La reforma llegó a Diputados con respaldo mayoritario de cámaras empresarias

A más de un mes de su aprobación en el Senado, con 41 votos a favor contra 25 negativos, el debate por la reforma de la ley de biocombustibles llegó a la Cámara de Diputados con respaldo mayoritario de las cámaras productoras, aunque con diferencias sobre cómo se distribuirá el negocio. La iniciativa busca elevar los porcentajes de mezcla obligatoria en naftas y gasoil y modificar las condiciones de participación de las empresas en el mercado interno.

La Comisión de Energía y Combustibles recibió a representantes de las industrias cerealeras, azucareras y energéticas para analizar el proyecto. El oficialismo apunta a avanzar con su tratamiento antes del cierre del período de sesiones ordinarias, previsto para el 30 de noviembre.

Durante el encuentro, el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, calificó la iniciativa como una ley histórica y sostuvo que permitirá saldar deudas con las provincias. Sin embargo, desde el sector empresario remarcaron que el texto aprobado en el Senado incorporó cambios respecto de la propuesta original del Poder Ejecutivo.

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), destacó el papel de los gobiernos provinciales y los senadores en la construcción del acuerdo. Si bien reconoció que la propuesta no conforma plenamente a todos los actores, consideró que representa el mejor entendimiento posible en el contexto actual.

Más mezcla y nuevas reglas para el sector

Patrick Adam, de la Cámara de Bioetanol de Maíz, sostuvo que el régimen vigente está agotado y resulta impracticable. Según planteó, la reforma permitiría que la industria retome una senda de crecimiento con una agenda moderna, competitiva y transparente, además de generar impacto en la industria automotriz.

En la misma línea, Jorge Luis Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino, consideró que el proyecto representa una oportunidad para el sector y las economías regionales. También señaló que 65 países cuentan con porcentajes obligatorios de mezcla de biocombustibles y advirtió que Argentina no debería desaprovechar sus recursos productivos.

Desde Ciara, Idígoras marcó que existe un consenso amplio en torno al bioetanol, mientras que las diferencias se concentran en el biodiésel. El dirigente señaló que muchas empresas locales y de inversión regional realizaron inversiones bajo las reglas actuales y que un cambio en las condiciones puede afectar su actividad. Aun así, pidió acompañar la reforma para establecer reglas que permitan competir en el mercado interno y mejorar las posibilidades de acceso a mercados externos.

La postura fue diferente entre las pymes productoras de biodiésel. Federico Martelli, director de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), coincidió en la necesidad de modernizar el régimen, pero cuestionó que la reforma pueda llevar a la quiebra a cinco pymes y concentrar el negocio en seis grandes aceiteras.

Martelli también reclamó elevar el corte obligatorio de biodiésel al 12,5%. El objetivo, explicó, es generar un mercado interno permanente que permita a las pequeñas y medianas empresas competir por el abastecimiento, en lugar de perder participación frente a compañías integradas que controlan distintas etapas de la cadena productiva.

Qué cambia con la reforma

El proyecto plantea elevar el corte obligatorio de bioetanol del 12% al 15%. De ese total, un 6% correspondería al bioetanol de caña de azúcar, otro 6% al de maíz y el 3% restante quedaría sujeto a la competencia. Además, ninguna empresa podría superar el 20% del mercado.

En el caso del biodiésel, la propuesta establece aumentar el corte del 5% al 10%, con una transición de 12 meses durante la cual se ubicaría en el 7,5%. El esquema contempla dos segmentos, uno para compañías integradas y otro para empresas no integradas, con una participación reservada para estas últimas.

El proyecto fija un límite del 10% del mercado para cada empresa y establece una reducción gradual de la participación reservada a las compañías no integradas. El porcentaje bajaría al 6,5% al año de sancionada la ley, al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y al 4% entre 2031 y 2036.

Entre los cambios previstos también figura la eliminación de los precios máximos, que serían reemplazados por una referencia vinculada al valor exportable. Además, se delimitan las condiciones para ampliar los porcentajes de mezcla y se habilita a las provincias a incrementar los cortes en situaciones específicas.