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Política

En jaque

Tensión en VGG: la EPE y la cooperativa chocan y peligran 33 barrios

Tensión en VGG: la EPE y la cooperativa chocan y peligran 33 barrios

Por Redacción

La EPE reclamó mayor transparencia en los números de la distribuidora local.

Villa Gobernador Gálvez atraviesa una de las crisis energéticas más delicadas de los últimos años. La Cooperativa Integral de la ciudad —encargada de la distribución local— reconoció una deuda millonaria con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y advirtió que podría avanzar en cortes programados en 33 barrios populares, medida que encendió alarmas políticas, sociales y empresariales.

La carta enviada al ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, fue el punto más caliente de un conflicto que se arrastra desde hace meses. La cooperativa planteó que su situación financiera es “insostenible” y que no puede seguir afrontando el pago de la energía que compra a la EPE debido al alto volumen de conexiones clandestinas: según sus estimaciones, hasta el 42% del consumo en VGG proviene de enganches ilegales.

La EPE reaccionó de inmediato y rechazó la posibilidad de que la cooperativa ejecute cortes masivos. Su presidenta, Anahí Rodríguez, calificó la medida como “una salida parcial” que no resuelve el problema de fondo y reclamó mayor transparencia en los números de la distribuidora local, además de un plan concreto para regularizar a miles de usuarios informales.

Desde la empresa estatal señalan que la deuda, que rondaría los 6.000 millones de pesos, viene creciendo de manera sostenida y que la cooperativa no presentó aún un plan de pago viable. También remarcan que VGG debe mejorar sus sistemas de control, reducir pérdidas técnicas y avanzar en la instalación de medidores en barrios populares.

El conflicto no solo enfrenta a la cooperativa con la EPE: también involucra al municipio. El intendente Alberto Ricci reconoció la gravedad del escenario y advirtió que un corte masivo, en pleno ingreso a la temporada de calor, podría poner en jaque la “paz social” en los sectores más vulnerables. Solo en las zonas afectadas viven unas 30.000 personas, muchas en asentamientos sin regularización eléctrica.

Ricci llamó a conformar una mesa de diálogo urgente entre Provincia, cooperativa y EPE, y reclamó inversiones específicas para normalizar barrios enteros. “Tenemos que lograr que esas familias tengan un medidor y empiecen a pagar la energía, porque si no la deuda va a seguir creciendo”, sostuvo.

Otro punto de tensión es el acceso a la tarifa social. La cooperativa denuncia que, a diferencia de otros municipios, los usuarios de VGG no pueden acceder al régimen de tarifa social de la EPE, lo que agrava la falta de capacidad de pago y amplifica las deudas.

Por su parte, la empresa provincial sostiene que la cooperativa debe adecuar su sistema de registro de usuarios para que el beneficio pueda aplicarse sin distorsiones.

 

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