Sindicatura bajo la lupa: qué pasa con los créditos en la quiebra de Herrera

Un verdadero escándalo se desató en las últimas horas a partir del pedido de remoción de los síndicos e la quiebra de Luis Herrera que hicieron los abogados Alejandro Gurfinkel y Yanina Suberville, patrocinantes de un grupo de acreedores del financista rosarino que entró en quiebra y que además está imputado en el fuero penal por quedarse con plata ajena. El planteo hecho ante el juez de primera instancia en los Civil y Comercial de la 4ta Nominación, Nicolás Villanueva, ahora genera interrogantes. ¿Qué pasará con la sindicatura que fue apuntada por compartir los mismos abogados de Herrera, a quien tienen que controlar? ¿Si se remueve la sindicatura, caen también toda la verificación de créditos que se llevó adelante y que venció hace pocos días?

La pelota está en la cancha del juez Villanueva que es quien debe resolver este “incidente” y ahora pedirle argumentos a la sindicatura para ver si reconoce o no los hechos y una vez con esa información resolver. Hay un elemento que pesa. A ningún juez le parece estar en boca de todos por semejante caso y quizás opte por avanzar en la remoción. En tal caso hay algunos letrados que incitan en que si se sortea una nueva sindicatura la quiebra entra en foja cero.

En tal caso, todas las actuaciones realizadas hasta el momento quedarían borradas para volver a encararse. Eso implicaría la verificación de créditos que algunos actores ligados al expediente indican que podría ser superior a los u$s40 M.

No obstante, existen abogados civilistas que plantean que si se cambian los contadores que sirven hoy de asistentes de la Justicia en el expediente de quiebra, Villanueva optaría por dar como válida toda la verificación de créditos, quedando en manos de los nuevos síndicos la revisión de los todos los créditos verificados en el marco del informe individual que queda pendiente de entrega.

Consultados por Punto biz, abogados que representan a la denunciante que canalizó el pedido de quiebra inicial que precipitó la apertura del trámite en el fuero civil, se permitieron dudar de los elementos que condujeron la solicitud de remoción de la sindicatura y hasta deslizaron que el propio Herrera pudiese estar detrás de la maniobra. Bajo el supuesto de que todas las actuaciones hechas hasta el momento pudiesen caer por nulidad absoluta, insistieron en que el único beneficiado sería el propio Luis Herrera.

Los argumentos del pedido de remoción de los síndicos

 De acuerdo a la denuncia, por lo  menos dos de los tres contadores que integran el estudio designado para actuar como  sindicatura concursal -Los contadores Eleonora Riva y Gabriel Palmero-, tienen como asesores  letrados por lo menos desde el año 2016 al estudio jurídico que asiste a Herrera.  

Siempre siguiendo la presentación que en todo caso el juez Villanueva deberá considerar o desestimar, el estudio contable compuestos por los socios Riva, Palmero y Sergio García tienen constituido domicilio legal en la ciudad de Rosario, en el domicilio del estudio jurídico de los abogados que representan a Herrera, en calle San Martín al 700. Esa misma situación, siempre de acuerdo a la versión de los denunciantes, se repite en las ciudades de Santa Fe, Casilda, Cañada de Gómez, San Lorenzo y  Villa Constitución.

La docencia va más allá. Los letrados de los acreedores que al parecer descubrieron la maniobra indican que la contadora Riva es asistida jurídicamente por el estudio que representa a Herrera en por lo menos tres procesos de quiebra abiertos en la ciudad de Rosario, dos de ellos, en el mismo juzgado donde tramita la quiebra de Herrera. Es decir, la 4ta nominación, a cargo de Villanueva.

El planteo indica que las constancias que avalan la acusación son posteriores a la declaración de quiebra del financista. Los denunciantes hablan de que la sindicatura intentó ocultar tal información designando otro profesional para que los asesore y pidiendo se cambie el domicilio legal que tenían denunciado desde mucho tiempo antes a su designación para este proceso. El esquema había servido para no dejar en evidencia el vínculo con los abogados de Herrera. 
 
De acuerdo a la Ley de Quiebras y Concursos, en caso de encontrarse la sindicatura con una causal que la inhabilite para ejercer el cargo, debe excusarse dentro del término de 5 días de haber sido designada y la omisión de esta comunicación es considerada una falta grave que puede dar lugar a la aplicación de sanciones previstas en la propia ley.