Se picó entre el Gobierno y los empresarios en Idea: "No hicieron nada"

No asistió el presidente Javier Milei al 61° Coloquio de Idea, pero igual hubo viri viri político. Terminó la tradicional cumbre de grandes empresarios en el Sheraton de Mar del Plata y dejó algunos cruces picantes entre el Gobierno y los representantes del mundo de los negocios que, sin llegar a  fuego cruzado, condimentaron el ida y vuelta.

En el discurso de cierre, Santiago Mignone, actual presidente de Idea, aprovechó para achacarle al oficialismo la volatilidad de los últimos días. “No podemos, en Argentina, tener una economía que tiembla cada dos años producto de un proceso electoral y por la irresponsabilidad de sus actores. Que por llevar agua para su molino no miden el daño que causan con su accionar. Porque en cada uno de esos vaivenes estamos los argentinos. Porque en cada uno de esos vaivenes se produce una enorme transferencia de recursos, afectando, normalmente a los menos favorecidos y generando mayor pobreza. Ya no hay espacio para seguir dilatando las soluciones”, dijo.

“Lamentamos la ausencia de aquellos gobernadores y funcionarios que no han podido venir”, expresó el titular de Idea. El evento contó con la presencia de Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger, de varios gobernadores (Martín Llaryora, Ignacio Torres, Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio y Leandro Zdero), y el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo a distancia (el primero envió un mensajea que transmitió el portavoz Manuel Adorni), Mignone habló de los políticos que invitaron y no asistieron.

Otro panel de empresarios que no aflojaron con el ajuste de clavijas al Gobierno fue el que protagonizaron los titulares de La Anónima, Sinteplast, Quilmes y Raizen. "El Estado se tiene que poner los pantalones con la evasión, hay 4 puntos del PBI en juego. Me llama la atención que no se combata en serio”, disparó Nicolás Braun, director de Idea y gerente general de Supermercados La Anónima, quien, junto a sus colegas de panel, criticó con dureza la voracidad fiscal. “La Argentina tiene los niveles más altos de impuestos e informalidad y eso afecta al consumo: el Estado se toma el 50% de la cerveza”, dijo, y miró cómplice a Martín Ticinese, presidente en Cervecería y Maltería Quilmes, quien lo convalidó: “El happy hour es uno y uno”. 

Braun focalizó en la brecha que existe entre empresas formales y la expansión del canal informal. Según explicó, el nivel de evasión en el comercio llega al 55% y la informalidad laboral se sitúa cerca del 60%. “Con una utilidad promedio apenas superior al 2%, los supermercados pueden ver cómo el monto de impuestos sextuplica márgenes considerados razonables”, dijo, y disparó: "Gana el que evade, no el que invierte".

Devolvió el guante

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lanzó una advertencia directa a los miembros del sector privado respecto al estancamiento en la reforma laboral.

Ante unos 1.000 hombres de negocios que lo escuchaban atentamente en el principal auditorio del hotel, Sturzenegger sostuvo que el Gobierno otorga libertad para rediseñar contratos laborales, pero los empresarios no avanzan. “El año pasado pedí que levanten la mano quienes estuvieran resolviendo el tema del cese laboral, pero no hizo nada nadie”, expresó, subrayando que la administración decidió delegar esa responsabilidad en el sector privado y, en su diagnóstico, este no adoptó ninguna medida concreta.

El ministro se refería puntualmente a los cambios impulsados desde el Gobierno para que cada sector defina, en su negociación colectiva, si quieren continuar con el actual esquema de indemnización o buscar un fondo de cese al estilo del que rige en el sector de la construcción. Pero como dijo el funcionario, hubo poco avances al respecto.

“Nosotros lo armamos con Julio Cordero (secretario de Trabajo) y le pasamos a ustedes la responsabilidad de resolver este tema. El año pasado, ¿se acuerdan? Dijimos: ´definan ustedes el contrato laboral, pero tiene que ser win-win entre la empresa y el trabajador´“, afirmó el ministro. Y agregó: ”No voy a pedir que levanten la mano, que ya sé que nadie hizo nada. Entonces, el Gobierno les da a ustedes la libertad para rediseñar el contrato laboral y no hacen nada. No será tan grave el problema porque si no, no se entiende. O quizás están esperando otra cosa, bueno, eso ya lo verán ustedes", señaló Sturzenegger.

Alta carga impositiva sobre el trabajo

En otro tramo de su intervención, Sturzenegger abordó el problema de la informalidad y la falta de generación de empleo registrado durante la última década. Señaló: “La Argentina lleva diez años sin sumar empleo formal y la mitad de su fuerza laboral es informal”. Según su visión, el sistema actual impone una “alta carga impositiva sobre el trabajo” y agregó que existe una atención desproporcionada sobre las retenciones a las exportaciones agrícolas, pero escasa discusión sobre los impuestos laborales.

El funcionario también cuestionó la estructura de los convenios colectivos de trabajo y la aparición de lo que denominó “peajes”, es decir, costos compulsivos para trabajadores y empresas embebidos en las convenciones. Calificó estos cargos adicionales como “impuestos privados ilegales” y explicó que el decreto 149/25 busca prohibir tales aportes obligatorios desde la parte empleadora. “Todavía hay quienes los siguen pagando o presentan cautelares, pero insisto en que la capacitación debe ser voluntaria”, planteó, en referencia a la medida presentada por la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado advirtió sobre el impacto de los costos ocultos en los salarios y la competitividad empresarial Christian Heit
A su criterio, estos peajes afectan el salario neto que percibe el trabajador y el costo total de contratación que asumen las empresas, generando distorsiones en la competitividad y los precios al consumidor.

Los “peajes” en cada sector

Para ilustrar el impacto de esos recargos, Sturzenegger se refirió a varios ejemplos sectoriales. En el caso del gremio de camioneros, los “peajes” equivalen prácticamente a $1 millón por año y por trabajador, mientras que en el gremio de porteros de la Ciudad de Buenos Aires esa suma asciende a un $1,3 millón. En comercio, $800.000. “A la larga, lo paga el consumidor, porque es aumento de la estructura de costos”, argumentó el ministro.