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Judiciales

Acusan que no tienen respuestas oficiales

Vecinos de Pichincha iniciarán juicio al Municipio por la falta de controles

Invocan la ley 10.000 de intereses difusos, exigiendo que se cumpla con la normativa vigente.

Luego de varios meses sin recibir respuestas satisfactorias a sus demandas, los vecinos de Pichincha decidieron iniciar un reclamo judicial ante el Municipio, con el objetivo de devolverle al barrio parte de la tranquilidad que sienten perdida como consecuencia del boom gastronómico que vive la zona. Invocarán la Ley provincial 10.000 de intereses difusos, con la mira puesta en obligar a las autoridades a cumplir con la normativa vigente.

La situación que les toca vivir a los vecinos del barrio no es nueva. Sin embargo, entienden que desde la última vez que fueron atendidos por las autoridades (marzo) la situación lejos de resolverse se agravó, por lo que tras ingresar dos peticiones formales -una para ser atendidos por la Intendencia y otra para exponer en la comisión de Labor Parlamentaria del Concejo- llegó el momento de iniciar acciones a través de los Tribunales Provinciales.

Desde lo jurídico, el reclamo se basará en la ley 10.000 de intereses difusos, la misma que fue utilizada en otras ocasiones por grupos de rosarinos que sintieron vulnerados sus derechos, como por ejemplo los linderos al Autódromo o al ex Batallón 121. Se trata igualmente de un caso bien diferente, claro está.

En concreto, lo que se exigirá es que se apliquen las normativas vigentes, fundamentalmente las vinculadas a los controles en relación a factor ocupacional y ruidos molestos. Los vecinos están terminando de armar la presentación, que estará acompañado por la firma de un millar de personas que apoyan el reclamo.

"Vamos a pedir que se cumpla la ley, nada más", contó a Punto biz una de las personas que integra el grupo, formado sobre finales del año pasado, cuando la apertura de nuevos locales trastocó definitivamente la cotidianeidad del barrio.

Los vecinos fueron recibidos en dos ocasiones por la intendenta, una en febrero y otra en marzo. Fruto de esas reuniones desde el Municipio se comprometieron a reforzar los controles e incluso se reglamentó un decreto que creaba una comisión para seguir el tema (tanto para dictaminar sobre nuevas habilitaciones y renovaciones como para revisar las otorgadas en los últimos tres años).

Sin embargo, desde el barrio entienden que esas soluciones no alcanzan: "Lo cierto es que no se aplican las normas. Lo que se hizo fue poner paliativos, nada más", agregaron, al tiempo que aseveraron que nunca fueron convocados para cotejar un relevamiento que los vecinos hicieron con lo actuado por el Municipio.

25.06.2019 05:53 | Fuente: punto biz

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