Los corredores levantan paredes contra la desregulación y no ceden terreno

Frente a una propuesta nacional de desregulación de la actividad del corretaje inmobiliario, la defensa de la matrícula profesional y las competencias de las provincias se metieron de lleno en la agenda del primer Congreso Inmobiliario de la Provincia de Santa Fe. El encuentro, organizado por los Colegios de Corredores Inmobiliarios de Rosario y Santa Fe (Cocir y CCI Santa fe) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), convocó a referentes del sector a nivel nacional, regional e internacional en Puerto Norte, con una discusión que excedió la actividad comercial y puso el foco en el alcance de las regulaciones.

Uno de los primeros ejes fue quiénes están habilitados para ejercer el corretaje inmobiliario y qué herramientas tienen los colegios profesionales para combatir la informalidad. En el panel participaron Josefina Pantano, presidenta de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (Fira); Marta Liotto,  presidenta del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci); María Cristina Peracchia, presidenta de Cocir, Sabrina Superti, asesora del Tribunal de Ética y Disciplina de Cocir; y Walter Cristian Ramírez, presidente del CCI Santa Fe, con la moderación de Leonardo Martín Cejas.

Durante el intercambio, las autoridades gremiales enfatizaron el rol social del corredor e hicieron foco en la necesidad de consolidar un frente común. "Sin colegios no hay profesionales, sin profesionales no hay matrícula y sin que el profesional se apoye y acompañe con su colegio va a ser difícil que esté en una buena sintonía comercial", sostuvo Liotto y propuso, además, la conformación de una mesa federal de colegios profesionales “para frenar embates normativos y proteger el patrimonio de la sociedad".

En la misma línea, Peracchia destacó que la formación continua y el control ético son el diferencial para resguardar al consumidor. "Lo que hay que blanquear es que el matriculado tiene detrás un colegio al cual se somete a través de un tribunal de ética y disciplina que cuida su labor. Somos nosotros los que tenemos el respaldo de la matrícula", enfatizó. Por su parte, Liotto reforzó la dimensión humana de la tarea al remarcar que "solo un profesional inmobiliario puede ponerse en los zapatos del otro para llevar adelante la operación".

Los referentes coincidieron en la necesidad de fortalecer los controles, mantener activos los tribunales de ética y promover la formación continua. El objetivo, plantearon, es jerarquizar la profesión y resguardar el patrimonio de quienes participan en operaciones inmobiliarias. En ese marco, defendieron el rol de los colegios como respaldo institucional para el ejercicio profesional y la vigencia de las matrículas.

La discusión llegó al plano constitucional

El debate tomó otro alcance con el panel sobre la posibilidad de que la Nación elimine una matrícula provincial y los límites que establece el federalismo. La mesa, moderada por el periodista Ignacio Negri, contó con la participación del constitucionalista Maximiliano Toricelli, el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Alejo Molina, y Jorge Pighin, vicepresidente de Fira.

La discusión puso sobre la mesa el impacto que podrían tener las iniciativas nacionales de desregulación sobre los sistemas provinciales de colegiación. Respecto a los intentos de equiparar el corretaje con otras actividades comerciales no profesionalizadas, Molina advirtió: "No es lo mismo vender un auto que vender una propiedad. Hay situaciones que tienen otra trascendencia y consecuencias sociales, y por eso es importante que sean profesionalizadas". Asimismo, alertó sobre los riesgos de flexibilizar exigencias: "Plantear que el corretaje es un acto que no requiere ser profesional es un camino errado; la profesionalización y el colegio garantizando estándares mínimos de ejercicio es un proceso exitoso", sostuvo el abogado.

El planteo de fondo fue cómo compatibilizar los intentos de flexibilización económica con las facultades que las provincias conservan en virtud de la Constitución Nacional. En particular, los especialistas abordaron el alcance del artículo 121, que establece que las provincias conservan los poderes no delegados al Gobierno federal. "El Estado Nacional, antes de pedir una desregulación, se va a encontrar con el artículo 121 de la Constitución Nacional, que es potestad de las provincias", sostuvo Pighin alertó además sobre las consecuencias de desregular la actividad. "El mayor perjudicado va a ser el consumidor final, por la asimetría de poderes", comentó.  

Durante el panel se advirtió también que los avances en el reconocimiento institucional y constitucional de esas competencias conviven con cláusulas abiertas y propuestas de desregulación que mantienen bajo presión los esquemas locales.

Qué propone la desregulación inmobiliaria

La iniciativa de desregulación inmobiliaria forma parte de la agenda que impulsa el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y busca flexibilizar las condiciones para ejercer el corretaje en la Argentina. Entre los principales ejes del planteo figuran eliminar la obligatoriedad del título universitario y de la matrícula profesional, liberar los honorarios y reducir las restricciones para operar en distintas jurisdicciones.

El objetivo del proyecto es bajar las barreras de entrada a la actividad y ampliar la competencia en el mercado inmobiliario. Hasta el momento, la reforma no se convirtió en ley y la discusión enfrenta al Gobierno con los colegios profesionales, que defienden la matrícula obligatoria y sostienen que la regulación del corretaje es competencia de las provincias.