Nueva Side: el Gobierno le da más poder y cambia el sistema de inteligencia

En el primer Boletín Oficial de 2026, el Gobierno publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025 (DNU), que establece una amplia reforma de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, con cambios estructurales en la organización, funciones y conducción del sistema. La norma fue publicada en el Boletín Oficial y modifica de manera sustancial el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side), que pasa a concentrar la dirección estratégica del esquema.

El objetivo central es concentrar el sistema nacional de inteligencia bajo la conducción de la SIDE, que conduce Cristian Auguadra. Incluso ampliar su capacidad operativa a partir de la confluencia de información con otros organismos y la eliminación de un órgano vinculado a las fuerzas armadas. No obstante, sus responsables insisten que también se incrementarán los controles sobre el organismo, un punto que no abonan desde la oposición.

Las versiones sobre una serie de “reformas de segunda generación” al universo de la inteligencia nacional tal como lo presentan desde el Gobierno circulan hace tiempo y crecieron tras el desplazamiento de Sergio Neiffert en el contexto de una interna fría que se vivió en el organismo y que se mantiene latente en el Ejecutivo, más allá de la aparente distensión.

Quizás por ello un dato que no pasa desapercibido es que la reestructuración del sistema de inteligencia incluye un control explícito por parte de Jefatura de Gabinete, a través de la Secretaría de Innovación. Siendo que la SIDE forma parte del campo de influencia del asesor todoterreno Santiago Caputo -aún y quizás a raíz incluso del cambio de cúpula reciente-, el punto de control desde el ministerio coordinador que comanda Manuel Adorni, recostado sobre el vértice opuesto del Triángulo de Hierro, no resulta menor.

Más agilidad

Acorde a información de fuentes del Ejecutivo, lo que se busca es reordenar y profundizar el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional, con eje en una mayor concentración, integración y conducción estratégica en la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side). La iniciativa, que se apoya en las modificaciones ya introducidas por el Decreto 614/24 y propone cambios sobre la Ley 25.520, es presentada como un paso clave para “modernizar el sistema, adaptarlo a amenazas contemporáneas y dotarlo de mayor control y legitimidad institucional”.

En los considerandos del decreto de indicó que la reforma apunta a eliminar superposiciones normativas, ordenar competencias, fortalecer los controles internos y mejorar la articulación entre organismos, en un contexto marcado por nuevas amenazas tecnológicas, criminales y geopolíticas. El Ejecutivo justificó la decisión en la necesidad de actuar con rapidez y recurrió al mecanismo constitucional del DNU ante la imposibilidad de esperar el trámite legislativo ordinario.

Uno de los ejes centrales de la norma es la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), un ámbito interinstitucional permanente que integrará a los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), las áreas de inteligencia de las fuerzas armadas, policiales y de seguridad federales, y otros organismos del Estado con competencias afines. Este espacio funcionará bajo la conducción de la Secretaría de Inteligencia de Estado, con el objetivo de coordinar y centralizar la producción de inteligencia estratégica.

En paralelo, el decreto crea la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), integrada por ministerios y organismos públicos que, sin producir inteligencia en sentido estricto, aportarán información relevante para el análisis estratégico nacional. Entre ellos figuran los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia, Seguridad Nacional, el Registro Nacional de las Personas, la Dirección Nacional de Migraciones, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Autoridad Regulatoria Nuclear y la Dirección General de Aduanas, entre otros.

Otro cambio clave es la separación formal entre ciberseguridad y ciberinteligencia. El DNU crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), como organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que será la autoridad nacional en materia de protección del ciberespacio, infraestructuras críticas y activos digitales estratégicos. En paralelo, la ex Agencia Federal de Ciberseguridad pasa a denominarse Agencia Federal de Ciberinteligencia, enfocada exclusivamente en la producción de inteligencia en el dominio digital.

En materia de seguridad estratégica, la norma dispone que la Agencia de Seguridad Nacional cambie su denominación por Agencia Nacional de Contrainteligencia, y redefine sus funciones para orientarlas exclusivamente a la identificación y análisis preventivo de amenazas, como espionaje, sabotaje, injerencia e influencia extranjera, evitando superposiciones con las tareas de investigación criminal de la Policía Federal Argentina.

El decreto también introduce una definición explícita de la contrainteligencia dentro de la ley, incorporando un nuevo artículo que detalla su alcance y establece la obligación de aplicar medidas pasivas de seguridad en todo el Sector Público Nacional, bajo responsabilidad de los titulares de cada organismo.

Otro punto relevante es el ordenamiento de la inteligencia militar. El DNU dispone la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, dependiente del Ministerio de Defensa, y transfiere sus funciones y recursos a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de eliminar una superposición histórica y mejorar la eficiencia del sistema.

En cuanto a los controles internos, la División de Asuntos Internos pasa a denominarse Inspectoría General de Inteligencia, con mayores atribuciones para realizar auditorías, investigaciones internas, inspecciones y evaluaciones sobre el uso de recursos, la eficacia operativa y la integración funcional de los organismos que integran el sistema.

La reforma también refuerza el poder de conducción de la SIDE, que será el órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional, con facultades para aprobar presupuestos, controlar gastos de inteligencia -incluidos los gastos reservados- y centralizar la designación y remoción de los titulares de los organismos desconcentrados.

Finalmente, el DNU habilita de manera expresa a los organismos de inteligencia a solicitar apoyo técnico o logístico de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad federales y policías, bajo autorización del Secretario de Inteligencia, y establece que todas las actividades de inteligencia revisten carácter encubierto por su sensibilidad estratégica.

Tal como lo establece la legislación vigente, el decreto será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá expedirse sobre su validez. Mientras tanto, el Gobierno avanza con una de las reformas más profundas del sistema de inteligencia desde la sanción de la ley en 2001, con el argumento de mejorar la eficiencia, la coordinación y el control democrático del esquema.