Nuevo código laboral avanza en medio de la puja entre empresarios y abogados

La reforma del Código Procesal Laboral, aprobada en marzo en Santa Fe para reducir la litigiosidad, empieza a mostrar resultados. En paralelo, un nuevo proyecto impulsado por el sector empresario genera críticas entre abogados laboralistas y vuelve a poner en debate el funcionamiento de la Justicia laboral santafesina.

Como muestra de avance de la implementación, hace unos días la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dispuso, por medio de acordada, que determinadas pericias médicas vinculadas con accidentes y enfermedades laborales sean realizadas exclusivamente por el Cuerpo Médico de Peritos Especializados del Poder Judicial. La decisión alcanza a los juicios abreviados en los que se discuta únicamente el porcentaje de incapacidad del trabajador. “Con esta acordada se les da más profundidad al Cuerpo y podrán tomar más cantidad de pericias”, sostuvo Cristian Bergmann, coordinador de la Red de Instituciones por la Producción y dirigente de Fundación Apertura, en diálogo con Punto biz.

También empezó a aplicarse de forma gradual el nuevo esquema de cobro de honorarios para peritos, que se fija una escala según el tipo de pericia, sin vinculación directa al monto del juicio. Desde el sector productivo sostienen que esto “comienza a evitar porcentajes de incapacidad inflados en las pericias”.

Nuevo round entre empresarios y abogados

Si bien el avance fue recibido por la Red como una señal de que la reforma comienza a traducirse en cambios operativos, también sostienen que aún quedan cambios pendientes para atacar el aumento de juicios en la Provincia. En esa línea, la entidad ingresó en la Legislatura un nuevo proyecto para modificar el Código Procesal Laboral, con propuestas que incluyen cambios en la caducidad de expedientes, embargos preventivos, registro audiovisual de audiencias y una instancia obligatoria de conciliación previa.

La iniciativa no tardó en sumar críticas por parte del ámbito jurídico. Por medio de un comunicado de prensa, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Rosario (AALR) rechazó el anteproyecto y cuestionó que haya sido elaborado sin participación de trabajadores, sindicatos, colegios profesionales ni representantes del Poder Judicial. Como respuesta, Bergmann recordó la experiencia reciente de la norma sancionada a comienzos de año. "La reforma anterior de marzo fue un planteo de los sectores productivos y terminó votada por unanimidad", remarcó y agregó: "Creemos que la comisión laboral de la Legislatura es el ámbito natural para que cada sector sea convocado y pueda plantear sus dudas e inquietudes”.

Otro de los puntos que objetaron desde la AALR es que en el proyecto aparece la posibilidad de que los juicios queden caducos después de nueve meses de inactividad, se agregan mayores exigencias para disponer embargos preventivos y se prevé la posibilidad de frenar el pago de una sentencia mediante la presentación de un recurso. Frente a esto, el referente empresario justificó la necesidad de desarmar la lentitud de los litigios actuales. "Buscamos generar procesos más ágiles. Para un trabajador que un juicio dure cinco años le juega totalmente en contra", indicó. Asimismo, agregó: “Un embargo para una pyme puede significar hasta la quiebra o el corte de la cadena de pagos, provocando que después ni siquiera haya de dónde cobrarse".

La Asociación que nuclea a los abogados rosarinos también cuestionó la creación del Servicio de Conciliación Laboral Previa (Seclap), al considerar que podría sumar entre tres y cuatro meses al proceso si no cuenta con presupuesto y estructura suficiente. En este sentido, Bergmann opinó: "Nos parece un mecanismo muy útil para tratar de acordar antes de entrar en un litigio formalmente y descomprimir los juzgados laborales, no le estamos sacando injerencias a los abogados", señaló.

Finalmente, desde la AALR sostuvieron que el proyecto “fue hecho por y para los empleadores”. Frente a esos cuestionamientos, Bergmann defendió la iniciativa empresaria y concluyó: "Este proyecto de reforma del Código Procesal no modifica ni incide sobre un derecho sustantivo. No tocamos indemnización, no tocamos irrenunciabilidad, el principio protectorio ni la gratuidad". En esa misma línea, remarcó la necesidad de desarmar la desconfianza del sector productivo para reactivar el mercado laboral al advertir que "hoy muchos empresarios evalúan dos veces antes de incorporar personal porque sienten que cualquier contratación puede convertirse en un pasivo judicial a futuro", una percepción que, según el dirigente, termina perjudicando al propio trabajador.