Principio de acuerdo con fondos buitre por deuda del default de 2001

Argentina alcanzó un principio de acuerdo con dos fondos de inversión que aún mantenían litigios contra el país por la deuda impaga del default de 2001, en un avance que podría cerrar uno de los últimos frentes judiciales abiertos desde aquella crisis.

El entendimiento involucra a Attestor Master Value y Bainbridge Fund, dos acreedores que continuaban reclamando en tribunales de Estados Unidos el pago de bonos que quedaron fuera de las reestructuraciones realizadas tras la cesación de pagos.

La novedad fue comunicada ante la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde se tramita el expediente. En una presentación judicial, los abogados de ambas partes informaron que alcanzaron “un acuerdo de principio para resolver la disputa”, por lo que solicitaron suspender el proceso mientras se formalizan los términos definitivos.

Los fondos involucrados forman parte del grupo de acreedores conocidos como holdouts, es decir, inversores que no aceptaron las reestructuraciones de deuda ofrecidas por Argentina en los canjes de 2005 y 2010, realizados tras el default.

Durante años, estos fondos compraron bonos argentinos en cesación de pagos y luego iniciaron demandas en tribunales internacionales para cobrar la totalidad de los títulos más intereses.

En el caso de Bainbridge, la justicia estadounidense ya había reconocido un reclamo cercano a los 95 millones de dólares más intereses, vinculado a bonos impagos desde el default.

Suspensión de pedidos de embargo

El principio de acuerdo también implica dejar en pausa algunos pedidos judiciales presentados por los fondos para presionar el cobro de la deuda.

Entre ellos figuraba una solicitud presentada en 2025 por Bainbridge para avanzar sobre activos argentinos en el exterior como forma de pago de la sentencia. En ese planteo se mencionaban posibles embargos sobre participaciones estatales en empresas públicas.

Con el avance de las negociaciones, ambas partes pidieron a la magistrada suspender esos procedimientos mientras se termina de cerrar el acuerdo definitivo.

Un litigio que se arrastra desde la crisis de 2001

El conflicto judicial tiene origen en el Default de Argentina de 2001, cuando el país dejó de pagar más de 80.000 millones de dólares de deuda soberana, el mayor incumplimiento de pagos de un Estado hasta ese momento.

Si bien la mayoría de los acreedores aceptó las reestructuraciones posteriores, un grupo reducido de fondos continuó litigando durante años en tribunales internacionales para reclamar el pago total de los bonos.

Gran parte de esos conflictos se resolvió en 2016, cuando el país alcanzó acuerdos con la mayoría de los holdouts y logró volver a emitir deuda en los mercados internacionales.

El entendimiento con Attestor y Bainbridge podría ahora cerrar uno de los últimos litigios pendientes vinculados al default de comienzos de siglo, aunque los detalles del acuerdo todavía no fueron difundidos oficialmente.