Debió cerrar dos plantas y caranchos le armaron mil demandas pero la puede contar

Cuando en 2010 el cepo a las exportaciones obligó a Grupo Mattievich a cerrar dos de sus  frigoríficos, sus directivos no intuyeron que lo peor aún estaba por venir. La masa de trabajadores desocupados se convirtió en un caldo de cultivo para caranchos y en poco tiempo la firma se encontró con 1.000 demandas, y se generó un perjuicio que sólo pudo ser desactivado -al menos en parte- luego de varios años.

El apoderado legal de Mattievich, Miguel Polo, reveló que dentro del universo de profesionales que participan del negocio se encuentran no sólo abogados y médicos, sino también otros actores: “En un caso donde recibimos telegramas enviados por trabajadores a los que le habían falsificado la firma. Detectamos quién era el funcionario del correo que estaba metido en la jugada, lo denunciamos y presentamos pruebas, pero lamentablemente la Justicia nunca lo condenó con el argumento que no se había acreditado un perjuicio”, comentó.

La historia de Mattievich sirve para ilustrar los estragos de la industria del juicio. "Los peores años para nosotros ya pasaron, pero hoy sigue siendo difícil competir porque solo por ser santafesinos las ART nos cotizan pólizas con 2 o 3 puntos más de alícuotas", afirmó.

Es que la lógica de las ART responde a las reglas generales del negocio asegurador: un crecimiento de la siniestralidad repercute en el valor de las contrataciones. Consecuencia del alto número de litigios que acusó la compañía al comienzo de la década, la aseguradora comenzó a incrementar la alícuota, que llegó hasta un 35%. 

Debió transcurrir un año hasta que consiguieron que otra ART les otorgue una alícuota menor. “El problema es que las aseguradoras actúan en cartel. Uno está en una ART que pasa un aumento, y cuando recurro a otra ya está anoticiada del incremento y cotiza por arriba. Entonces es imposible salir”. Por aquel entonces el techo del costo de una póliza lo ponían las propias aseguradoras.   

Mattievich también debió entonces batallar en el terreno administrativo: en 2014 lograron que la Superintendencia de Riesgos Trabajo estableciera un tope del 20% en las alícuotas para la industria manufacturera. 

Así fue que por fin lograron cambiar de ART, y los cambios se reflejaron en una alícuota menor y también en una aceitada comunicación de parte de la aseguradora que permitió disminuir el número de juicios. “La primera empresa carecía de estructura y ni siquiera informaba sobre la aparición de las demandas. Hasta se dio el caso de tener trabajadores que ganaban un juicio por incapacidad para una actividad pero seguían realizando las mismas funciones, y Mattievich no estaba al tanto”, recordó el letrado.

El duro discurso del presidente Mauricio Macri en la reactivación de un frigorífico de Carcarañá que el grupo Mattievich había cerrado en 2010 no fue obra de la casualidad. Allí el jefe de Estado denunció a las mafias de los juicios y le reclamó al gobernador Lifschitz por la postergada adhesión de Santa Fe a la nueva ley de ART, luego de escuchar de boca de José Mattievich, líder del grupo, el relato de su propia experiencia. 

Tras ese reto de Macri los tiempos se aceleraron, y todo indica que el tratamiento de la adhesión a la reforma por parte de la Legislatura está al caer. De concretarse, una de las compañías que más sufrió la industria del juicio quedará como protagonista de su desaparición. Una historia circular, al mejor estilo Cortázar, pero aplicada al tejido productivo santafesino.