Para escriturar en Tierra de Sueños ahora habrá que ir a la Justicia

La disputa judicial que mantienen la Municipalidad de Roldán con la desarrolladora Aldic -responsable de Tierra de Sueños- sumó nuevos inconvenientes para las familias que aún deben tramitar la escrituración de sus lotes.

A pedido del Ejecutivo, el juez Fabián Bellizia -a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 12- dictó una serie de medidas para resguardar el patrimonio de la firma y asegurar que cumpla con las obras de infraestructura comprometidas. Entre ellas se destaca la inhibición de bienes de la empresa por unos $100 M.

Es por ello que mientras no se arribe a un acuerdo entre las partes, los que posean un boleto de compra venta a su nombre -pero no la escritura- deberán conseguirse un abogado y comenzar un procedimiento en los Tribunales provinciales que habilite la transferencia del dominio del inmueble. El juzgado solicitará autorización al municipio y recién allí se podrá hacer el trámite de escrituración.

"Si bien la demanda de incumplimiento es por tareas faltantes en Tierra de Sueños 3, como el patrimonio de la firma está inhibido, si hay una persona que compró en la segunda etapa y no escrituró también debe hacer el trámite, porque cada lote que transfiere Aldic implica una disminución de su patrimonio", contó a Punto biz la secretaria Legal y Técnica de Roldán Paula Minuchi.

La funcionaria explicó que no se conoce el número de familias afectadas por esta medida, porque dicha información sólo está en poder de la empresa. Asimismo, indicó que cuando solicitaron información al Registro de la Propiedad se encontraron con que sólo podían entregarle datos en tandas de 10 terrenos diarios. "Habíamos hecho el cálculo y tardaríamos más de un año", comentó sorprendida.

Entre sus tres etapas, Tierra de Sueños loteó unas 6.000 parcelas, siendo la última la más ambiciosa, con más de 4.000. Fue allí donde se comprometió a realizar una serie de obras que luego incumplió, entre las que se destacan pavimentación de trazados, mejorado de calles, forestación y desagües pluviales.

La intendencia comenzó el juicio en 2017 y logró firmar un convenio en marzo de 2018, pero nunca se hizo efectivo. Es por ello que ahora el Municipio pidió la inhibición, "para asegurar los derechos de la gente que vive en el barrio", dijo Minuchi.

El juez Bellizia concedió a finales de diciembre el pedido y decretó la inhibición por $100 M, monto que consideró suficientes para encarar las obras faltantes. "Ahora van a tener que contestar la demanda y luego ingresaremos en el período de producción de pruebas", explicó la funcionaria, quien se mostró cauteloso en prever cuándo se podrá obtener sentencia firme sobre el caso: "Es muy difícil, habrá que ver cómo se dan los tiempos procesales", aclaró.