empleo. Esto indica que los sectores emergentes absorben trabajadores con mayor rapidez frente a los cambios de actividad que la industria.

No obstante, la magnitud relativa de cada sector limita la compensación de empleos perdidos. Por ejemplo, la industria emplea más de 1,17 millones de trabajadores, mientras que minas y canteras apenas emplean 95 mil. Para compensar una caída de 1% en la producción industrial, el sector minero debería aumentar cerca del doble su producción para absorber el empleo desplazado.

Fricciones en la transición laboral

Existen dos fricciones estructurales importantes:

1. Desajuste de competencias: el perfil del trabajador industrial, como en la industria textil, difiere del requerido por minería, petróleo o informática, requiriendo capacitación y reconversión profesional.

2. Desajuste geográfico: mientras gran parte de la industria se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los sectores dinámicos se ubican en Patagonia y el noroeste. Esto implica movilidad territorial y costos sociales adicionales.

Estos factores subrayan la necesidad de políticas activas de capacitación y movilidad laboral para garantizar que la transición no genere desigualdad territorial ni tensiones sociales.

Conclusión

La reconfiguración laboral argentina constituye un proceso estructural de largo plazo. La cuestión central no es si el cambio ocurrirá, sino cómo se gestionará. Una política laboral eficaz debería centrarse en formalización, reducción de desajustes de competencias y mitigación de los costos de desplazamiento sectorial. Sin estas medidas, el ajuste corre el riesgo de ser socialmente regresivo, generando mayores desigualdades y fricciones en el mercado de trabajo.

En síntesis, el mercado laboral argentino ya se encuentra en transición. La gestión de este proceso determinará si la reconfiguración productiva se realiza de manera ordenada, sostenible y con menores costos sociales, o si se convierte en una fuente de tensiones económicas y sociales.