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Negocios

🔒Siguen detenidos

Los nuevos delitos que derivaron en la detención de Guardati y de Torti

Socios de Guardati Torti declaran ante el juez y pueden quedar detenidos 
Patricio Dobal

La Fiscalía hizo un pormenorizado detalle de los nuevos hechos que derivaron en que el juez Postma les retirara a los financistas el beneficio de la libertad.

E fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Sebastián Narvaja hizo un pormenorizado detalle de las maniobras que le sirvieron para pedir la imputación de los financistas Juan Carlos Guardati y Angel Torti, detenidos el miércoles. Ambos socios fueron notificados de la comisión del delito de colusión en dos hechos en concurso real en grado de consumado y en carácter de coautores y quedaron bajo el régimen de la prisión preventiva.

En la lectura de los episodios que hizo Narvaja se valió de un convenio escrito celebrado por Guardati y Torti el pasado 6 de junio con el acreedor concursal Germán Darío Delgado, en el que se pactó el pago de u$s65.000 en cuatro cuotas a liquidar, la primera el 29 de octubre de 2022 (u$s20.000), el 29 de diciembre de 2022 (u$s20.000), el 30 de junio de 2023 (u$s15.000) y el 29 de diciembre de 2023 (los u$s10.000 restantes). El acuerdo, siempre de acuerdo a la lectura de la Fiscalía definió como contraprestación que Delgado preste conformidad respecto de la propuesta concursal de Guardati Torti SA que se sustancia en el fuero civil y comercial y cuyo expediente está hoy en período de exclusividad. Vale aclarar que el crédito verificado por Delgado representa el 5% del total del rojo verificado en el acuerdo, hecho que no es menor si se tiene en cuenta que la compañía intenta llegar a la mayoría del 60% del capital verificado para que se homologue su acuerdo concursal.

Narvaja además relató otro episodio a partir de un segundo escrito rubricado el 8 de junio pasado, entre Guardati y Torti y el acreedor verificado Martín Fernández. El convenio en cuestión pactó el pago de u$s7.000 a liquidar a las 24 horas de homologado el acuerdo preventivo del concurso. El pacto definió que sumado a esa reparación económica, Fernández procedería al cobro judicial del monto verificado en el concurso. El documento suscrito definía como contraprestación para Fernández, prestar conformidad de la propuesta concursal.

Para sostener la acusación, Narvaja se apalancó en copias de los acuerdos que se obtuvieron de una allanamiento realizado el martes en la Escribanía Prémoli, con sede en el microcentro rosarino.

El pedido de la Fiscalía al juez Postma incluyó la prisión preventiva, debido a que tanto Guardati como Torti, ya imputados por otros ilícitos en el fuero penal, gozaban del beneficio de la libertad, siempre que no incurrieron en un nuevo delito.

 

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