Por Redacción
La actualización del IPC implicaba una revisión de la canasta de bienes y servicios y de sus ponderaciones.
El Gobierno nacional decidió postergar la implementación de una nueva metodología para medir la inflación, un cambio técnico que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) tenía listo para aplicar desde febrero y que buscaba actualizar la forma en que se calcula el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La decisión de frenar su puesta en marcha no solo abrió un debate técnico y político, sino que también derivó en la salida de Marco Lavagna de la conducción del organismo.
La actualización del IPC no implicaba una modificación del índice en sí, sino una revisión profunda de la canasta de bienes y servicios y de sus ponderaciones, con el objetivo de reflejar de manera más fiel cómo consumen hoy los hogares argentinos.
Una canasta más actual
El eje central del nuevo IPC era el uso de datos más recientes sobre los gastos de los hogares. Mientras que la medición vigente se apoya en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004-2005, la nueva metodología tomaba como base la encuesta 2017-2018, que muestra un patrón de consumo muy distinto.
En esos más de 20 años, el peso de los servicios creció de manera significativa, mientras que algunos bienes tradicionales perdieron participación relativa. El nuevo índice buscaba capturar ese cambio estructural.
Más peso a servicios y vivienda
Uno de los cambios más relevantes era el aumento en la ponderación de los servicios, en especial los vinculados a la vivienda. El rubro “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” pasaba a tener una incidencia sensiblemente mayor en el cálculo de la inflación, reflejando el mayor peso que hoy tienen las tarifas y los alquileres en el gasto familiar.
También Transporte incrementaba su participación, en línea con el impacto del combustible, el transporte público y los costos asociados a la movilidad cotidiana.
Menor incidencia de alimentos e indumentaria
En contrapartida, categorías como Alimentos y bebidas no alcohólicas y Prendas de vestir y calzado reducían su peso relativo dentro del índice. Esto no significaba que esos precios dejaran de medirse, sino que representaban una porción menor del gasto total de los hogares según los datos más recientes.
Este punto era clave, ya que los alimentos suelen mostrar variaciones de precios más volátiles, por lo que un cambio en su ponderación podía alterar el comportamiento del índice general.
Más precios relevados y mayor precisión
La nueva metodología también contemplaba un aumento en la cantidad de precios relevados y de informantes, con el objetivo de mejorar la representatividad estadística del IPC. Según técnicos del organismo, el cambio permitiría captar con mayor precisión las variaciones de precios en distintos rubros y regiones.
Desde el punto de vista técnico, se trataba de una actualización alineada con estándares internacionales, similar a las revisiones periódicas que realizan otros institutos estadísticos del mundo.
Aunque el nuevo índice estaba listo para entrar en vigencia, el Ministerio de Economía decidió postergar su implementación con el argumento de que no era conveniente modificar la metodología en pleno proceso de desaceleración inflacionaria. El temor oficial era que una baja del IPC pudiera atribuirse al cambio estadístico y no a la política económica.
La decisión generó tensiones internas y derivó en la salida de Marco Lavagna, quien había encabezado el proceso técnico de actualización y defendía la necesidad de aplicar una medición más representativa del consumo real.
Lo que queda en pausa
Con la postergación, el Indec seguirá utilizando una metodología basada en hábitos de consumo que ya no reflejan plenamente la realidad actual. Economistas y especialistas en estadísticas advierten que mantener un IPC desactualizado limita la calidad del dato, clave para negociaciones salariales, ajustes de contratos, decisiones empresarias y política económica.
Por ahora, el nuevo índice quedó en suspenso, sin una fecha definida para su implementación. El debate de fondo sigue abierto: cuándo y en qué condiciones actualizar la medición de la inflación sin afectar la credibilidad del indicador.
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