Pidieron documentación siguiendo una ruta de dinero narco. Los desarrolladores niegan vínculos con una inmobiliaria sospechosa.
Un sorpresivo operativo de fuerzas federales alteró la calma habitual de Puerto Norte cuando agentes irrumpieron en las oficinas de la desarrolladora Grupo Roma. El procedimiento fue ordenado por el fiscal federal Juan Agustín Argibay Molina, al frente de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), en el marco de una investigación que busca reconstruir movimientos financieros vinculados a operaciones inmobiliarias bajo sospecha.
En concreto, los uniformados se presentaron en la sede de Avenida Carballo 186, dentro del complejo Ciudad Ribera, para requerir documentación vinculada a la inmobiliaria JR Negocios Inmobiliarios, bajo la hipótesis de que dicha firma habría sido absorbida por Grupo Roma.
De acuerdo a información que pudo recolectar Punto biz de fuentes ligadas a la causa, los agentes buscaron documentación vinculada a la venta de tres lotes. Presuntamente, esos terrenos habrían sido adquiridos por una persona ligada a una banda narcocriminal cuya operatoria quedó al descubierto a fines de 2025, tras el secuestro de 53 kilos de cocaína y la detención de 13 personas.
En esa línea, la Procelac intenta determinar si existieron maniobras de lavado de activos a partir de operaciones de compra-venta de terrenos. La lupa también está puesta sobre JR Negocios Inmobiliarios, que supo tener oficinas en calle Balcarce al 600, aunque actualmente ese local permanece cerrado.
Consultado por Punto biz el día después del operativo, Pablo Cofano, uno de los titulares de Grupo Roma, negó que la desarrolladora tenga relación societaria con la inmobiliaria investigada. “Hicimos operaciones con dicha firma como lo hemos hecho con un sinnúmero de agentes inmobiliarios”, afirmó.
Desde la empresa agregaron que “la desarrolladora había vendido dos lotes en 2019 a personas ligadas a la investigación, los cuales cuentan con la debida justificación de fondos de la operación y la trazabilidad UIF exigida por ley. La desarrolladora cumplió con sus obligaciones y entregó toda la información a los fiscales Andrés Carro Rey y Argibay Molina”.
En relación a una tercera operación bajo análisis, fuentes ligadas a Grupo Roma indicaron que la misma nunca se concretó. Según explicaron, “solamente existió una reserva entre el imputado y una inmobiliaria externa, no vinculada a la desarrolladora, que estaba comercializando lotes que no eran de propiedad de Grupo Roma”.
Cofano insistió además en que “no se trató de un allanamiento”, sino de “una orden de presentación para requerir información”, en el marco de una investigación en curso.
La causa tiene como trasfondo el accionar de una organización dedicada al tráfico, acopio y venta de cocaína que ingresaba desde Bolivia mediante vuelos hacia la provincia de Salta y luego se distribuía al menudeo en distintas localidades del sur santafesino. En ese contexto, los investigadores avanzan ahora sobre la ruta del dinero, con foco en eventuales operaciones inmobiliarias utilizadas para blanquear fondos ilícitos.
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