Armarán entes para las licitaciones en Santa Fe, arrancando con la ex Rural

En cuestión de días, ingresará a la Legislatura provincial un proyecto de ley que prevé la creación de entes jurídicos no estatales entre los municipios cabecera de la zonas metropolitanas y el Gobierno provincial para la administración de proyectos de impacto urbano. 

De ser sancionada, la nueva norma abarcará desarrollos en los que, además del aporte de un bien municipal, la Provincia pone a disposición un bien propio o realiza una inversión directa. Los impulsores de la ley argumentan que el principal objetivo es evitarle a los desarrolladores una negociación a dos bandas, con el Estado santafesino y el de la localidad involucrada, acerca de las compensaciones y derechos involucrados.

Los municipios alcanzados por la ley serían los principales centros metropolitanos de la provincia, Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista, siempre y cuando sus administraciones públicas así lo deseen.

La propuesta fue consensuada por el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el gobernador Maximiliano Pullaro. Tomando como punto de referencia la transformación del predio municipal de la Ex Rural, Javkin propuso la creación de un ente con el fin de unificar la representación de los dos niveles del Estado frente a los potenciales desarrolladores.

El diputado radical Julián Galdeano es uno de los legisladores encargados de dar las puntadas finales al proyecto de ley que, se estima, no debería tener mayores demoras para su aprobación dadas las mayorías oficialistas en las dos Cámaras provinciales.

El Arena del Parque de la Independencia, el punto de referencia

En diciembre del año pasado, el Concejo de Rosario aprobó la construcción de un microestadio con aforo para 13.000 personas en el predio donde se ubicaba la ex Rural. El desarrollo demanda una inversión de 10,5 millones de dólares por parte de la provincia. El objetivo es vea la luz en los Juegos Odesur de 2026 y que luego se concesione a un privado su explotación por el período de 30 años.

En ese caso, se acordó que la municipalidad arme los pliegos para la licitación entera del predio de la ex rural y un futuro ente, fideicomiso asociación o comisión, compartido con la Provincia, lleve adelante la adjudicación y la administración de la concesión. 

El desarrollo de la ex Unidad Penitenciaria número 3 también es sugerido como posible caso testigo del futuro trabajo del Ente público. La manzana ubicada en la intersección de las calles Zeballos y Richieri tendrá salida al mercado pronto, ya sea para la venta, concesión o transformación mediante obra pública.

Lo que buscan Rosario y Santa Fe a través de un organismo unificado es colocar ese terreno provincial junto a otros de propiedad municipal a modo de pool para que resulte más atractivo para los inversores. A metros del terreno que alguna vez albergó una cárcel se encuentran dominios públicos como la Secretaría de Control y Convivencia.

Los responsables, tras analizar diferentes alternativas, se volcaron por la creación de un ente, al estilo del Enapro, a cargo de la administración del Puerto de Rosario, o el que regulaba al Aeropuerto Internacional de Rosario, que luego fue reemplazado por una empresa pública de la provincia. Según estos, adecuar la legislación provincial a los nuevos entes simplificará las negociaciones y brindará mayores certezas a los inversores.

La creación de fideicomisos públicos fue duramente cuestionada por Javier Milei tras su llegada al poder por la falta de auditorías y rendiciones fehacientes que permitan establecer un control real de los gastos asignados. En la ley ómnibus original que impulsó el presidente, estaba incluído el recorte de más de 2.000 millones de pesos en fondos para lo que llamó “cajas negras de la política”.

Pese a que el primer intento falló, la sanción definitiva de la Ley de Bases facultó al Ejecutivo a “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos”. Hasta julio de este año, Nación había disuelto el 90% de los mismos y tenía en la mira continuar con los cierres. Algunos de los primeros en caer fueron el Fondo Nacional de Emergencias, el Fondo Fiduciario Progresar y el Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

Con los Odesur en la mira

La decisión de habilitar la creación de entes se tomó con un ojo puesto en la realización de los próximos Juegos Odesur. El evento deportivo tendrá lugar del 12 al 16 de septiembre del año entrante en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela. La demanda de infraestructura y transformación del espacio público fue el principal motor de la idea.

Como ejemplo de la puesta en funcionamiento del ente entre Rosario y la Provincia también se menciona el caso de las comisarías abandonadas en la ciudad. El Estado santafesino prevé construir en esos solares plazas cerradas, como las que existen en la ciudad de Buenos Aires, una por cada uno de los quince países que competirán en los ODESUR.

Estos “puntos verdes”, previstos para estar abiertos durante el día y cerrados durante la noche, pasarían a ser de dominio público del Estado. Según los impulsores de la ley, en estos casos, la provincia demolería el edificio, parquizaría el terreno y aportaría mobiliario, luego la ciudad se haría cargo del mantenimiento.

Otro de los ejemplos de reconversión de bienes públicos se daría en las centrales transformadoras de energía eléctrica, como la denominada Bajo Catamarca o la ubicada en Dorrego y Cochabamba. Según los mismos legisladores que trabajan en la norma, la modernización tecnológica vuelve menos espaciosas estas instalaciones y sucesivamente se darán más transformaciones en este tipo de inmuebles.