Caso Luis Herrera: denuncian a los síndicos que tramitan la quiebra

Con el plazo de verificación de créditos ya cerrado y ala espera de la presentación del informe individual, los síndicos que intervienen en la quiebra del financista en default Luis Herrera ahora enfrentan una grave acusación. Es que dos letrados rosarinos les apuntaron  los contadores designados por el Poder Judicial para intervenir en el expediente con la sospecha de que comparten los mismos abogados que el propio Herrera

La denuncia en cuestión, a la que tuvo acceso Punto biz, fue realizada por los abogados Alejandro Gurfinkel y Yanina Suberville, apoderados de un grupo de acreedores de Herrera y fue presentada en las últimas horas ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 4° Nominación de Rosario, a cargo del juez Nicolás Villanueva, quien en su momento habilitó la quiebra y con su firma dio el aval para la designación de la sindicatura.

De acuerdo a la denuncia, por lo  menos dos de los tres contadores que integran el estudio designado para actuar como  sindicatura concursal -Los contadores Eleonora Riva y Gabriel Palmero-, tienen como asesores  letrados por lo menos desde el año 2016 al estudio jurídico que asiste a Herrera.  

Siempre siguiendo la presentación que en todo caso el juez Villanueva deberá considerar o desestimar, el estudio contable compuestos por los socios Riva, Palmero y Sergio García tienen constituido domicilio legal en la ciudad de Rosario, en el domicilio del estudio jurídico de los abogados que representan a Herrera, en calle San Martín al 700. Esa misma situación, siempre de acuerdo a la versión de los denunciantes, se repite en las ciudades de Santa Fe, Casilda, Cañada de Gómez, San Lorenzo y  Villa Constitución.

La docencia va más allá. Los letrados de los acreedores que al parecer descubrieron la maniobra indican que la contadora Riva es asistida jurídicamente por el estudio que representa a Herrera en por lo menos tres procesos de quiebra abiertos en la ciudad de Rosario, dos de ellos, en el mismo juzgado donde tramita la quiebra de Herrera. Es decir, la 4ta nominación, a cargo de Villanueva.

El planteo indica que las constancias que avalan la acusación son posteriores a la declaración de quiebra del financista. Los denunciantes hablan de que la sindicatura intentó ocultar tal información designando otro profesional para que los asesore y pidiendo se cambie el domicilio legal que tenían denunciado desde mucho tiempo antes a su designación para este proceso. El esquema había servido para no dejar en evidencia el vínculo con los abogados de Herrera. 

De acuerdo a la Ley de Quiebras y Concursos, en caso de encontrarse la sindicatura con una causal que la inhabilite para ejercer el cargo, debe excusarse dentro del término de 5 días de haber sido designada y la omisión de esta comunicación es considerada una falta grave que puede dar lugar a la aplicación de sanciones previstas en la propia ley. 
En diálogo con Punto biz, desde el estudio jurídico denunciante expusieron que “la sindicatura debe aconsejar al juez acerca de los acreedores que pretenden ser reconocidos como tales en la quiebra de Herrera. ¿Cómo  podrá actuar objetivamente si por otra parte los abogados de Herrera (que son sus  abogados), van a intentar que sean reconocidos la menor cantidad posible y de ese modo  bajar el pasivo a pagar?”.

Al margen del plexo probatorio que debe evaluar el juez civil y comercial Villanueva, la sola denuncia constituye un nuevo escándalo en el sonado caso junto cuando acababa de vencerse el plazo de verificación y amenaza con derribar el trámite. “El juez debe comprobar estos datos y resolver la situación a  la brevedad ya que estamos en una etapa muy sensible en este momento que es la de determinar qué acreedores van a ser reconocidos como tales en la quiebra y cuáles no y  la sindicatura en esta instancia tiene un rol fundamental”, mencionaron los denunciantes.

Vale aclarar que la quiebra de Herrera es solo uno de los trámites judiciales en los que el financista está como protagonista, ya que en el fuero penal Herrera y su familia están imputados por los delitos de administración fraudulenta y estafa en una causa que instruye la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a cargo del fiscal Miguel Moreno.

El propio Moreno citó oportunamente a la acreedora de Herrera que pidió la quiebra en el fuero civil y comercial bajo sospecha de que la demandante pudiese haber operado en connivencia con el financista como mecanismo para licuar el pasivo. Esta denuncia ahora agrega nuevos interrogantes sobre la transparencia de la quiebra.