Nueva demanda contra Vicentin arrastra a KPMG: acreedores reclaman u$s 25 M

En la audiencia en la que se imputó a los máximos responsables de Vicentin por presunta estafa, el fiscal Miguel Moreno planteó que “los motivos que los llevaron a delinquir fue sanear la catástrofe empresarial y hacérsela pagar a bancos y productores de granos”. Pues bien, esa acción penal tiene también su cara civil, en el marco de una demanda por daños y perjuicios, en el que se reclaman más de u$s25 M a directores, ex síndicos y auditores.

El reclamo agrupa por ahora a un grupo de 15 acreedores granarios, que reclaman una reparación civil e integral por el daño que generó la “maniobra fraudulenta” que significó el default anunciado en diciembre de 2019. Para los letrados patrocinantes -el estudio Robiolo & Asociados-, a la fecha se reunió importante prueba respecto que los balances previos a la crisis “son absolutamente falsos”.

La demanda se tramita por un carril independiente al resto de las causas que por ahora generaron mayor caudal informativo, tanto la mencionada en el fuero penal como la del concurso preventivo. Aquí, se apunta contra los responsables de los actos que se entienden contrarios a la ley, reclamando el resarcimiento de las pérdidas sufridas por el incumplimiento de los contratos, así como también en los perjuicios mediatos que hayan surgido.

Lo relevante de esta presentación -cuya jurisdicción deberá definir la Corte Suprema santafesina, tras la declaración de incompetencia de juzgados de Rosario y Reconquista- es que se interpone contra directores y síndicos de la agroexportadora, así como también contra KPMG, auditor certificante de los balances.

Así, se confirma lo que Punto biz relatara en agosto de 2020, cuando anunciaba que el derrumbe de Vicentin podría arrastrar a la consultora internacional, a propósito de una medida de aseguramiento de pruebas en las oficinas de KPMG en las torres Nordlink, que había ordenado la Justicia rosarina, tras un reclamo por “negligencia grave”.

En el marco de las audiencias por esa causa iniciada en 2020, la consultora presentó un seguro de responsabilidad profesional de Allianz, lo que genera entusiasmo entre los iniciadores de la acción civil, porque entienden que ello alimenta las posibilidades de éxito en la gestión del resarcimiento, que por ahora se eleva a u$s 25 M.

Para los denunciantes, KPMG actuó negligentemente frente al faltante patrimonial, lo que se advierte ante la falta de resguardo dentro de los papeles de trabajo del listado de contratos de mercadería a fijar. También advirtieron inexistencia o la falta de resguardo dentro de los papeles de trabajo de la firma auditora de un respaldo detallado del stock al cierre del ejercicio 2018.

En julio de 2020, este medio reveló parte de la documentación interna de KPMG, preparatoria del balance 2019, que luego nunca se terminó presentando oficialmente. Allí se destacaba que al 31 de octubre de 2019 -fecha de cierre del último ejercicio previo al default-, las cuentas contrastaban fuertemente con las cifras presentadas por la propia empresa al momento de solicitar el concurso preventivo, lo que agigantaba sospechas sobre maniobras irregulares.

La acción se fundamenta principalmente en el fraude civil perpetrado por una doble vía: por un  lado mediante la adulteración de los balances contables de Vicentin, ocultando un faltante patrimonial de entre u$s 500 y 1.000 M, con la finalidad de obtener endeudamiento en perjuicio de sus acreedores; por otro, el armado de una sofisticada estructura societaria con sociedades holding y off shore financiadas por la propia Vicentin, dejando activos fuera del alcance de los acreedores.