Por Redacción
Los principales acreedores de la cerealista rechazaron ante el alto tribunal el planteo de una firma agropecuaria que paralizó el concurso. ¿Qué argumentan?
Acreedores bancarios que integran el comité de control del concurso de la cerealista Vicentin rechazaron el planteo interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia por la firma Commodities. A través de una presentación ante el alto tribunal argumentaron que la convocatoria de acreedores asegura una doble instancia de impugnación para los procedimientos cuestionados, que la prolongación de los tiempos concursales y la incertidumbre suman problemas a un cuadro de situación ya de por sí complicado, y advirtieron que la habilitación de alternativas -en particular la de un cramdown- significarían un “salto al vacio”.
La presentación judicial sobreviene a una audiencia celebrada en la Legislatura provincial, cuando un director de Vicentin, Estanislao Bougain, defendió de visitante la posición de la concursada, ante un coro de voces cuestionadoras de las actuaciones de Vicentin y del propio concurso que se lleva en Reconquista. Allí convergieron diputados provinciales (Luis Rubeo, Ruben Gustiniani, Carlos del Frade), sindicalistas de Reconquista, Mariano Grassi (de la firma Commodities), el abogado Gustavo Feldman, y los fiscales provinciales Sebastián Narvaja y Miguel Moreno. Entre los críticos habituales que siguen de cerca el concurso de acreedores sólo faltó un representante del Banco Nación. Sí estuvo el exdirector Claudio Lozano, recientemente desplazado de la conducción del banco oficial, mientras que aún se desconoce cuál será el rumbo que tomará la entidad oficial con relación a Vicentin la nueva presidente, Silvina Batakis.
Los apoderados afirman en su escrito que el “planteo del acreedor Commodities no justifica la intervención en esta instancia de la Corte Suprema, porque “resta tramitar instancias esenciales del procedimiento por medio de las cuales inquietudes o alegaciones como las que formula el acreedor Commodities pueden ser debidamente encausadas y resueltas en el marco y bajo el esquema que a esos efectos prevé la ley de concursos y quiebras”.
Advierten que se trata de un planteo “endeble” que además ocasiona demoras en el procedimiento y puede llevar a perjuicios mayores que el daño que se buscaría conjurar. El cuadro de situación generado -siguen los apoderados- pone en riesgo los contratos de fason, y la caja de Vicentin se consumiría hasta impedir el pago de obligaciones básicas como salarios e impuestos, en cuestión de meses.
Plantean además que la ley de concursos y quiebras prevé mecanismos explícitos para tramitar los planteos de fraude y gravedad institucional como las que argumenta Commodities. “Dentro del plazo legal previsto en el artículo 50 todos los acreedores que así lo deseen podrán formular impugnaciones a la propuesta. Y como mayor resguardo, está garantizada además la doble instancia: sea que el juez admita o rechace las impugnaciones a la propuesta, su decisión será apelable”.
Y en la misma línea, agregan: “No existe en el repertorio de jurisprudencia nacional o provincial (en todo el territorio del país) un caso en el que un pronunciamiento sobre si una propuesta concursal resulta o no abusiva o formulada en fraude a la ley, haya sido resuelto por una instancia superior mediante una vía excepcionalísima como la avocación, sin que se hubiera cursado el trámite legal de impugnaciones y pronunciado sobre la viabilidad o no de la propuesta el propio juez natural de la causa, en ejercicio de las amplísimas facultades que el artículo 52.4 de la ley confiere al juez del concurso”. Por eso, concluyen los apoderados, no tiene sustento la “pretendida inexistencia de otros medios eficaces que pregona Commodities”.
En el escrito se sostiene que la paralización del trámite desprotege a los acreedores, más aún en un contexto económico que sumó complicaciones para la actividad cerealista, por la suba de los costos energéticos, mayores costos laborales y por la baja calidad de la semilla entregada a Vicentin para fazonear, debido a cuestiones climáticas. “La prolongación del statu quo actual perjudica sobremanera a los acreedores, ya que, además de la demora en el cobro de sus acreencias, en un contexto económico desfavorable, se pone en serio riesgo la continuidad de los contratos de fazón para el año 2023”.
El texto de los bancos acreedores también le apunta a la alternativa de un cramdown fogoneada por Grassi, al señalar que "sólo existe una única propuesta, la ofrecida por ACA, Bunge y Viterra, y nadie tampoco ha presentado una alternativa concreta sobre a qué tipo de arreglo podría arribarse en un escenario de cramdown”. Con ese panorama, opinaron que “ingresar en una etapa de cramdown con total improvisación y sin que haya diseñado ni siquiera una propuesta tentativa para esa instancia crítica … representa un verdadero salto al vacío”.
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