El gobierno endurece el cerco contra el comercio ilegal de semillas

El Instituto Nacional de Semillas (Inase)  tomó dos medidas tendientes a combatir el comercio ilegal de semillas. Por un lado, notificó a los acopios y exportadores que reciben granos de soja que deberán retener y conservar muestras de soja de aquellos productores que no realizaron la declaración jurada correspondiente a una resolución dispuesta en 2015 (Res 187/15). Para ello, adjuntó un listado de casi 2.000 grandes productores que no cumplieron con dicha norma y que por tal motivo no podrán hacer uso propio, así como serían pasibles de multas.

 
Asimismo, informó a los integrantes del Sistema Bolsatech, que en el marco de las tareas de control y vigilancia del mercado de semillas que realiza el Inase solicitará que a aquellos recibidores de granos -tanto sea acopios como exportadores- que no cumplan con lo dispuesto por las resoluciones oficiales en la materia (Res 207) se les suspenda la matrícula en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (Ruca). 
 

 
Como parte de estas medidas, el Inase puso en marcha el Sistema de Retención y Análisis Obligatorio que permitirá la detección de la variedad utilizada por los productores que no han presentado su declaración jurada. El mismo se mantendrá vigente hasta tanto el productor regularice su situación ante el Registro de Usuarios de Semillas, es decir, que cumplimente su declaración jurada de origen de semillas.
 

 
Según el Inase “la falta de cumplimiento de la declaración jurada normada por la Resolución Nº 187/15 genera un perjuicio a los titulares de las variedades que siembran”, y por lo tanto el mismo debe ser determinado y, eventualmente, sancionado.
 
 

De esta forma el Inase fortalece el sistema de control estatal desarrollado por el Ministerio de Agroindustria con el consenso de la cadena de la soja. El sistema Bolsatech cuenta con más de un 95% de operadores participando en el sistema. La suspensión de la matrícula en el Registro Único de Operadores (Ruca) llevaría al sistema a contar con un 100% de participantes, y eliminaría la competencia desleal de los pocos operadores que aún intentan trabajar fuera del marco legal y que generan grandes perjuicios para aquellos que operan en la legalidad.